El objeto del presente trabajo de investigación es emitir una propuesta de distinta de sistema penal integral, la cual considere que tanto la dogmática sustantiva como el proceso penal, al encontrarse dentro del mismo nivel, han de responder necesariamente a la función asignada al sistema que los engloba. Son los principios y reglas contenidos en el sistema penal quienes finalmente determinarán la función de los subsistemas derivados. Es preciso advertir que el estudio de la función del sistema penal tradicionalmente ha venido siendo abarcado por la dogmática sustantiva en las primeras enseñanzas de la parte general, aunque -como demostraremos- no es propiamente una parte exclusiva de la dogmática sustantiva. Todo lo contrario forma parte de una nueva categoría de estudio: el estudio autorreferencial del sistema penal. Asimismo, el referido sistema no se fundamenta en sí mismo, sino que presupone una fundamentación derivada de la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución Política del Esta o, pues no se debe perder de vista que a su vez el sistema penal es un subsistema más del ordenamiento jurídico en general. Por ello, son los postulados que se encuentran en la Ley fundamental quienes le van a dar legitimidad y/o validez tanto al sistema penal como a las instituciones que lo conforman, razón por la cual es preciso partir de ellos para definir los contornos del sistema a estudiar. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Casos como los comentados son cada vez más frecuentes. Hoy, podemos encontrar situaciones de riesgo en diversos ámbitos de la vida en sociedad, como, por ejemplo, en la producción de energía, en las telecomunicaciones, en la producción de alimentos, en el desarrollo de la industria farmacéutica, en los avances de la medicina, entre otros muchos casos. Esta masiva extensión de los riegos científicos, ha determinado la necesidad por parte de los Estados de controlarlos, y de anticiparse a los mismos. Ello ha significado el desarrollo de una actividad de la administración destinada al análisis, evaluación y decisión en la incertidumbre, distinto al sistema vía actividad de policía o de ordenación, que opera bajo certezas. En este trabajo revisaremos la solución que el sistema jurídico de la Comunidad Europea ha dado a la toma de este tipo de decisiones por la autoridad. Este se organiza en torno a la aplicación de un enfoque de cautela denominado principio de precaución. Nos centraremos en este modelo por ser –a la fecha–, el más avanzado y completo. El análisis y control de riesgos se ha tornado tan importante, que algunos autores incluso han señalado que implica el surgimiento de una nueva categoría para la actividad de la administración distinta de la categoría tradicional de policía. No obstante lo anterior, el principio de precaución, todavía no ha consolidado su espacio en el tratamiento de la dogmática. En el derecho comparado su tratamiento ha sido, generalmente, en base a monografías. Salvo por Lecciones de Derecho administrativo de José Esteve Pardo, la mayoría de los autores no incorpora la actividad de análisis de riesgos como una unidad del programa General del Derecho Administrativo. Ni siquiera por quienes tratan el Derecho Administrativo Económico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el año 2017 / En el contexto de la reforma procesal civil, el presente trabajo tiene por objeto efectuar una descripción y análisis de la institución jurídica procesal de los actos judiciales no contenciosos contemplados en el actual Código de Procedimiento Civil, utilizando herramientas y conceptos provenientes de la disciplina de Análisis Económico del Derecho (AED). Para ello, en el capítulo I se exponen los antecedentes históricos, definiciones y naturaleza jurídica de los actos judiciales no contenciosos. Luego, en el capítulo II, se define y describe la metodología del Análisis Económico del Derecho y, específicamente, se describe el contenido y alcance del Análisis Económico del Derecho Procesal. Del mismo modo, con el objeto de entregar una propuesta de regulación sobre estos asuntos no contenciosos, se realiza un examen de los costos de error y costos administrativos como pauta de eficiencia para el legislador, donde se estudia la eficiencia como principio rector en la reforma del Código de Procedimiento Civil (CPC). Posteriormente, en el capítulo III se expone en detalle los distintos criterios de eficiencia que ha planteado la doctrina y se analiza la manera en que la Reforma Procesal Civil aplica dicho concepto, manifestado en aspectos tales como el principio de oralidad o la regulación de la ejecución. Asimismo, se describe la experiencia en la aplicación de la Ley 19.903 sobre posesión efectiva intestada como antecedente de un fenómeno abordado y planteado durante la investigación, como lo es la desjudicialización del sistema. Finalmente, en el capítulo IV, se explica cómo se ha regulado los actos no contenciosos en España y en el Código de Procedimiento Civil Modelo para Iberoamérica, culminando la presente investigación con una propuesta para una normativa eficiente que pueda ser aplicada por el legislador en el futuro. Con ella, se busca establecer un punto de equilibrio entre diversos factores como el tiempo, los recursos económicos y la calidad de la resolución emanada del organismo competente / 13/09/2017

