El presente informe jurídico analiza la Resolución N.º 0148-2023/SPCINDECOPI, la cual examina el grado de comprensión del concepto funcional de idoneidad de un producto financiero tanto por los consumidores como por los proveedores. Los consumidores adquieren productos con el propósito de satisfacer una necesidad específica, y, por ende, es razonable esperar que las expectativas relacionadas con el uso del producto se cumplan conforme a su función adquirida. La resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI revisa este concepto de idoneidad y determina su aplicación a través del análisis de las garantías otorgadas por el proveedor, priorizando el fallo a favor del consumidor. Sin embargo, se concluye que el análisis realizado por la Sala no fue correcto. Específicamente, se observó que la Sala se enfocó en la garantía implícita del producto o servicio proporcionado por el proveedor sin considerar previamente la aplicación de la garantía explícita, conforme al artículo 20 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, no se abordó el concepto de cláusulas abusivas de ineficacia absoluta regulado en el artículo 50 del mismo Código, en relación con las cláusulas contenidas en la Solicitud de Transferencia Interbancaria del proveedor que limitan la responsabilidad del banco. Aunque concuerdo con la decisión de la Sala de que hubo una infracción al deber de idoneidad y que, por tanto, el banco tiene responsabilidad administrativa, considero que el análisis realizado por la Sala no fue correcto. / The present legal report analyzes Resolution No. 0148-2023/SPC-INDECOPI, which examines the degree of understanding of the functional concept of the suitability of a financial product by both consumers and providers. Consumers acquire products to satisfy a specific need, and hence, it is reasonable to expect that the expectations related to the use of the product are met according to its intended function. The resolution by the Specialized Chamber for Consumer Protection of INDECOPI reviews this concept of suitability and determines its application through the analysis of the guarantees provided by the provider, prioritizing the ruling in favor of the consumer. However, it is concluded that the analysis conducted by the Chamber was not correct. Specifically, it was observed that the Chamber focused on the implicit warranty of the product or service provided by the supplier without first considering the application of the explicit warranty, in accordance with Article 20 of the Code of Consumer Protection and Defense. Additionally, the concept of abusive clauses of absolute inefficacy regulated in Article 50 of the same Code was not addressed, in relation to the clauses contained in the provider's Interbank Transfer Request that limit the bank's liability. Although I agree with the Chamber's decision that there was a breach of the duty of suitability and that, therefore, the bank has administrative responsibility, I consider that the analysis carried out by the Chamber was not sufficiently thorough.

El presente informe jurídico analiza la interpretación de la Sala Especializada de Protección al Consumidor sobre el cumplimiento del deber de idoneidad por parte de una entidad bancaria en relación con las medidas de seguridad para autorizar operaciones de disposición de efectivo con tarjetas de crédito y propone una alternativa de análisis para resolver este tipo de denuncias por apropiación o retención de dinero en operaciones no reconocidas. A partir de la Resolución 3113-2023/SPC-INDECOPI, tenemos por objetivo reconocer el alcance del deber de idoneidad que la entidad bancaria debe cumplir en el tratamiento de operaciones de disposición de efectivo realizadas a través de una tarjeta de crédito, así como identificar cuándo ocurre una infracción a dicho deber de idoneidad. La problemática resulta relevante pues permite determinar si el enfoque en la decision del órgano resolutivo de INDECOPI es apropiado en casos de cuestionamiento sobre operaciones no reconocidas. En otras palabras, se evalúa si los fundamentos de la decisión incluyeron el cumplimiento del deber de idoneidad y las obligaciones del banco en relación con las medidas de seguridad establecidas en la garantía legal y expresa. Además, se formula una modificación en la normativa orientada a mejorar el tratamiento actual de estas operaciones.

