Actualmente, muchos contribuyentes en el Perú han recurrido al Proceso de Amparo con el objetivo de que se les inaplique lo establecido en el artículo 33° del Código Tributario antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 981 y la Ley N° 30230, normas que establecen el plazo legal máximo para resolver un Recurso de Reclamación y de Apelación, respectivamente; con la finalidad de que se les aplique la regla de la no exigibilidad de intereses moratorios, alegando la vulneración del Derecho al Plazo Razonable. Sin embargo, no existe un panorama claro para determinar la imputabilidad del retraso y las situaciones en las cuales el cobro de intereses moratorios vulnera principios y derechos constitucionales, como el Principio de No Confiscatoriedad o el Derecho a un plazo razonable, puesto que el Tribunal Constitucional no establecido un precedente vinculante. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objeto de estudio del cobro de intereses moratorios en el ámbito de un procedimiento administrativo tributario, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, específicamente de la Sentencia N° 04082-2012-PA/TC, el cual buscará discutir y analizar constitucionalmente los aspectos más relevantes del cobro de intereses moratorios y su concordancia con un Estado Constitucional de Derecho. / At present, taxpayers in Peru have resorted to the Proceso de Amparo in order to achieve the non-application of article 33º of the Tax Code, before the entry intro effect of Legislative Decree Nº 981 and Law Nº 30230, both of which establish the maximum legal deadline to resolve a Claim and Appeal, respectively; with the purpose of obtaining the application of the Rule of non-enforceability of default interests, alleging the violation of the right to a reasonable term. However, there is no clear picture to determine the imputability of the delay and the situations where charging default interests violates constitutional principles and rights, such as the principle of non-confiscation and the right to a reasonable term, given the fact that the Constitutional Court has not set a binding precedent. Therefore, this report aims to study the collection of default interests within an administrative and tax procedure, taking into account the jurisprudence of the Constitutional Court and, specifically, of Constitutional Decision Nº 04082-2012-PA/TC, which will seek to discuss and analyze the most relevant aspects of the collection of late payment interests in accordance with a Constitutional State of Law

El presente trabajo de investigación cuyo título es “Análisis de la calidad de las resoluciones judiciales en primera y segunda instancia en el delito de peculado en la Corte Superior de Justicia de Cusco 2017-2019”, tiene como objetivo general: Analizar la calidad de las resoluciones judiciales en primera y segunda instancia en el delito de peculado en la Corte Superior de Justicia de Cusco 2017-2019. El método utilizado corresponde al enfoque cualitativo, porque se pretende efectuar el análisis jurisprudencial y doctrinario, esta evaluación se efectuará sobre las sentencias emitidas por los magistrados cuyos despachos tuvieron como competencia para administrar justicia en materia de corrupción de funcionarios, específicamente en el delito de peculado. Por la naturaleza de la investigación a realizar, necesariamente abordará una metodología documentaria y jurídica casual. De lo dicho, podemos colegir que se usó el método descriptivo-explicativo, la cual nos permitirá explicar a base de criterios, la capacidad argumentativa, y también las falencias en la redacción de las resoluciones emitidas en relación al delito de peculado. Todo ello nos permite concluir que la calidad, entendida esta desde el punto de vista de, los criterios formales o las precondiciones para una buena argumentación y los criterios sustanciales o aspectos de la teoría de la argumentación, de las resoluciones judiciales en primera y segunda instancia en el delito de peculado en la Corte Superior de Justicia de Cusco 2017-2019, es aceptable. / The present research work, whose title is “Analysis of the quality of judicial resolutions in the first and second instance in the crime of embezzlement in the Superior Court of Justice of Cusco 2017-2019”, has as its general objective: Analyze the quality of the judicial resolutions in the first and second instance in the crime of embezzlement in the Superior Court of Justice of Cusco 2017-2019. The method used corresponds to the qualitative approach, because the aim is to carry out the jurisprudential and doctrinal analysis. This evaluation will be carried out on the sentences issued by the magistrates whose offices were responsible for administering justice in matters of corruption of officials, specifically in the crime of embezzlement. Due to the nature of the research to be carried out, it will necessarily address a casual documentary and legal methodology. From what has been said, we can deduce that the descriptive-explanatory method was used, which will allow us to explain, based on criteria, the argumentative capacity, and also the shortcomings in the drafting of the resolutions issued in relation to the crime of embezzlement. All of this allows us to conclude that the quality, understood from the point of view of the formal criteria or preconditions for good argumentation and the substantial criteria or aspects of the theory of argumentation, of judicial resolutions in the first and second instance in the crime of embezzlement in the Superior Court of Justice of Cusco 2017-2019, is acceptable.

