La prueba de testigos ha sido utilizada en los distintos procesos y en las mas diversas áreas del derecho durante tiempos inmemoriables con objeto de establecer los hechos del juicio

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Buscando ofrecer una mirada más general, viendo en cual horizonte más amplio se engasta el interesado, ofrecemos para lograr ese propósito un pequeño esbozo, en el primer capítulo de este trabajo, del tratamiento jurídico de la legitimación procesal en la legislación común, señalando al efecto quienes se entienden ser parte en un procedimiento de general aplicación, su capacidad, derechos subjetivos de los cuales es poseedor y la representación del mismo; posteriormente, en el segundo capítulo, estudiaremos al particular pero ya no de manera genérica, sino que concentrándonos en su relación con la Administración. Así, veremos que la específica denominación del sujeto –administrado- conlleva derechos, garantías y deberes específicos aplicables en su relación con la Administración, materia que nos lleva a tratar el interés, tanto jurídico como legítimo, particular y colectivo, que ostenta dicho administrado; en el tercer capítulo será una visión del derecho comparado la que nos introduzca en aquel que es el objeto final de este trabajo, el interesado en el nuevo procedimiento administrativo, mostrando cómo han entendido al mismo distintas legislaciones como la española y argentina, entre otras, y cómo cada una ha enfrentado el tema siempre complejo de la representación del interesado ante la Administración. Finalmente, en el cuarto capítulo, analizaremos al interesado en el contexto de nuestra ley de procedimiento administrativo, la Nº 19.880, la legitimación que debe ostentar para concurrir ante la administración, qué capacidad es la exigida para comparecer en el procedimiento administrativo, la representación del mismo y la existencia de pluralidad de interesados.

Esta investigación cuestiona el proceso inmediato en caso de flagrancia, situándose en el marco del derecho a la defensa que tiene el procesado, siendo uno de los principales problemas el derecho al plazo razonable del procesado para el ejercicio de la defensa –material y técnica. Asimismo se analizan los alcances de la justificación del proceso inmediato en caso de flagrancia, vista desde la ratio legis y su aceptabilidad jurídica de dicha institución, en un Estado constitucional de derecho. Por otro lado, se analiza el proceso inmediato en caso de flagrancia y se busca determinar si se observa el debido cumplimiento del principio acusatorio con el objeto de garantizar el derecho a la defensa del procesado. También, se analiza si se cumple con la observancia del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado, en tal sentido, en el desarrollo de la investigación se ha aplicado las diversas técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, con la finalidad de contrastar y analizar la información, en aplicación de un conglomerado de métodos. De lo cual se ha concluido que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto y no es razonable el plazo en la que se le sentencia, lo cual limita que el procesado prepare y ejerza una defensa adecuada. Asimismo se ha determinado que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, el proceso inmediato en caso de flagrancia tiene su justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, pero éste no justifica la vulneración de los derechos del procesado. Finalmente, se ha determinado que en este proceso no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal no cumple con todos los caracteres de una acusación, y no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa, con lo cual se afecta el ejercicio del derecho a la defensa del procesado. / Tesis

Indica que la biprotrusión dentoalveolar se caracteriza por la proinclinación de los dientes anteriores, la incompetencia labial y el perfil convexo del paciente. Es comúnmente observada en las poblaciones afroamericanas y asiáticas, aunque se puede ver en casi todos los grupos étnicos. Ya que la protrusión dental y labial en la mayoría de las culturas es de percepción negativa, muchos pacientes con esta afección buscan tratamiento ortodóncico u ortopédico para disminuir la misma. El tratamiento ortodóncico de este tipo de maloclusión, está directamente relacionado con la severidad del caso, existiendo diferentes modalidades de tratamiento tales como la ortodoncia, la cirugía o una combinación de ambas; siendo la corrección quirúrgica generalmente limitada a casos extremadamente severos y raros. Un diagnóstico adecuado nos llevará al tratamiento específico para el paciente pudiendo ser la distalización o la extracción de los 4 primeros premolares superiores e inferiores, seguida de la retracción del segmento anterior con el objetivo de disminuir la biprotrusión dentoalveolar y mejorar así la estética facial del paciente. / Tesis