El presente informe aborda el análisis del recurso resuelto en la Casación Nº2817- 2009-LA LIBERTAD emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, que aborda el tema de valoración de medios probatorios extemporáneos y la primacía del principio de búsqueda de verdad, bajo el argumento de cumplir con el fin del proceso. El desarrollo del informe permitirá analizar lo resuelto en primera y segunda instancia, así como en casación, identificando los problemas jurídicos existentes y emitir una opinión en base al análisis realizado. El análisis gira en torno a la vulneración del principio de preclusión en materia probatoria, con el fin de garantizar el principio de búsqueda de verdad durante el proceso, amparada en el numeral tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y si esta justificación es suficiente para que la Corte Suprema ordene la inaplicación tácita de la regla establecida en el artículo 374° del Código Procesal Civil, siendo una norma vigente y constitucional. El desarrollo del informe también permite analizar temas como la debida motivación de resoluciones judiciales, prueba de oficio y si la aplicación de sexta regla establecida en la Sentencia del X Pleno Casatorio Civil serviría como fundamento jurídico para argumentar la primacía de la búsqueda de verdad sobre toda regla establecida. / This report addresses the analysis of the appeal resolved in Cassation No. 2817- 2009-LA LIBERTAD issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, which addresses the issue of assessment of extemporaneous evidence and the primacy of the principle of seeking the truth, under the argument of complying with the purpose of the process. The development of the report will allow analyzing what has been resolved in the first and second instance, as well as in cassation, identifying the existing legal problems and issuing an opinion based on the analysis made. The analysis revolves around the infraction of the principle of preclusion in evidentiary matters, in order to guarantee the principle of the search for truth during the process, protected in the third numeral of the Preliminary Title of the Code of Civil Procedure, and if this justification is sufficient for the Supreme Court to order the tacit inapplication of the rule established in article 374° of the Code of Civil Procedure, being a current and constitutional rule. The development of the report also allows analyzing issues such as the due motivation of judicial resolutions, ex officio evidence and whether the application of the sixth rule established in the X Plenary Civil Cassation Ruling would serve as a legal basis to argue the primacy of the search for truth over any established rule.

El presente trabajo trata de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la denuncia de un tercero ante el Tribunal de Contratación del Estado contra la empresa Tesacom Perú S.A.C, por la presunta presentación de documentación falsa y/o inexacta en el proceso de selección de menor cuantía N°016-2010-MGP/DIRTEL, convocada por la Marina de Guerra del Perú. La investigación se justifica en el problema persistente que atraviesan los postores, proveedores y contratistas por el supuesto de hecho relacionada a la presentación de información falsa y/o inexacta, toda vez que se encuentra impedimento para contratar con el Estado. Para el presente Expediente E-2488, en la redacción final del literal d) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones, Decreto Legislativo N°1017, establece que están impedidos de contratar “...los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia”, supuesto de hecho al parecer aplicable al oficial en situación de disponibilidad señor Jorge Adrián Dorrego Arias. El objetivo del trabajo es mostrar la existencia de una falta de motivación de la Sala del Tribunal de Contrataciones, así como la vulneración al principio de tipicidad del procedimiento administrativo. Del mismo modo, analizar respecto de la vinculatoriedad de las opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, y la naturaleza jurídica del militar en situación de disponibilidad. Con todo ello, abarcamos tres ramas del derecho: derecho administrativo, derecho constitucional y derecho laboral. Así, con este trabajo concluimos que no se le debió sancionador a la Empresa TESACOM PERU S.AC., pues el supuesto de hecho no calza realmente con el administrado, pero notamos que esta falta de redacción puede ser perverso con miras la transparencia y eficiencia en las contrataciones del Estado. / This work deals with an administrative sanctioning procedure initiated by the complaint of a third party before the State Contracting Court against the company Tesacom Perú S.A.C, for the alleged presentation of false and/or inaccurate documentation in the selection process for a minor amount N °016-2010- MGP/DIRTEL, summoned by the Peruvian Navy. The investigation is justified by the persistent problem that bidders, suppliers and contractors are going through due to the alleged fact related to the presentation of false and/or inaccurate information, since there is an impediment to contracting with the State. For this File E-2488, in the final wording of literal d) of article 10 of the Contracting Law, Legislative Decree No. 1017, it establishes that “... public officials, trusted employees and servants are prohibited from contracting public, according to the special law of the matter”, a factual assumption that appears to apply to the officer on duty, Mr. Jorge Adrian Dorrego Arias. The objective of the work is to show the existence of a lack of motivation of the Chamber of the Contracting Court, as well as the violation of the principle of typicality of the administrative procedure. Likewise, analyze the binding nature of the opinions issued by the OSCE Technical Regulatory Directorate, and the legal nature of the military personnel in a situation of availability. With all this, we cover three branches of law: administrative law, constitutional law and labor law. Thus, with this work we conclude that no sanction should have been imposed on the Company TESACOM PERU S.A.C., since the factual assumption does not really fit with the administration, but we note that this lack of wording can be perverse with a view to transparency and efficiency in state contracting.