El siguiente informe pretende analizar el Pleno de Sentencia N° 423/2023, emitido en razón del Exp N° 00882-2023-PA/TC que contiene la disputa entre Ricardo Moran Vargas, en representación de los menos E.M. y C.M. y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El problema del caso surge a raíz de la solicitud de inscripción extemporánea de los menores E.M y C.M. presentada por Ricardo Moran Vargas ante Reniec para que estos sean inscritos como ciudadanos peruanos. Dicha solicitud fue presentada por Moran Vargas únicamente consignando sus apellidos (Moran Vargas) como apellidos de los menores, en tanto estos fueron concebidos mediante maternidad subrogada y no se “conoce” la identidad de la madre. Reniec en respuesta la solicitud emite las Resoluciones 109-2021- ORSBORJJR10LIM-GOB/RENIEC y 110-2021-ORSBORJ-JR10LIMGOB/ RENIEC denegando el pedido de inscripción de ambos menores de edad justificando que ello contravenía lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Código Civil. La impugnación de esta denegatoria por parte de Moran Vargas escaló hasta el Tribunal Constitucional. El presente informe pretende realizar una propuesta de interpretación a los artículos 20 y 21 del Código Civil con la finalidad de que estos permitan responder no solo a casos como el presente si no también a la realidad cambiante de nuestra sociedad sin representar un supuesto de discriminación y asegurando la mayor satisfacción de los derechos fundamentales de los menores de edad. / The following report intends to analyze the Plenary Judgment No. 423/2023, issued on account of Exp N° 00882-2023-PA/TC containing the dispute between Ricardo Moran Vargas, on behalf of the minors E.M. and C.M. and the National Registry of Identification and Civil Status (Reniec). The problem of the case arises from the request for extemporaneous registration of minors E.M. and C.M. filed by Ricardo Moran Vargas before Reniec so that they may be registered as Peruvian citizens. Said request was filed by Moran Vargas only including his surname (Moran Vargas) as the surname of the children, since they were conceived through surrogate motherhood and the identity of the mother is not "known". Reniec, in response to the request, issued Resolutions 109-2021- ORSBORJJR10LIM-GOB/RENIEC and 110-2021-ORSBORJ-JR10LIMGOB/ RENIEC denying the request for the registration of both minors, justifying that this contravened the provisions of articles 20 and 21 of the Civil Code. The challenge of this denial by Moran Vargas escalated to the Constitutional Court. The present report intends to make a proposal for the interpretation of articles 20 and 21 of the Civil Code with the purpose of allowing them to respond not only to cases such as the present one but also to the changing reality of our society without representing a case of discrimination and ensuring the greatest satisfaction of the fundamental rights of minors.

Este trabajo analiza la importancia de la consulta previa en proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas en Perú, centrándose en el caso del proyecto de la Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas. La relevancia de esta investigación radica en su complejidad y el impacto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como en la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de estos derechos. Mis objetivos son examinar si se ha respetado el derecho a la consulta previa, identificar los principales problemas jurídicos que surgen en este contexto y proponer recomendaciones para mejorar la aplicación de este derecho en futuros proyectos. Quiero lograr un entendimiento más profundo de cómo la consulta previa puede ser una herramienta efectiva para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, asegurando que sus derechos sean considerados y protegidos adecuadamente, sobre todo cuando se trate de proyectos de infraestructura eléctrica. La reflexión principal es que la consulta previa debe ser realizada antes de la implementación de cualquier proyecto que pueda afectar los derechos de las comunidades indígenas, respetando la jerarquía normativa y los principios de legalidad para garantizar la protección de sus derechos en todo momento. También se exhorta a que el Estado pueda brindarle a nuestros pueblos indígenas, la protección necesaria para la salvaguarda de sus territorios. / This study analyzes the importance of prior consultation in infrastructure projects that affect indigenous peoples in Peru, focusing on the case of the 220 KV Moyobamba-Iquitos Transmission Line and Associated Substations project. The relevance of this research lies in its complexity and the impact on the collective rights of indigenous peoples, as well as the need to balance economic development with the protection of these rights. My objectives are to examine whether the right to prior consultation has been respected, identify the main legal issues that arise in this context, and propose recommendations to improve the application of this right in future projects. I aim to achieve a deeper understanding of how prior consultation can be an effective tool for the participation of indigenous peoples in decision-making, ensuring that their rights are adequately considered and protected, especially in the case of electrical infrastructure projects. The main conclusion is that prior consultation should be conducted before the implementation of any project that could affect the rights of indigenous communities, respecting the normative hierarchy and principles of legality to ensure the protection of their rights at all times. It is also urged that the State provide indigenous peoples with the necessary protection to safeguard their territories.

