TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS / El presente trabajo tiene por objetivo analizar si las distintas configuraciones de propiedad inciden sobre las decisiones de endeudamiento de las empresas. Específicamente, se analiza la incidencia de la naturaleza familiar del último accionista y el uso de mecanismos de fortalecimiento del control (e.g., propiedad piramidal) sobre el endeudamiento financiero para una muestra de 105 empresas chilenas cotizadas en bolsa durante el periodo 2006-2014. Los resultados obtenidos muestran, en primer lugar, la existencia de una relación no lineal entre el exceso de derechos de voto y el grado de apalancamiento (relación en U), lo que sugiere que a altos grados de propiedad piramidal, el último accionista tiene incentivos para sobre-endeudar la empresa, lo que resulta consistente con el argumento de Tunneling. Segundo, al desglosar la naturaleza familiar del último accionista, los resultados muestran que la propiedad familiar viene de la mano con un comportamiento más conservador en el uso de la deuda, así como también reduce el riesgo de expropiación. Finalmente, se ha analizado el efecto moderador de la pertenencia a los grupos de negocios y nuestros resultados sostienen que estos se ven beneficiados de la existencia del mercado de capitales internos.

Las críticas de Paul Ricoeur a la jerarquización de las instancias de la temporeidad en Ser y Tiempo nos conducen al análisis de la posibilidad y permanencia de la propiedad (Eigentlichkeit) para el Dasein cotidiano en el nivel de la historicidad. Esta modalidad permite, en Heidegger, una historia (Historie) propia, que se distingue de la historiografía tradicional en el uso vital que de ella hace el Dasein. Aquí es crucial la influencia de la Historia crítica de Friedrich Nietzsche. A lo largo de este recorrido podremos también observar el problema de la movilidad de la existencia (expresado en la figura del torbellino) desde el punto de vista ontológico y el epistémico.

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / No disponible a texto completo / No existe una receta o una metodología única a seguir para valorar los intangibles en todas las compañías.

Magister en Derecho

El derecho de propiedad es una variable clave en el desarrollo económico, pues es considerada una condición previa esencial para el crecimiento económico y social (Norton, 1998). El capital social, por su parte, se basa en el trabajo en red que genera externalidades positivas a través del uso de determinadas normas y de la confianza generada dentro de las organizaciones sociales (Durlauf & Fafchamps, 2005). Los estudios acerca de los efectos de la titulación sobre el capital humano y capital económico de las familias han sido fundamentales para la elaboración de políticas públicas en economías en desarrollo (De Soto, 2011). De manera paralela, el capital social ha sido estudiado como determinante del ingreso per cápita, escolaridad, índices de democracia, entre otros; así como, variable dependiente de la estructura familiar, características del individuo, género, entre otros (Durlauf & Fafchamps, 2005). La literatura que explora el efecto de la titulación sobre el capital social es muy limitada, sin embargo, DiPasquale & Glaeser (1999) dieron un gran aporte al establecer que existe una fuerte correlación entre la tenencia de un título de propiedad y las variables que implican ser un buen ciudadano1. De manera general, los autores mencionaron que una manera de invertir en capital social era a través de un mayor involucramiento por parte de los individuos de una comunidad en sus entornos locales a través de la participación en temas políticos o en organizaciones no profesionales. Además, se dijo que la inversión en capital social era incentivada, en gran parte, por la titularidad que los individuos tenían en sus predios, pues ello generaba una barrera a la movilidad y motivaba a los habitantes de una comunidad a trabajar para mejorarla. Si bien los resultados no fueron concluyentes, se logró expandir la literatura sobre el capital social. En ese sentido, este trabajo busca explicar y cuantificar el efecto de un programa de titulación sobre una serie de medidas de capital social vinculadas principalmente con la participación en grupos sociales no profesionales. Para ello, se usará dos fuentes de información provenientes de COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal): la Línea de base sobre la situación social de población y viviendas realizada en el año 2010 y la Encuesta de Evaluación de Impacto (Seguimiento) realizada en el año 2012. Ambas bases de datos contienen información de un único cuestionario base.

Conferencia online "Innovación y Propiedad Intelectual: retos en el momento actual". Con la participación del expositor Mario Matus, Director Adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra.

Seminario realizado los días miércoles 25 y jueves 26 de julio de 2018, desde la 23 Feria Internacional del Libro de Lima. / Conferencia realizada en el Seminario de la OMPI en Gestión del Derecho de Autor en la Industria Editorial en la Era Digital El Seminario en Gestión del Derecho de Autor en la Industria Editorial en la Era Digital, permitirá conocer de cerca los nuevos desafíos que afronta la industriad editorial en el nuevo entorno digital y los nuevos modelos de negocios que se plantean. Así como compartir la nueva iniciativa de la OMPI para el Círculo de editores, a fin de promover lazos de cooperación e identificar los mayores problemas que afrontan los editores locales y el tipo de cooperación que necesitan.