El presente informe consiste en el análisis de lo resuelto en el laudo arbitral emitido en el expediente N° 20513/ASM. Este arbitraje se originó a raíz de la suscripción del Contrato de Préstamo JBIC/PE-P25, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (en adelante, PNSU) y el Consorcio Nippon Koei -Oist (en adelante, el Consorcio) para la ejecución del contrato de consultoría de obra para la implementación del proyecto “Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades de Piura- Castilla y Chimbote” (en adelante, el Contrato de Consultoría), en marco de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, LCAE) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, RLCAE) aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM, normas vigentes en ese momento. La controversia radica en que, tras la culminación de sus prestaciones, el Consorcio presentó su liquidación del Contrato de Consultoría; sin embargo, la Entidad remitió un pronunciamiento por medio de la cual rechazaba dicha liquidación; no obstante, el Consorcio consideraba que no resulta válida la mencionada liquidación, ya que no habría cumplido con los requisitos para conformar un acto administrativo. Por su parte, el PNSU consideró que sí cumplió con los requisitos de validez, en tanto, estimaba que se trataba de un acto administrativo válido, oportuno y eficaz. Según lo expuesto, en el presente informe jurídico se pretende analizar la naturaleza de la liquidación realizada por el PNSU, si es un acto administrativo o no, y determinar los requisitos de validez para su emisión, si la Entidad cumplió o no con elaborar la liquidación conforme a la normativa aplicable al caso. Para ello se contrastará los alegatos presentados por parte del Consorcio, la Entidad y el Tribunal Arbitral. Además, se abordará la implicancia de la liquidación respecto a la aplicación de las penalidades, sobre su naturaleza y procedimiento en el contrato. Finalmente, se abordará lo concerniente a la emisión del certificado de conformidad de servicio / This report consists of an analysis of the arbitration award issued in Case No. 20513/ASM. This arbitration arose from the execution of Loan Agreement JBIC/PEP25, between the National Urban Sanitation Program (hereinafter, PNSU) and the Nippon Koei -Oist Consortium (hereinafter, the Consortium) for the execution of the works consultancy contract for the implementation of the project "Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the cities of Piura- Castilla and Chimbote" (hereinafter, the Consultancy Contract), within the framework of Law No. 26850, Law of Contracts of the National Urban Sanitation Program (hereinafter, the Consultancy Contract), The Consulting Contract), under Law No. 26850, State Contracting and Procurement Law (hereinafter, LCAE) and the Regulations of the State Contracting and Procurement Law (hereinafter, RLCAE) approved by Supreme Decree No. 039-98-PCM, rules in force at that time. The controversy lies in the fact that, after the completion of its services, the Consortium submitted its settlement of the Consulting Contract; however, the Entity sent a pronouncement rejecting said settlement; however, the Consortium considered that said settlement was not valid, since it did not comply with the requirements to constitute an administrative act. On the other hand, the PNSU considered that it did comply with the requirements of validity, since it considered that it was a valid, timely and effective administrative act. According to the above, the purpose of this legal report is to analyze the nature of the settlement made by the PNSU, whether it is an administrative act or not, and to determine the validity requirements for its issuance, whether the Entity complied or not with the preparation of the settlement in accordance with the regulations applicable to the case. To this end, the allegations presented by the Consortium, the Entity and the Arbitral Tribunal will be contrasted. In addition, the implications of the liquidation regarding the application of penalties, their nature and procedure in the contract will be discussed. Finally, the issue of the certificate of conformity of service will be discussed.