El presente documento tiene por problema principal establecer si es necesaria la tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal, en el marco de la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1393. Para ello en la sección I, primero se contextualiza respecto al crecimiento descontrolado de las embarcaciones pesqueras artesanales; posteriormente, en la segunda parte se analizará las prohibiciones a la construcción de más embarcaciones pesqueras artesanales en el período comprendido entre el año 2006 y 2015; y, finalmente, en la parte tercera parte describe la situación de los astilleros en la costa peruana. En la sección II, se establecerá el régimen de Interdicción contra la pesca ilegal; posteriormente, se determinará las competencias de las Entidades en las acciones de interdicción contra la pesca ilegal. Finalmente, la sección III, estará dividida en tres partes. En la primera parte, se contextualiza sobre el estado situacional de la implementación del Decreto Legislativo Nº 1393; posteriormente, en la segunda parte se describe la falta de tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal con su respectiva propuesta de solución; y, finalmente, en la parte tres se explicará como otro limitante la ausencia de un protocolo para la participación de DICAPI en las acciones de interdicción. / The main issue addressed in this document is to establish whether specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code is necessary within the framework of the application of Legislative Decree No. 1393. To achieve this, in Section I, we first provide context regarding the uncontrolled growth of artisanal fishing vessels. Subsequently, in the second part, we analyze the prohibitions on the construction of additional artisanal fishing vessels in the period between 2006 and 2015. Finally, in the third part, we describe the situation of shipyards on the Peruvian coast. In Section II, the Interdiction regime against illegal fishing will be established, followed by a determination of the responsibilities of the authorities in interdiction actions against illegal fishing. Finally, Section III is divided into three parts. In the first part, we contextualize the current situation of the implementation of Legislative Decree No. 1393. Then, in the second part, we describe the lack of specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code, along with a proposed solution. Finally, in the third part, we explain another limitation, which is the absence of a protocol for the participation of DICAPI in interdiction actions. / Trabajo académico

El presente informe jurídico tiene por finalidad analizar el razonamiento que tuvo la Sala Superior en relación al artículo 41 del Decreto Legislativo No. 1017 en virtud a la Resolución No. 10 del Expediente No. 00291-2021-0-1817-SP-CO-02. Principalmente discutiremos si es correcto, como consideró la Sala Superior, que cualquier controversia vinculada a un adicional de obra se encuentra prohibido de ser sometida a un proceso arbitral, o por el contrario, conforme a la postura que defenderemos, si estamos ante una interpretación errada, debido a que la referida prohibición solo excluye de la arbitrabilidad a cuestiones controvertidas vinculadas a adicionales no aprobados o la decisión de aprobar dichos adicionales. Asimismo, en el presente informe, argumentaremos como la prohibición contenida en el artículo 41 del Decreto Legislativo No. 1017 debe interpretarse desde una lectura restrictiva, lo cual no ocurrió en la decisión de la Sala Superior. Del mismo modo, abordaremos como la intención del legislador siempre fue la de excluir del arbitraje solo a controversias que deriven de adicionales no aprobados. Este hecho también será visto desde un desarrollo histórico de la evolución normativa de la referida prohibición. Finalmente, llegaremos a la conclusión que la Sala Superior tuvo una errada lectura del artículo referido, y por consiguiente no debió anular de oficio el laudo arbitral en cuestión, haciendo incapié que su decisión afecta gravemente la seguridad jurídica en las contrataciones estatales. / The purpose of this legal report is to analyze the reasoning of the Superior Chamber in relation to Article 41 of Legislative Decree No. 1017 by virtue of Resolution No. 10 of Case No. 00291-2021-0-1817-SP-CO-02. We will mainly discuss whether it is correct, as the Superior Chamber considered, that any controversy related to an additional work is prohibited from being submitted to an arbitration process, or on the contrary, according to the position we will defend, whether we are facing an erroneous interpretation, since the referred prohibition only excludes from arbitrability controversial issues related to unapproved additional works or the decision to approve additional works. Likewise, in this report, we will argue how the prohibition contained in Article 41 of Legislative Decree No. 1017 should be interpreted from a restrictive reading, which did not occur in the decision of the Superior Chamber. Likewise, we will discuss how the legislator's intention was always to exclude from arbitration only disputes arising from unapproved additions. This fact will also be seen from a historical development of the normative evolution of the referred prohibition. Finally, we will conclude that the Superior Chamber had an erroneous reading of the aforementioned article, and therefore should not have annulled ex officio the arbitration award in question, emphasizing that its decision seriously affects legal certainty in state contracting.