Con el objetivo de aanalizar el nivel de eficacia que presenta la implementación de la conciliación en la solución de conflictos que son competencia de las Fiscalías Provinciales Penales, Civiles y de Familia del Distrito Judicial de Ica, como órganos integrantes del Ministerio Público, en el periodo 2006 – 2008, se realizó una investigación Aplicada, de nivel Explicativo, a través de un Diseño No Experimental y Analítico. A partir de un diseño muestral aleatorio se seleccionó una muestra de los expedientes que ingresaron entre los años 2006 a 2008 a las Fiscalías Provinciales Civiles y de Familia y Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas del Distrito Judicial de Ica en los que se aplicó alguna de las formas de conciliación previstas por la legislación peruana. En los ciento ochenta y nueve expedientes seleccionados al azar se analizaron los contenidos de las Actas de Conciliación a través de la técnica del análisis documental. Asimismo se entrevistó a treinta y dos Fiscales Civiles y de Familia y Penales de este Distrito Judicial y se aplicó la observación estructurada a dieciséis actos de conciliación desarrollados en este Distrito Judicial. El análisis de la información obtenida evidenció que durante los años 2006 al 2008 la aplicación de la Conciliación las Fiscalías Penales, Mixtas, Civiles y de Familia del Distrito Judicial de Ica ha mostrado un leve incremento, constituyendo una práctica que permite dar solución aproximadamente al 15 % de los expedientes relacionados con materias conciliables. Sin embargo, no se observa una contribución significativa a la resolución de conflictos en este Distrito Judicial, particularmente por las limitaciones que presentan tanto la facultad legal conciliadora del Ministerio Público como la práctica conciliadora al interior de la institución. / With the aim to analyze the level of efficiency that presents the implementation of the conciliation in the solution of conflicts that are a competition of the Provincial Penal, Civil and Family Fiscalías of Judicial District of Ica, as integral organs of the Public Ministry, in the period 2006 - 2008, there was realized an applied research, of Explanatory level, across a Not experimental and Analytical Design. From a sample random design there was selected a sample of the processes that entered between the years 2006 to 2008 to the Provincial Civil District attorney's offices and of Family and Provincial Penal and Mixed District attorney's offices of Ica's Judicial District in those that someone of the forms applied to itself of conciliation foreseen by the Peruvian legislation. In hundred eighty nine processes selected at random analyzed the contents of the Transactions of Conciliation across the skill of the documentary analysis. Likewise one interviewed thirty two Civil District attorneys and of Family and Penal of this Judicial District and there was applied the observation constructed to sixteen acts of conciliation developed in this Judicial District. The analysis of the obtained information demonstrated that during the years 2006 to 2008 the application of the Conciliation the Penal, Mixed, Civil District attorney's offices and of Family of Ica's Judicial District it has showed a slight increase, constituting a practice that allows to give solution approximately to 15 % of the processes related to reconcilable matters. Nevertheless, a significant contribution is not observed to the resolution of conflicts in this Judicial District, particularly for the limitations that present the conciliatory legal faculty of the Public Ministry so much the as the conciliatory practice inside the institution.

El presente trabajo pretende explicar las diversas generaciones del procedimiento administrativo para así esbozar, a partir de sus virtudes y déficits, algunos de los valores y principios en juego. Entendemos por administración «imperativa» aquella que opera haciendo uso de potestades públicas y resuelve con carácter unilateral en un proceso jerárquico o en cascada, de arriba hacia abajo, mientras que la «cooperativa» se da cuando la administración no es autosuficiente y requiere de la colaboración de otras administraciones y del sector privado. El proceso no es jerárquico, sino en red. Finalmente, por «gobernanza», sea administrativa o cooperativa, se hace referencia a un nuevo estilo de gobierno, en el cual la administración goza de un particular protagonismo en la realización y ejecución de las políticas públicas. En este orden de ideas, el concepto de «procedimiento administrativo» no se detiene ya en la exclusiva idea de procedimiento como proceso decisorio, sino que también implica la obtención y el intercambio de información —para elaborar un mapa medioambiental, realizar una inspección, recabar informes y estudios científicos, por ejemplo—.

