La investigación aborda el problema jurídico que se presenta cuando un proceso civil de conocimiento en el que se discuten pretensiones susceptibles de valoración económica se prolonga más de lo debido, y se justifica en la necesidad de encontrar una respuesta jurídica frente a este problema, una respuesta que no se limite a la perspectiva legal del asunto, sino que se fundamente en premisas constitucionales. La interpretación de la Constitución se plantea entonces como un primer problema, superado el cual se desarrolla la tesis de que, al menos en ciertos casos, el ordenamiento jurídico peruano ordena la aplicación de medidas de anticipación de tutela en el proceso civil de conocimiento en el que se discuten pretensiones susceptibles de valoración económica. Esta es también la principal conclusión alcanzada: Que la respuesta que el ordenamiento peruano brinda frente al problema de una duración excesiva del proceso es, al menos en ciertos casos, la aplicación de medidas de anticipación de tutela. / Tesis

La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada (por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de corrupción. / Tesis

El derecho penal peruano a través de sus diversas modificaciones ha creado el innovador proceso inmediato, cuyo objetivo es lograr la eficacia y celeridad procesal, siendo la flagrancia delictiva uno de los presupuestos para su incoación, específicamente la cuasi flagrancia, que se configura cuando el autor del hecho punible es descubierto, pero huye, logrando la plena identificación del sujeto y su detención policial dentro de las veinticuatro horas de producido el hecho delictivo. El Tribunal Constitucional peruano ha precisado en el Expediente N° 03691 – 2009 – HC/ TC , que en los delitos permanentes existe un decaimiento de la urgente intervención policial, no obstante la cuasi flagrancia también se encuentra presente en los delitos de comisión instantánea y efectos permanentes, por lo que se deben considerar lícitas la pruebas incautadas en dicha intervención en el caso en concreto, sin existir nulidad procesal, admitiendo un derecho penal del acto con una ponderación de derechos fundamentales basados en la seguridad de la ciudadanía. / Tesis

Este trabajo de investigación tiene como fin, proponer distintos fundamentos por los cuales creemos que la interpretación de la figura de habitualidad debe ser entendida de manera diferente, sustentado nuestra postura bajo determinados supuestos. Debido a que de la redacción que se tiene tanto en el decreto legislativo N° 1181 que modifica al artículo 46 c de nuestro código Penal como en el acuerdo plenario 1-2008 se entiende a esta figura como aquella que se produce en el caso de que los tres delitos se hayan cometido en un lapso de cinco años y no medie condena sobre alguno de ellos en dicho plazo, además que todos los delitos cometidos sean dolosos y de igual naturaleza. Razón por la cual tiene aquí fundamento este tema de investigación, ya que no estamos de acuerdo con la interpretación que se le da a esa figura; es por ello que la cuestionaremos, a fin de proponer y sugerir una óptica distinta para su aplicación en un caso en concreto, a fin de obtener de manera proporcional la determinación judicial de la pena. Aspecto que consideramos de gran relevancia, para de esta manera no se vea vulnerado así, uno de sus derechos constitucionales del que está siendo investigado y de este modo protegerlo de toda intromisión ilegítima a su derecho, ya que al ser la figura de la habitualidad una agravante en nuestro Código Penal, deberá tenerse como elemento esencial para su aplicación. / Tesis

La presente investigación tuvo como objetivo general: determinar el tipo de la influencia del compromiso organizacional en la atención al egresado en la tramitación del diploma de grado académico y título profesional de una universidad privada, 2016. La metodología de la investigación se basó en el enfoque cuantitativo, utilizando como instrumentos: una encuesta tipo likert (Modelo Servqual de calidad de servicio), y un cuestionario con escalas de opinión y de actitudes (Meller y Allen). La población estudiada estuvo conformada por los egresados y los colaboradores involucrados en la tramitación de diploma de grados y títulos. Los resultados obtenidos en las dimensiones del compromiso organizacional son de un nivel alto con tendencia a bajar; y en el caso de la calidad de servicio los mayores porcentajes en el nivel alto fueron: para el personal de las Escuelas Profesionales las dimensiones de tangibilidad y de seguridad y en el caso del personal de la oficina de grados y título, la dimensión de fiabilidad. Los resultados de la investigación, nos ha permitido proponer un plan de mejora relacionado al compromiso organizacional. / Tesis

Este artículo pretende mostrar cuál ha sido el proceso de elaboración del proyecto de ley de régimen jurídico de las administraciones públicas,quiénes participaron de él, cómo quedó estructurado y cuáles serán los retos que traerá su aprobación.