El presente informe tiene como fin analizar la Resolución N° 9 emitida por la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el Exp. N°00338-2021-0-1817-SP-CO-01. En dicha resolución se resolvió declarar fundada la demanda de nulidad del laudo arbitral, emitido el 25 de mayo de 2021, interpuesta por la Municipalidad Distrital de Miraflores. Dicho laudo fue emitido a raíz del proceso arbitral desarrollado entre la Municipalidad mencionada y Petramas S.A.C. La resolución señalada tuvo como objeto determinar si el laudo cuestionado tuvo una aparente motivación cuando el tribunal arbitral resolvió la excepción de caducidad planteada por la Entidad. El presente informe tiene como finalidad realizar un análisis respecto al tratamiento de la excepción de caducidad dentro de la normativa peruana y cómo ello se relaciona con el principio de competence - competence y el control judicial de los laudos arbitrales. Asimismo, se analizará la motivación aparente y cuál es el estándar de motivación exigido en los laudos arbitrales. / The purpose of this report is to analyze Resolution Nº 9, issued by the First Civil Chamber of the Commerce subspecialty of the Supreme Court of Lima in case Nº 00338-2021-0-1817-SP-CO-01. With this decision, it was decided to declare founded the appeal for annulment of the arbitration award of May 25, 2021, issued by the Municipal Government of the District of Miraflores. This ruling is the result of an arbitration procedure established between the aforementioned municipality and Petramas S.A.C. The resolution in question aimed to determine whether the challenged award had apparent motivation when the arbitral tribunal ruled on the lapse of claim defense raised by the Entity. The purpose of this report is to conduct an analysis regarding the treatment of the exception of lapse within Peruvian regulations and how this relates to the principle of competence-competence and judicial review of arbitral awards. Furthermore, the report will analyze apparent motivation and what the standard of motivation required in arbitral awards is.

El problema principal consiste en establecer si se vulneró el derecho del demandante a una debida motivación que justifique que la Sala Comercial declare fundado el recurso de anulación interpuesto contra el cuarto punto resolutivo del laudo. El mencionado punto resolutivo condenó a la Entidad al pago del íntegro de los costos del arbitraje1 tras determinar que no existió pacto entre las partes sobre la distribución de dichos costos y que no hubo una “parte vencida” en el proceso. Por tal motivo, el árbitro evaluó la distribución de los costos aplicando de manera supletoria el artículo 73.1° de la Ley de Arbitraje (en adelante, LDA). Para analizar el problema central, se empleará la LDA en lo referente a la motivación del laudo y los límites de la revisión judicial (artículos 56.1° y 62.2° respectivamente), a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la motivación en sede arbitral, en tanto nuestro ordenamiento permite el control de la motivación del laudo cuando se vulnera el debido proceso. En consecuencia, las Salas Comerciales deben interpretar las causales de anulación del artículo 63.1° sistemáticamente con la duodécima disposición complementaria de la LDA, pues el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria para controlar la debida motivación arbitral. Finalmente, conforme al artículo 73.1°, se sostiene que el pago de los costos arbitrales le correspondía a la demandada, dado que fue la parte vencida del arbitraje, al haberse declarado la caducidad de oficio de sus pretensiones. / The main problem is to establish whether the plaintiff's right to due motivation was violated and if its alleged violation justifies the Commercial Court’s decision to declare the annulment appeal filed against the fourth operative paragraph of the award well founded. The aforementioned operative paragraph condemned the Entity to pay the full costs of the arbitration after determining that there was no agreement between the parties on the distribution of said costs and that there was no “losing party” in the process. For this reason, the arbitrator evaluated the distribution of costs by additionally applying article 73.1 of the Arbitration Law (hereinafter, AL). To analyze the central problem, the AL will be used in relation to the motivation of the award and the limits of judicial review (articles 56.1° and 62.2° respectively), in light of the constitutional jurisprudence on the motivation in arbitration, in Both our legal system allows control of the motivation of the award when due process is violated. Consequently, the Commercial Court must interpret the grounds for annulment of article 63.1° systematically with the twelfth complementary provision of the AL, since the annulment appeal is an equally satisfactory way to control the due arbitration motivation. Finally, in accordance with article 73.1°, it is maintained that the payment of the arbitration costs corresponded to the defendant, given that it was the losing party in the arbitration, as the expiration of its claims had been declared ex officio.