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene que realizarse con respeto al debido procedimiento administrativo, establecido por el Tribunal Constitucional, uno de estos principios es el ne bis in ídem, que establece que nadie puede ser sancionado o procesado dos veces por los mismos hechos. Una de las entidades que imparte el procedimiento administrativo sancionador es la Contraloría General de la República a partir de la Ley N° 29622 y su Reglamento se ampliaron las facultades sancionadoras de la Contraloría General de la República, con el propósito de sancionar administrativamente a funcionarios que habrían incurrido en faltas administrativas en el desempeño de sus funciones, sin embargo si bien esta decisión la encuentra acertada como política anticorrupción vemos que muchos de los fundamentos de estas faltas administrativas que son consideradas como muy graves compartirían el mismo fundamento que algunos tipos penales vigentes en nuestro Código Penal. En ese sentido, me planteo como objetivo dilucidar si no sería el fundamento jurídico de algunas faltas administrativas y de algunos delitos el mismo, para lograr el mismo divido el presente trabajo en tres partes, siendo la primera de ellas el estudio de la función punitiva del Estado y el desarrollo de los principios constitucionales de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. En la segunda parte del presente trabajo se tratara un aproximamiento a los principales delitos contra la administración pública, como el Cohecho, Peculado, Negociación Incompatible, Colusión, Tráfico de Influencias, Nombramiento o Aceptación Indebida para Cargo Público, Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, Concusión y Malversación de fondos. En la tercera parte se realizara un análisis comparativo entre las faltas administrativas sancionadas por la Contraloría General de la República y algunos delitos contra la administración pública a partir de la Ley N° 29622, para luego pasar a las conclusiones y recomendaciones. / Trabajo académico

En el presente trabajo desarrollaré el tema del interés para obrar, la legitimidad para obrar y la posibilidad jurídica en la pretensión de cambio de nombre en el ordenamiento jurídico peruano. A través de este estudio se establecen los criterios por los cuáles una persona puede realizar el cambio de nombre, esto es, a quién hubiere sido conocido con nombre distinto al que aparece en su acta, cambiar o adicionar tanto el nombre propio como los apellidos para adecuarlos a la realidad social y hacer posible la identificación de la persona, en base a lo establecido en los fundamentos de nuestra normativa y jurisprudencia. Finalmente es necesario reconocer que el sujeto que posee el nombre es el único con la legitimidad para iniciar la acción de cambio de nombre y en caso se trate de un menor de edad, actuarán quienes posean la representación legal o judicial sin vulnerar el interés superior del niño o adolescente. Respecto del interés para obrar, es necesario determinar de modo genérico los motivos causantes de daño moral para determinar la procedencia de la demanda y realizar el cambio de nombre para ajustarlo a la realidad social, incluyendo nombre propio y apellidos. / Tesis

La presente investigación se basó en la presunta existencia de un conflicto entre el principio de legalidad y los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad al momento en que estos interactúan cuando se determina la penal, en el proceso especial de terminación anticipada. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de las sentencias emitidas por los juzgados de investigación preparatoria del módulo básico de justicia del distrito de José Leonardo Ortiz, teniendo como referencia el periodo de agosto de 2013 a agosto del 2015. Para esto, se he creído conveniente dividir esta investigación en tres capítulos, el primero de ellos, denominado “los principios de legalidad, lesividad, proporcionalidad y humanidad en la determinación de la pena”, en el cual se describen cada uno de los principios rectores del derecho penal, haciendo un especial énfasis en la importancia de los principios antes señalados. El segundo capítulo, lleva como nombre “la determinación de la pena en los proceso de terminación anticipada”, en este capítulo se define conceptos tanto de qué se entiende por determinación de la pena, cómo se calcula la misma, en base a lo señalado en el artículo 45- A del Código Penal, así como qué es la terminación anticipada, sus beneficios, procedimiento y audiencia en la que se realiza esta. Finalmente tenemos el “análisis de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y humanidad en los procesos de terminación anticipada en el distrito de José Leonardo durante el periodo agosto 2013 a agosto 2015”. En el cual se hace un análisis general, a fin de poder resolver nuestra hipótesis inicial y lograr nuestros objetivos, haciendo uso de diversos gráficos que nos ayudan a apreciar mejor la incidencia de los procesos que culminaron a través del proceso especial de terminación anticipada. / Tesis

