Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Desde su plena entrada en vigencia en el año 1997Note2. , el SEIA se ha constituido en un pilar fundamental del orden público ambiental chileno existiendo, hasta el mes de julio de 2009, más de 14.300 proyectos evaluados por un valor aproximado de 185.000 millones de dólares americanosNote3. . Más allá de su propio ámbito regulativo la implementación de la LBGMA ha constituido un campo de experimentación de muchas instituciones hoy, ampliamente difundidas en el derecho administrativo nacional. Es el caso, por ejemplo, de la participación ciudadana así como del establecimiento de la institución del silencio positivo administrativo. Paralelamente a su impulso renovador, el derecho ambiental ha debido enfrentar y asumir no pocos riesgos. En especial, ha debido aceptarse que el ejercicio de un importante número de actividades quede sujeto al otorgamiento previo de una autorización administrativa en un área normativa donde por su inmadurez, existen todavía importantes vacíos conceptualesNote4. . De esta manera, incluso definiciones esenciales como “medio ambiente” y “contaminación” están lejos de suscitar acuerdos en la jurisprudencia o doctrina e incluso en la propia legislación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de memoria pretendemos describir someramente algunas de las repercusiones de la expansión del derecho penal en el procedimiento penal. El objetivo que nos proponemos es poder realizar un análisis global sobre las consecuencias que la expansión del derecho penal ha tenido en el derecho procesal penal. No esperamos que dicho análisis sea completamente exhaustivo y acabado en atención a que las aspiraciones que pueden llegar a tener un trabajo de investigación de esta naturaleza no pueden ser tan ambiciosas. Sin embargo sí pretendemos lograr hacer una revisión de los ámbitos de afectación más relevantes, y profundizar en ellos. Nuestra hipótesis de trabajo es que la vinculación necesaria que existe entre el derecho penal y el derecho procesal penal implica que todos los cambios que se han generado en el primero, y que han sido bastamente estudiados por la doctrina penalista en el desarrollo de la discusión sobre la expansión, deben haber implicado consecuencias no menores en el ámbito del derecho procesal penal. Ambas disciplinas de estudio son independientes, sin embargo trabajan sobre un mismo fenómeno y por lo tanto los cambios que se van desarrollando en una disciplina deben tener necesariamente consecuencias en la otra. Ese antecedente implica que las consecuencias en el plano del derecho procesal existen y que por lo tanto sólo es necesario identificarlas y clasificarlas de modo de poder distinguirlas con más claridad. La metodología de trabajo que utilizaremos se basa en el estudio y análisis de los trabajos científicos de aquellos autores que han escrito sobre la expansión del derecho penal tanto desde la disciplina penal como desde el derecho procesal. Con posterioridad intentaremos clasificar las consecuencias que dichos autores identifican en algunos ámbitos de afectación especialmente sensibles para el derecho procesal. Nos detendremos en cada uno de estos ámbitos de afectación para explicarlos y buscaremos en cada uno al menos un ejemplo de nuestra legislación procesal nacional que pueda ilustrar correctamente el ámbito de afectación desarrollado en los capítulos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio tiene como objetivo establecer el vínculo entre una de las instituciones pilares de nuestra legislación, como es el debido proceso, y los nuevos procedimientos laborales, en particular, el de aplicación general y el de carácter monitorio. Uno de los objetivos en la gestión del nuevo procedimiento laboral es otorgarle herramientas a los trabajadores para tener un acceso más expedito a la justicia, evitando mayores demoras y formalismos que iban en claro desmedro de la parte que a priori resulta más indefensa en un procedimiento extremadamente formal y costoso. Sin embargo, han existido críticas respecto a si se cumplen dichos objetivos, siendo ese el punto primordial de la presente investigación. Para aquello se hará un estudio respecto al Debido Proceso, su evolución histórica y la contingencia en que desarrolló dicha evolución, para luego ahondar en el derecho laboral, en particular, su aspecto procedimental, visto primero desde un contexto global, para luego focalizarse en el derecho del trabajo nacional Una vez establecido el contexto de la investigación, estudiaremos la génesis del actual procedimiento laboral, los objetivos planteados en dicha reforma, haciendo un particular análisis del procedimiento ordinario laboral y el procedimiento monitorio, en donde quizá se ha realizado un mayor cuestionamiento respecto a si las disposiciones establecidas, y las facultades inquisitivas otorgadas al juez del trabajo, a fin de favorecer a la parte considerada a priori, más desvalida, como es el trabajador, han implicado una clara vulneración a los principios de establecen un justo y racional proceso. En efecto, existen pequeños empresarios ( como en el caso de las PYMES) y comerciantes que no gozan de aquellas prerrogativas procesales, encontrándose en desmedro respecto a los trabajadores, lo cual ha implicado un detrimento en sus posibilidades de defensa, dado que su calidad de empleador no siempre se condice con una situación de superioridad respecto a los trabajadores. El presente estudio busca entonces establecer parámetros realmente justos respecto de las partes involucradas en conflictos de índole laboral, ya sea mediante la dotación de una defensoría para las PYMES o bien instancias preventivas que permitan evitar llevar los conflictos suscitados a Tribunales, los cuales, a razón de la eventual inequidad procesal, pueden resultar mas gravosos e injustos para empleadores sin la solvencia económica necesaria, desvirtuando el debido y justo proceso que en principio se pretendió establecer mediante la reforma procesal laboral.