El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1971-2023/SPCINDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, la cual resolvió en segunda instancia la denuncia presentada por la señora Luz Edith Valdivia Ramírez contra el Centro Educativo "San Ignacio de Recalde” por la presunta infracción al deber de idoneidad en servicios educativos (Art. 73 del Código de protección y defensa del consumidor) al momento que el centro educativo negó la solicitud de la consumidora de la devolución proporcional de la cuota de ingreso. En este sentido, el presente informe abordará la problemática ante dos perspectivas: a nivel constitucional y a nivel de normas de protección del consumidor. Por un lado, se buscará determinar el contenido esencial del derecho fundamental a la educación y a sus manifestaciones como servicio público, y a su vez determinar los límites establecidos por el Tribunal Constitucional a los contratos educativos y sus cláusulas. Por otro lado, se delimitará en lo que consiste la función social del contrato educativo y se buscará establecer de qué manera la cuota de ingreso debe de ser entendida con relación a este concepto, para finalmente realizar un análisis en conjunto que permita arribar en la premisa argumentativa planteada en el presente informe: la no devolución de la cuota de ingreso a la consumidora sí supone una infracción al deber de idoneidad en la prestación de servicios educativos. / This legal report analyzes Resolution No. 1971-2023/SPC-INDECOPI, issued by INDECOPI's Specialized Chamber for Consumer Protection which decided on appeal the complaint filed by Mrs. Luz Edith Valdivia Ramírez against the "San Ignacio de Recalde" Educational Center for alleged breach of the duty of suitability in educational services (Art. 73 of the Consumer Protection and Defense Code), when the educational center denied the consumer's request for a proportional refund of the admission fee. Accordingly, this report will address the issue from two perspectives: constitutionally and within the framework of consumer protection regulations. On the one hand, it seeks to determine the essential content of the fundamental right to education and its manifestations as a public service, as well as to establish the limits set by the Constitutional Court on educational contracts and their clauses. On the other hand, it will delineate the social function of educational contracts and seek to establish how the admission fee should be understood about this concept. Ultimately, a comprehensive analysis will be conducted to support the argumentative premise stated in this report: that the failure to refund the admission fee to the consumer constitutes a breach of the duty of suitability in providing educational services.

En el presente informe jurídico, se analiza principalmente la controversia contenida en la Resolución N.º 0860-2023/SPC-INDECOPI, en la cual la señora Montes de Oca denunció a la señora Briceño por (i) cometer un acto de discriminación en su contra al no haber aceptado el retiro por el importe de S/30.00 en el agente bancario de su establecimiento por tratarse de un importe menor y (ii) cometer una infracción al deber de idoneidad al retener su Documento Nacional de Identidad y agredirla verbal y físicamente. Con relación a lo anterior, es pertinente señalar que la normativa de protección al consumidor establece la prohibición para los proveedores de cometer actos discriminatorios; asimismo, se recoge la obligación de responder por la idoneidad de los productos o servicios que ofrecen. Para efectos del desarrollo del presente trabajo, se han empleado los siguientes instrumentos normativos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitución Política del Perú, Código de Protección y Defensa del Consumidor, entre otras fuentes normativas señaladas en el contenido del informe. Finalmente, después de un profundo análisis, se concluye con relación al acto de discriminación denunciado que la señora Briceño no lo cometió al considerarse que sí existía un motivo justificado para no efectuar el retiro de S/30.00. Por otro lado, concluimos que sí se produjo una vulneración al deber de idoneidad al haberse acreditado que se retuvo el DNI de la consumidora sin su consentimiento y que se la agredió de manera verbal, más no físicamente. / In this legal report, we mainly analyze the controversy contained in Resolution N.° 0860-2023/SPC-INDECOPI, in which Mrs. Montes de Oca filed a complaint against Mrs. Briceño for (i) committing an act of discrimination against her by refusing the withdrawal of S/30.00 at the bank agent located in her business because it was a lower amount, and (ii) committing a violation of her duty of suitability by taking her ID and verbally and physically assaulting her. In relation to the above, it is pertinent to point out that consumer protection regulations prohibit suppliers from committing discriminatory acts; likewise, the obligation to ensure for the suitability of the products or services they offer. For the purposes of this report, the following normative instruments have been used: International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights, Political Constitution of Peru, Consumer Protection and Defense Code, among other normative sources indicated in the content of the report. Finally, after a thorough analysis, we conclude that Mrs. Briceño did not commit the act of discrimination denounced, considering that there was a justified reason for not processing the withdrawal of S/30.00. On the other hand, we conclude that there was a violation of the duty of suitability, as it has been proved that the consumer’s ID was retained without her consent and that she was verbally, but not physically, assaulted.