Al estar nuestra ley directamente inspirada en la legislación española de procedimiento administrativo, la que debido a sus ya bastantes años de vigencia ha generado una rica literatura doctrinal sobre ella, y en particular sobre el interesado, objeto de nuestro estudio, hemos recopilado y sistematizado lo que sobre él se ha escrito, oficiando verdaderamente de compiladores más que de creadores, pero teniendo como foco de nuestro mirar la ayuda que puede brindar el poseer, en un solo volumen, aquello que nos entregan dispersamente decenas de libros que sobre el tema se han elaborado. Buscando además ofrecer una mirada más general, viendo en cual horizonte más amplio se engasta el interesado, ofrecemos para lograr ese propósito un pequeño esbozo, en el primer capítulo de este trabajo, del tratamiento jurídico de la legitimación procesal en la legislación común, señalando al efecto quienes se entienden ser parte en un procedimiento de general aplicación, su capacidad, derechos subjetivos de los cuales es poseedor y la representación del mismo; posteriormente, en el segundo capítulo, estudiaremos al particular pero ya no de manera genérica, sino que concentrándonos en su relación con la Administración. Así, veremos que la específica denominación del sujeto –administrado- conlleva derechos, garantías y deberes específicos aplicables en su relación con la Administración, materia que nos lleva a tratar el interés, tanto jurídico como legítimo, particular y colectivo, que ostenta dicho administrado; en el tercer capítulo será una visión del derecho comparado la que nos introduzca en aquel que es el objeto final de este trabajo, el interesado en el nuevo procedimiento administrativo, mostrando cómo han entendido al mismo distintas legislaciones como la española y argentina, entre otras, y cómo cada una ha enfrentado el tema siempre complejo de la representación del interesado ante la Administración. Finalmente, en el cuarto capítulo, analizaremos al interesado en el contexto de nuestra ley de procedimiento administrativo, la Nº 19.880, la legitimación que debe ostentar para concurrir ante la administración, qué capacidad es la exigida para comparecer en el procedimiento administrativo, la representación del mismo y la existencia de pluralidad de interesados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente nuestro país se encuentra en un proceso de modernización de sus legislaciones procedimentales. En consecuencia, este es un momento importante para revisar las principales falencias que puede presentar nuestro ordenamiento jurídico en este ámbito, principalmente en lo relativo a sus principios formadores. Particularmente, este trabajo se centra en la actividad judicial en la prosecución de un proceso civil: la coyuntura actual y la trascendencia de la intervención casuística en la resolución de conflictos ameritan un análisis de la situación en que se encuentra nuestra legislación, contextualizando el estudio con las tendencias que se manifiestan al efecto en los ordenamientos jurídicos que tradicionalmente han ejercido mayor influencia en nuestra legislatura. De esta forma, y sin perjuicio de las apreciaciones y conclusiones personales que al respecto se formulen, el lector encontrará en las páginas siguientes un resumen del estado actual -en términos legislativos- de la actividad judicial en un proceso civil, con un acento particular en aquello que se vincule con aspectos materiales del proceso. Para lograr este objetivo, el presente trabajo se ha separado en tres partes principales, las que constituyen cada una un capítulo diferente: el capítulo primero contextualiza el estado histórico de nuestra legislación procesal civil, antecedente que se considera un aporte a la presentación del análisis pormenorizado de ésta contenido en el capítulo segundo. En el capítulo segundo, se ha optado por un método tradicional en la presentación de los contenidos del trabajo, revisando cada una de las facultades otorgadas a los jueces, con un breve comentario relativo al origen de la disposición y a la aplicación práctica que de ella han efectuado nuestros tribunales. El capítulo tercero contiene la relación – ya en un método sintético, con indicación de cada una de las fuentes formales utilizadas para la extracción de las conclusiones- de los aspectos más importantes del tema en comento en la legislación alemana, inglesa, francesa, española, así como también el tratamiento otorgado además por el Código Modelo para Iberoamérica en este punto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria estará dividida en dos grandes partes. En la primera parte intentaremos analizar la conformación histórico-jurídica del secreto religioso en nuestra cultura occidental, cuestión para la cual procederemos a seguir su huella desde su nacimiento y configuración en el derecho de la Iglesia católica, hasta su inserción y consolidación en los derechos estatales modernos. Para ello, y en base a una didáctica división en estadios evolutivos de la institución que nos servirá de hilo conductor, analizaremos los deberes de secreto concretos incubados en la figura del sacramento penitencial católico -al cual nos referiremos genéricamente como sigillum confessionis-; la regulación canónica que actualmente presentan; el contexto y las razones que llevaron al reconocimiento del secreto religioso en el los derechos estatales; examinaremos un cierto numero de soluciones comparadas; para terminar construyendo sobre todos los datos aportados la fisonomía contemporánea que presentaría la institución. En la segunda parte, y con la comprensión profunda de la institución lograda, abordaremos ya derechamente las circunstancias particulares que atañen al secreto religioso en nuestro propio derecho. Escudriñaremos en los antecedentes históricos de su figura, partiendo desde el derecho de indias hasta llegar a los proyectos de códigos de procedimiento; analizaremos en profundidad las normativas que alcanzaron vigencia y configuraron la institución en los Códigos de Procedimiento Civil y Penal; estudiaremos las nuevas luces que inserta la libertad religiosa en su fisonomía; veremos los efectos que surte la Ley 19.638 a su respecto; y terminaremos examinando las profundas dicotomías que el Código Procesal Penal plantea para su perfilamiento autónoma y su protección diferenciada en nuestro derecho. Por último, nos permitiremos coronar esta segunda parte con la revisión de una seguidilla de casos nacionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará el proceso de reforma a nuestro sistema Procesal Laboral, en cuanto a los principios formativos en los cuales descansa la totalidad de los procedimientos a los que dicha reforma hace alcance, y un estudio concreto de las novedades que se introducen en el procedimiento ejecutivo laboral. Se hará hincapié en las principales deficiencias que se pudieron apreciar del examen de las nuevas normas y su comparación con otras áreas de nuestra vida judicial. Es marcado el tono crítico con el cual se abordarán los nuevos aspectos procesales que se han de introducir en nuestra Justicia Laboral, a comienzos del año 2008. De la lectura del cuerpo de esta memoria será posible comprender lo apresurada que puede llegar a ser la entrada en vigencia de una reforma, cuyos cimientos aún no se hallan del todo estables. Sobre todo, considerando los foráneos orígenes de ésta, sin que haya sido adaptada completamente a la realidad nacional.