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por finalidad, en un primer lugar, presentar en una perspectiva global y unitaria los derechos constitucionales sustanciales y procesales de tipo laboral, en segundo lugar, se pretende, a través de un análisis detallado de la relación y vinculación de las reformas laborales procesales y los nuevos procedimientos laborales y de los principios formativos en que se inspiran, con las garantías que comprende el debido proceso, establecer la eficacia normativa y practica del derecho procesal laboral, en su función de mecanismo instrumental idóneo para hacer operativos los derechos laborales sustanciales. En nuestro medio laboral, es trascendente, contestar la siguiente interrogante, que pretende ser respondida, por medio de la presente memoria, a saber: si el rol tutelar y de protección del derecho laboral respecto del trabajador, especialmente, respecto a sus derechos constitucionales sustanciales y procesales, se aplica y cumple de forma relevante en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la consagración normativa de dichos derechos fundamentales, como también, si se cumple de manera relevante dicho rol tutelar, a través de la implementación y consagración de procedimientos y normas procesales inspiradas en principios que respetan y fortalezcan las garantías del debido proceso, y que por tanto, permiten la vigencia y materialización efectiva en la práctica de los derechos sustanciales laborales. Posteriormente, se procedió a estudiar y analizar las distintas leyes que reformaron de manera sustancial nuestro derecho procesal laboral, en su parte orgánica y funcional, en conjunto con los aspectos fundamentales de su génesis y tramitación legislativa, relacionando en un análisis crítico e interpretativo, dichas leyes y su génesis, especialmente en lo concerniente, a los objetivos de la reforma, a los principios formativos del procedimiento y la normas que regulan los nuevos procedimientos laborales, con las derechos constitucionales y especialmente con las distintas garantías que comprende el Debido Proceso, con el objeto de determinar en que medida la reforma laboral da un paso relevante en la protección de los derechos sustanciales de los trabajadores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El texto que se presenta a continuación corresponde a la memoria de prueba con la que pretendo optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de Universidad de Chile, y lleva por título “Curso de leyes especiales para carabineros alumnos de la escuela de formación policial de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro y los grupos de formación de Carabineros de Chile”. El texto tiene por objeto el sistematizar y desarrollar de forma breve, clara y práctica ocho normativas de carácter especial que son de vital importancia para la labor de los funcionarios de Carabineros de Chile. Para determinar los contenidos se ha utilizado íntegramente el plan de estudios de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, para los carabineros alumnos que cursan su primer año de estudios en el área legal reglamentaria a lo largo de todo el país en la ESFOCAR y en los respectivos Grupos de Formación. La metodología de trabajo es la conjugación de tres elementos metodológicos: La exposición breve y simple de los conceptos involucrados en una norma determinada. La presentación de un documento de apoyo, de una cita en doctrina, de un extracto de la discusión parlamentaria, u otro apoyo que permita la mejor comprensión del alumno de la materia y los requerimientos de aprendizaje. La explicación del procedimiento policial aplicable a un caso hipotético. El texto se divide en un total de ocho capítulos correspondiente a las ocho leyes especiales que la ESFOCAR ha definido en el programa del curso de leyes especiales vigente para el año académico 2009, cuales son: la ley N ° 16.618 sobre menores; la ley N ° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente; la ley N ° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar; la ley N ° 18.290 de Tránsito; la ley N ° 19.925 de Alcoholes; la ley N ° 20.000 que sanciona el tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la ley N ° 17.798 sobre control de armas y explosivos, y la ley N ° 19.327 de violencia en estadios de fútbol profesional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Cada una de las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico han sido dictadas para cumplir con una determinada misión, cual es la de regular una determinada realidad histórica. Así, resulta evidente que debido a diversos factores sociales, económicos, políticos y culturales, muchas de esas normas van perdiendo su vigencia en el tiempo o se hacen insuficientes para contemplar las cada día más complejas circunstancias que rodean a una sociedad que va desarrollándose progresivamente a través del tiempo. Como un claro ejemplo de lo anterior, encontramos a la institución de la libertad provisional, la cual ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su historia, tanto en su tratamiento legal como constitucional. El presente trabajo pretende estudiar la evolución que ha experimentado este instituto desde un punto de vista legislativo. Sin