La codificación del procedimiento administrativo es el signo más importante de la evolución del derecho administrativo en América Latina, pues con estas normas se comenzó a regular con mayor amplitud y precisión la actividad de la administración pública, tanto en sus aspectos sustantivos como en los referidos a su relación con los administrados. El presente artículo analiza la regulación brindada al procedimiento administrativo en diversos países de Latinoamérica, enfatizando en la ley 27444 del Procedimiento Administrativo General del Perú.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El año 2009 la Defensoría Penal Pública inicia un programa piloto en la región de Coquimbo, para la defensa de condenados privados de libertad. Este programa se implementa con el objeto de defender y hacer solicitudes ante las autoridades administrativas y judiciales respecto de los condenados privados de libertad, así como darles asesoría personalizada y charlas informativas sobre sus derechos y obligaciones como condenados. El programa se materializa a través de defensores y trabajadores sociales seleccionados por un proceso de licitaciones públicas en todos los recintos penales de la región. Este programa actualmente funciona en tres regiones y se encuentra en proceso de expansión. El presente estudio de caso tiene como objeto central rediseñar aspectos del programa a partir del análisis del diseño original y del funcionamiento actual del mismo, utilizando la metodología de marco lógico. La pregunta de investigación busca revisar si este programa contribuye a fortalecer el acceso a la justicia de las personas condenadas privadas de libertad. El estudio se desarrolló a través de la realización y posterior análisis de entrevistas a los actores claves del programa provenientes de la Defensoría Penal Pública y de Gendarmería de Chile. La visión de ambas instituciones resulta fundamental en la detección de los problemas y aciertos en la implementación del programa a fin de poder proponer algunos cambios y mejoras. Asimismo, se realizó un taller con condenados y se analizaron entrevistas de percepción de usuarios en las tres regiones en funcionamiento, con el propósito de poder contar con la percepción de los beneficiarios de este programa. El análisis de las entrevistas, arrojó la necesidad de fortalecer el acceso a la información y a la protección de derechos de los condenados, así como la exigencia de contar con instrumentos legales que permitan reducir la discrecionalidad e informalidad de Gendarmería, mejorando la información y asesoría que se entrega a los condenados por los defensores penitenciarios. La metodología de marco lógico utilizada originalmente para elaborar este programa fue revisada y complementada con la información extraída de las entrevistas y del taller de condenados, permitiendo construir una matriz completa que permita hacer seguimiento al propósito y a los distintos componentes del programa en las siguientes etapas de su implementación, así como revisar las regiones que se encuentran en funcionamiento actualmente. El análisis de la información recopilada y extraída, permite realizar una serie de recomendaciones a la implementación del programa de defensa penitenciaria, en relación a diversos aspectos detectados como deficientes, donde la necesidad de contar con una coordinación permanente entre las instituciones involucradas resulta fundamental para el éxito del mismo.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto estudiar la institución de las medidas cautelares como manifestación de la potestad cautelar inherente al juez, en especial cuando ésta opera de manera innovativa. Para tal efecto se analiza la necesidad de dichas medidas en términos generales junto con sus características esenciales, para luego abordar la medida innovativa teniendo como referente al ordenamiento procesal argentino, describiendo tanto su desarrollo como los diversos matices y particularidades que ha adquirido en dicho país. Tras esto, se compara con los procedimientos de urgencia en cuanto también entraña manifestación de la tutela provisional y alcanza resultados innovativos, para luego hacer mención de similar efecto en nuestro juicio sumario del art. 680 C.P.C. Continúa con una mención al trato que diversos ordenamientos europeos dan a la materia para concluir con la universalidad de tal efecto en los procedimientos civiles. Prosigue con el desarrollo agotado del concepto de debido proceso -en cuanto se pudiera cuestionar la vulneración de tal principio tras el adelanto de sentencia- haciendo una correlación con la medida presentada para, finalmente, confirmar la validez de dicha medida cautelar como manifestación legítima y necesaria de la potestad cautelar de los jueces, concluyendo su eventual inclusión en nuestro ordenamiento.