En el presente trabajo, se plantea la problemática respecto a la aplicación de la prisión preventiva en casos de relevancia nacional como los de la trama Odebrecht (Keiko Fujimori Higuchi, Luis Castañeda Lossio y el caso árbitros), emitidos tras la publicación del Acuerdo Plenario 01-19, pues éste último realiza un desarrollo pormenorizado de los requisitos legales para la imposición de la prisión preventiva, intentando solucionar el cuestionable uso excesivo y erróneo de esta medida excepcional. Para realizar el análisis, estos estándares se utilizan como indicadores de cumplimiento, denominados de la siguiente manera: sospecha fuerte, gravedad del delito, peligrosismo procesal, juicio de imputación, uso de declaraciones de postulantes y colaboradores eficaces, plazo de la prisión preventiva, examen de proporcionalidad, motivación y audiencia de prisión preventiva. Se encuentra que solo un auto realiza de forma suficiente el juicio de imputación: el de Keiko Fujimori. Solo este último logra sustentar con sospecha grave la participación de la imputada, realiza el examen de gravedad del delito, fundamenta el peligro de obstaculización y el peligro de fuga, cumple con motivar adecuadamente y realiza la corroboración externa de las declaraciones de postulantes y colaboradores eficaces. Además, se encuentra que, a diferencia de los demás autos analizados, el de Castañeda no fundamenta la razonabilidad del plazo de prisión preventiva. Se evidencia también que existe un problema respecto del análisis de proporcionalidad pues ningún auto desarrolla de forma satisfactoria este examen. Por último, el único indicador que se cumple de forma satisfactoria por los 3 autos es el de las formalidades y requisitos de la audiencia de prisión preventiva. En suma, la aplicación de la prisión preventiva en los casos analizados demuestra falencias en su uso por la inobservancia de los estándares esgrimidos en el Acuerdo Plenario y la intromisión de motivos extrapenales que justifican la imposición de la medida. / In this work, the problem regarding the application of preventive detention in cases of national relevance such as those of the Odebrecht plot (Keiko Fujimori Higuchi, Luis Castañeda Lossio and the arbitrators' case), published after the emission of the Plenary Agreement 01 -19, this one makes a detailed development of the legal requirements for the imposition of preventive detention, trying to solve the questionable excessive and erroneous use of this exceptional measure. To carry out the analysis, these standards are used as indicators of compliance, named as follows: strong suspicion, the seriousness of the crime, procedural dangerousness, impeachment trial, use of statements by effective applicants and collaborators, the term of preventive detention, the examination of proportionality, motivation and pretrial detention hearing. Only one case sufficiently carries out the imputation trial: that of Keiko Fujimori, this is the only one that achieved sustain with serious suspicion the participation of the accused, performs the serious examination of the crime, bases the danger of obstruction and the danger of runaway complies with the required motivation and performs external corroboration of the statements of effective applicants and collaborators. Furthermore, it is found that, unlike the other cases analyzed, Castañeda's case does not substantiate the reasonableness of the period of preventive detention. It is also evident that there is a problem concerning the proportionality analysis, as non case accomplish satisfactorily this test. Finally, the only indicator that is satisfactorily accomplished by the 3 cases is that of the formalities and requirements of the pretrial detention hearing. In sum, the application of preventive detention in the cases analyzed shows flaws in its use due to the non-observance of the standards used in the AP and the intrusion of extra-criminal reasons that justify the imposition of the measure.

En el Perú, las contrataciones públicas son la actividad más importante del Estado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras. Sin embargo, dicha actividad enfrenta un desafío: la corrupción. En particular, a nivel sub-nacional, las compras irregulares han involucrado a autoridades Regionales y Locales por colusión, sobornos y presupuestos ficticios. En ese contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis los Gobiernos Regionales de Callao y Ancash, durante las gestiones de Félix Moreno, y César Álvarez (2010-2017), quienes se encuentran involucrados en el caso Odebrecht. La constructora brasileña habría realizado una serie sobornos a los exgobernadores regionales mediante un esquema sumamente complejo de corrupción a cambio de ganar licitaciones, luego inflar sus costos con numerosas adendas, y repetir el ciclo de corrupción. Por ello, esta investigación pretende responder qué factores explican el funcionamiento de los mecanismos de corrupción de Odebrecht para adjudicarse contrataciones públicas de infraestructura en dichos gobiernos regionales (2010-2017). Se sostiene que la colusión entre políticos y empresarios depende de tres factores: i) eficacia del contratista, ii) contactos en el Estado y la Sociedad y iii) sofisticación del mecanismo de corrupción. De esa manera, dichos mecanismos pueden funcionar para obtener la buena pro, incluso con el cumplimiento de entrega de la obra en el tiempo acordado. El diseño de investigación es de tipo cualitativo, el cual realiza entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos fiscales, judiciales y contractuales. Así, esta investigación pretende entender las dinámicas de corrupción en las contrataciones del Estado: un concurso sin competencias