Analiza los problemas jurisdiccionales y administrativos existentes en el proceso de implementación de la Ley Procesal del Trabajo, los cuales influyen en la celeridad procesal. La oralidad del proceso, enfrenta a la conciliación formal, el ofrecimiento de medios probatorios en la audiencia de juzgamiento, la falta de especialización de los Jueces, y abogados, los cuales influyen en el incumplimiento de los plazos procesales. Resultando necesarias las modificaciones legales en estos tópicos. En sus conclusiones establece la falta de una voluntad política del Estado, que otorgue un presupuesto para la mejora en la implementación de la ley, la calificación defectuosa de la demanda, utilización de formalismos para la conciliación, la reprogramación de las audiencias, influyen en la celeridad procesal y produce el incumplimiento de los plazos procesales, sin establecimiento de responsabilidades disciplinarias de los Jueces, por la carga procesal, la necesidad de capación conjunta, proponiendo la reforma procesales sobre estos temas. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Se ha investigado la implementación que ha tenido la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo (Ley 19.880) en un total de cuatro municipios de la provincia de Santiago (Las Condes, Santiago, Recoleta y El Bosque), a fin de evaluar el grado de implementación del mentado texto legal, en dichas comunas, para tener una visión o referencia de la realidad municipal de Santiago, basada en datos reales, obtenidos a través de la aplicación de una entrevista estructurada, que pretende determinar el grado de conocimiento de la LBPA; el nivel de capacitación relativo a la LBPA impartido en las municipalidades de la muestra; la efectiva implementación de esta ley y sus características, la existencia de alguna instrucción específica en tal sentido, la disposición de recursos económicos, la existencia de un periodo de implementación, sus objetivos, la existencia de evaluaciones internas respecto de la implementación, la información entregada a los usuarios en relación a los derechos contenidos en la ley, y el nivel de participación de éstos desde la entrada en vigencia de ella; cuáles han sido los problemas de aplicación que se han detectado; y la existencia de un diagnóstico de los procedimientos administrativos empleados en el municipio. Además se evalúa el conocimiento y real aplicación de algunas de las principales figuras o instituciones jurídicas contenidas en la LBPA, tales como expedientes administrativos y su acceso al público, declaración de reserva o secreto, silencio administrativo, plazos impuestos por la LBPA, medios de impugnación o recursos administrativos, publicidad de los actos administrativos (publicación y notificación), e invalidación de éstos. La conclusión general, es que el grado de implementación de esta normativa es mínimo, prácticamente nulo, en las municipalices en cuestión.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio, tuvo por objetivo realizar una sistematización de los recursos procesales aplicables en materia laboral, tras las reformas introducidas por la Ley N° 20.260. Para un correcto análisis diferenciamos entre aquellos recursos expresamente reglados en el Código del Trabajo, a saber, reposición; apelación; nulidad y unificación de jurisprudencia, los cuales se regirán supletoriamente en todo lo no previsto por dicho código por el Código de Procedimiento Civil, y aquellos respecto de los cuales no exista norma alguna que los regule en el Código del Trabajo, siéndoles así aplicable íntegramente lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, siendo los de aclaración, rectificación o enmienda y recurso de hecho. Siendo nuestra metra lograr la sistematización de los recursos procesales laborales, y encontrándonos hoy ante un proceso que presenta las características de oralidad, publicidad y concentración, hemos dedicado el primero de nuestros capítulos, al estudio de los principios que informan el nuevo procedimiento laboral. En cuanto a la realidad de los recursos en el ámbito del derecho comparado, hemos procedido a efectuar un somero análisis.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el Capítulo I de la presente memoria de prueba se intenta una aproximación conceptual de carácter objetivo al principio de buena fe procesal, basada en la realidad del proceso y completamente distinta a las ambiguas concepciones tradicionales que se limitan a definirlo como un mero comportamiento honesto o leal. En este sentido, y en la búsqueda de los distintos factores de orientación que nos permitan dotar de contenido a la aproximación intentada en la primera parte, en el Capítulo II se estudian tres manifestaciones de actuaciones o comportamientos contrarios a la buena fe procesal, a saber: el fraude de ley (procesal) y fraude procesal, el abuso aparente del derecho y la contradicción con los propios actos, haciendo mención, en cada caso, a la jurisprudencia nacional y comparada que ha resuelto en conformidad a las categorías antes señaladas. Finalmente, en el Capítulo III de este trabajo, se señalan las principales manifestaciones positivas de la buena fe procesal tanto en la Carta Fundamental, como en el Código Penal, en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil y las consecuencias jurídico-procesales que la infracción del principio en estudio trae aparejada en materia civil.