Escuela de Graduados / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / Esta investigación tiene como fin determinar si la Corte Suprema cumplió una función unificadora al momento de resolver el recurso de unificación de jurisprudencia a propósito de la indemnización del daño moral en casos de despido abusivo, o bien, actuó como un tribunal de casación en el fondo. Con el objeto de resolver este problema, en este trabajo se expone sobre las diferentes formas en que los sistemas jurídicos dan concreción al principio de igualdad en los criterios de decisión judicial, dentro de los cuales corresponde distinguir aquellos elementos que sustentan el recurso de unificación de jurisprudencia respecto de los que fundan el recurso de casación en el fondo. Mediante fichas jurisprudenciales, se analizan casos concretos en que la Corte resolvió el recurso de unificación respecto de otros en que se pronunció como tribunal de casación, con el objeto de verificar si existió alguna diferencia en la técnica que empleó. Además, se exponen las principales opiniones doctrinales acerca de la materia de fondo, esto es la procedencia de la indemnización del daño moral con ocasión del despido abusivo. En esta investigación concluyo que la Corte Suprema actuó como un tribunal de casación, al momento de resolver el recurso de unificación de 5 jurisprudencia sobre esta materia. En cuanto al tema de fono, me inclino por interpretar la procedencia de la indemnización del daño moral, en casos de despido abusivo.

La responsabilidad civil es entendida como una fórmula dirigida al resarcimiento del daño irrogado por el actuar antijurídico de una persona. No obstante, el rol de esta institución parece entrar en cuestión cuando la misma tiene su tratamiento por parte de las entidades encargadas de establecer su determinación en sede penal, a partir de la interpretación que se tiene de ella, en base al Código Penal de 1991: No solo a satisfacer el resarcimiento del daño; sino, también, como una fórmula para sancionar y prevenir delitos de especial consideración social, a manera de una figura afín a ordenamientos de orden anglosajón: Los punitive damages . Existe una necesidad de establecer las causas de este tratamiento para determinar la responsabilidad civil en sede penal; puesto que, a partir de ello: Se podrá establecer las principales causas que han permitido la aplicación inconsciente de los punitive damages, en el ordenamiento jurídico peruano; y, si la aplicación de esta figura resulta una opción válida o una posibilidad de respuesta para la comisión de delitos de especial relevancia social. Es necesario indicar que, para el presente trabajo, el tipo de investigación realizado resultó principalmente de orden teórico, siendo que, no solo se hizo la posición de la doctrina y de los pronunciamientos de las autoridades encargadas de la determinación de la reparación civil, en sede penal; sino, también, sobre el entendimiento de los punitive damages por parte de la doctrina y experiencia extranjera.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria trata sobre los atributos de la personalidad, en general, colocando especial atención en el domicilio y el nombre. Consta de tres partes. La primera contiene una conceptualización de ambos atributos estudiados, aportando además, las actuales posiciones al respecto, que los máximos tribunales del país han adoptado, tanto en casos litigiosos, como en actos judiciales no contenciosos, donde tanto el nombre como el domicilio alcancen relevancia. En el campo del domicilio, éste es definido, a la luz del Código Civil y otros cuerpos normativos. De igual forma se trabajó acerca de la residencia y la morada; no dejándose de lado la diferenciación entre domiciliados y transeúntes, entregando datos fundamentales para la comprensión de ambos; para concluir, posteriormente, con una breve noción de su relevancia en todas las áreas del Derecho. Acerca del nombre, se construye una definición doctrinal y jurisprudencial. Además, se entregan los elementos componentes del concepto y una breve reseña en lo que concierne su naturaleza como derecho de la personalidad. Finalmente, se hace una esquematización de la Ley N° 17.344, sobre Cambio de Nombre