embargo, no sólo se pretende dar a conocer las diversas normas que han ido reglando la libertad provisional, sino que, a partir de un relato cronológico de las leyes relativas a la materia, se intentará analizar los fundamentos y antecedentes que ha tenido a la vista el legislador para optar por la creación de una determinada norma. De esta manera, el estudio será realizado a la luz de la normativa legal y constitucional, de la historia de la ley, de la doctrina surgida en torno a la libertad provisional en determinadas épocas y de todos aquellos documentos que permitan comprender de manera más cabal el sentido de su inclusión dentro de nuestro sistema legal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Precisamente, aspiramos –modestamente- ha ser un aporte en ese sentido con esta investigación, contribuyendo a entender esta nueva lógica y estructura a través del estudio de esta materia fundamental en la reforma procesal, que son las salidas alternativas, tema desconocido y que será de gran relevancia en un futuro cercano, pues tal como se aprecia en un estudio estadístico que realizamos y que incluímos en el presente trabajo, éstas se aplican en aproximadamente un 80% de las causas ingresadas a los tribunales de garantía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tuvieron que pasar muchos años para modificar un sistema inquisitivo en materia procesal penal, pero este cambio claramente se ve marcado por la insatisfacción de la sociedad por un sistema de enjuiciamiento, que era lento, engorroso y que no contemplaba una adecuada regulación de la protección a las víctimas, como la de los derechos y garantías del imputado. Quizás, como decía el Mensaje de nuestro Código Procesal Penal, llegó el tiempo de dotar a nuestro país de un sistema de enjuiciamiento penal, mas acorde con nuestros tiempos, que sea eficaz en la persecución penal, y que garantice el respeto de los derechos y garantías constitucionales. En ese marco tenemos a un nuevo sistema procesal penal que contempla esas garantías, pero es importante rescatar que este sistema también busca en la persecución penal el uso eficiente de los recursos económicos, humanos y técnicos. Es en este ámbito que nuestro proceso penal incluye distintas formas de solución, pero principalmente el uso de los recursos están destinados a perseguir la criminalidad más lesiva, entendiendo por aquellos a los delitos que comprometan con mayor seriedad el interés público. Nuestro sistema procesal penal es inminentemente selectivo, y tal como se señala en el Mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1894, nuestro actual Código Procesal Penal señala en su Mensaje “como ocurre en los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por este motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida”. Con este propósito se han establecido diferentes métodos de salidas alternativas para la solución de un conflicto penal, como también se han contemplado diferentes métodos para evitar investigaciones que no conduzcan a una solución eficaz. En este sentido y aplicando métodos de selectividad, el Ministerio Público se encuentra facultado para suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de una investigación, concretando esa pluralidad de soluciones que puede ofrecer el sistema procesal penal, siendo la principal y de mayor uso práctico en la actualidad, el archivo provisional, el cual analizaremos para determinar su importancia, efectos y alcances en el desarrollo de la actual reforma procesal penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de este Trabajo, recolectaremos todos los documentos en que consta la génesis de la creación de la Ley 20.087, en adelante también la “Ley” o el “Proyecto”, como son principalmente el Mensaje con el cual se inició su discusión en el Congreso, los informes de las Comisiones Parlamentarias como también los debates que se realizaron en las salas donde sesionaron los congresistas, los que posteriormente dieron cuerpo y forma a esta normativa. Básicamente lo que pretendemos lograr es un acabado registro de su tramitación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, se presentan los procedimientos abreviado y simplificado, como los más grandes exponentes, de celeridad y eficacia, respecto de aquellos delitos que el legislador considera de poca connotación pública. Dichas salidas alternativas, pueden entrar en conflicto con aquellos principios establecidos en la Constitución, como el derecho a un juicio oral, previo y único, derecho de defensa y a la presunción de inocencia; sin embargo, las políticas criminales impulsadas por el Ministerio Público, obvían la cautela de dichos derechos en pro de la rapidez y eficacia de dichos mecanismos, produciéndose un desmedro en las garantías constitucionales de los intervinientes. Asimismo se analiza la conformidad del acusado, como supuesto base, para que dichos procedimientos tengan subsistencia, y va a depender de las características que ésta presente, para determinar la naturaleza que se le confiera y la extensión que aborden. Pero por distintas que sean las características en uno u otro procedimiento, en ninguno de ellos la conformidad abarca la responsabilidad civil. La política de persecución criminal implementada en nuestro país en los últimos años, busca devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal, persuadiendo a los delincuentes sobre la base de una certeza en la aplicación de sus penas, que en palabras del Marqués de Beccaria se resume en: “no es la dureza de las penas lo que hace desistir al ciudadano de delinquir, sino la certeza y prontitud de su aplicación.”