y Apellido, exponiendo la problemática de las personas transexuales y las solicitudes de rectificación de su partida de nacimiento. La segunda parte, consta de los extractos de la jurisprudencia utilizada para cimentar los argumentos de la monografía, correspondientes a los artículos 55 a 73 del Código Civil, y de la Ley N° 17.344, ya mencionada, para efectos de la Actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas del Código Civil y Leyes Complementarias, comprendido el periodo desde 1990 hasta 2010. Se finaliza, con cuarenta fichas de análisis de sentencia, cuyo estudio minucioso, permitió ilustrar los extractos jurisprudenciales ya mencionados previamente y, asimismo, la monografía

La presente memoria formó parte de un proyecto marco, que involucró al Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que tiene por objeto actualizar el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil. Desde un punto de vista metodológico la tarea se llevó a cabo mediante diversos talleres de memoria, cada uno de los cuales abordó diferentes áreas del Derecho Civil. De este modo, el taller de memoria que dio forma al presente trabajo abarcó el tema “Personas”. Así, dentro de cada taller, se realizó un exhaustivo estudio de los fallos de las diversas Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema desde el año 1992 hasta el año 2010. Dicho estudio se dividió en dos etapas: la primera consistió en una búsqueda global de los temas de cada curso, mientras que la segunda supuso un pormenorizado estudio de las sentencias recopiladas, en la forma de detalladas fichas de análisis. Sin embargo, el tema a tratar por la presente memoria de grado es significativamente más modesto: la existencia de algunos derechos o atributos de la personalidad, particularmente, respecto de la propia imagen y del prestigio comercial. Como se verá, se trata de una cuestión en que los jueces toman un papel protagónico, toda vez que se trata de derechos que pese a tener una escasa regulación legal, han logrado un avance y reconocimiento importante a través del desarrollo jurisprudencial. / 23/06/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se enmarca en el proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, el cual tuvo como objetivo adecuar dicho texto a los nuevos pronunciamientos de nuestros tribunales superiores de justicia durante el periodo que va entre el año 1995 y el año 2010. Esta tesis es parte de la actualización realizada al Libro II del Código Civil “De los Bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce” y de las leyes complementarias contenidas en el mismo Código relacionadas con el tema. Se desarrollan en particular las prestaciones mutuas, tratadas en el título XII “De la reivindicación”, en los artículos 904 a 915, así como también las acciones posesorias especiales, reglamentadas en el título XIV “De algunas acciones posesorias especiales”, en los artículos 930 a 950. El trabajo de actualización constó de varias etapas; la recopilación de jurisprudencia relevante en materia de bienes y sus leyes complementarias, la elaboración de fichas técnicas correspondientes a los fallos relevantes, la actualización y análisis del Repertorio y finalmente, una monografía centrada en los temas que han tenido un mayor desarrollo jurisprudencial. En la introducción vi de esta tesis se detalla con mayor precisión la metodología utilizada para la actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia. Por último y en cuanto a su estructura, cabe señalar que el presente trabajo se compone de tres grandes secciones. La primera corresponde a la monografía de los temas en que se centra este trabajo, esto es, prestaciones mutuas y acciones posesorias especiales, la cual contiene un estudio y desarrollo pormenorizado de los temas señalados, con especial preocupación de su tratamiento a nivel jurisprudencial y doctrinal en relación a los fallos analizados del Repertorio actual, así como también respecto de los nuevos fallos recopilados desde el año 1995 a 2010. En segundo lugar, este trabajo incluye además los extractos actualizados del Repertorio y finalmente, se incluye un anexo que contiene las ciento dieciséis fichas técnicas de análisis de sentencia