El Tribunal Constitucional mediante Resolución del 12-6-2005 -lo cual fue desarrollado luego por la Resolución del 24-10-2006 y precisada por la Resolución del 13-10-2006- abrió la posibilidad que los Tribunales Administrativos puedan realizar el Control Difuso. Si bien en un inicio el TC señaló que era facultativo la aplicación de dicho control normativo, luego lo señaló como deber: «el derecho y el deber de los tribunales administrativos y órganos colegiados de preferir la Constitución a la ley, es decir de realizar el control difuso -dimensión objetiva-, forma parte del contenido constitucional protegido del derecho fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela procesal ante los tribunales administrativos -dimensión subjetiva-» lo cual es relevante, toda vez que su inobservancia estaría violando el derecho al debido proceso (procedimiento). Dicho esto, el Tribunal extendió lo señalado por el artículo 138 de la Constitución peruana (lo cual es de por sí cuestionable), el cual sólo facultaba a los jueces. Esto tiene como consecuencia natural el redimensionamiento del principio de legalidad a partir del tipo de estado que hemos adoptado: «En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa, simple y llanamente, la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales» y asimismo señala: «De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la Administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía de la Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría otorgando primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía jurídica de la Constitución, establecido en los artículos 38 y 51 de la Constitución; lo cual subvierte los fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático». A partir de dichas Resoluciones se han generado diversas críticas en el ambiente jurídico peruano, las cuales señalan, entre otras cosas, que el ejercicio del control difuso por parte de la Administración pública podría afectar la seguridad jurídica, afectar el principio de legalidad administrativa, generar caos y afectar al Estado de Derecho. El presente texto aborda esto a partir del cuestionamiento de si los registradores públicos pueden realizar elcontrol difuso cuando se vulnere el contenido esencial del derecho de propiedad. / --- The Constitutional Tribunal (CT) of Peru, by means of its Ruling of 12/06/05 (which was developed later by the Ruling of 24/10/06 and further focused by the Ruling of 13/10/06), opened the possibility of administrative courts' performing diffuse control. Although at first the CT indicated that the application of said control over legislation was optional, later it indicated that diffuse control was a duty: «The right and the duty of administrative courts and judicial panels to prefer the Constitution over the law, i.e., to perform diffuse control (objective dimension), forms part of the protected constitutional content of the citizen's fundamental right to due process and procedural protection in administrative courts (subjective dimension) ». This is significant, whereas non-bservance would violate the right to due process (procedure)». Having said this, the Court extended the terms of article 138 of the Peruvian Constitution (a course that is in itself questionable), which empowered judges only. This has the natural consequence of adjusting the dimension of the principle of legality to suit the type of state we have adopted: «In this sense, the principle of legality in the constitutional State does not merely mean enforcement of and compliance with what a law establishes, but also, principally, the law's compatibility with the objective order of constitutional principles and values», and the Court moreover indicated, «Otherwise, the application of an unconstitutional law by the public administration implies a denial of the principle of the supremacy of the Constitution, and that of its legislative force, because we would be giving priority to the principle of legality, to the detriment of the juridical supremacy of the Constitution established in articles 38, 51 and 201 of the Constitution; which subverts the very fundaments of the constitutional and democratic State». These rulings have aroused a variety of critiques in the Peruvian legal sphere, arguing, amongst other things, that the exercise of diffuse control by the public administration may affect legal certainty, affect the principle of administrative legality, generate chaos and affect the rule of law. This text describes the state of the question of these rulings and their involvement in the registration sphere.

Como es de conocimiento público, con fecha 25 de marzo del 2015 se publicó en el diario oficial el peruano la ley No 30313 - Ley de Oposición al Procedimiento de inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por Suplantación de identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículo 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo 1049, dicha norma, como su nombre bien lo indica. Dicha ley ha abierto un debate de orden académico y práctico entre diversos expertos en materia registral así como diversos cultores del derecho civil. Existiendo posturas bastante críticas que tildan de incoherente a la precitada ley. Mientras que otros consideran que se ha efectuado un correcto desarrollo de la técnica legislativa. En el presente escrito no se desarrollarán todos los ámbitos regulados en esta ley sino que nos concentraremos exclusivamente en el impacto que la misma ha tenido en el Código Civil. Por otro lado se analizarán brevemente otras herramientas que han surgido como la alerta registral, la inmovilización temporal de partidas, asi como la base centralizada de datos notariales. / Trabajo académico

En el actual escenario económico y legal de nuestro país, la venta de unidades inmobiliarias en proyecto es una de las principales modalidades de adquisición de inmuebles, ya sea como viviendas, departamentos, oficinas, centros comerciales, entre otros. No obstante, a nivel registral se ha establecido una marcada diferencia en la venta de unidades inmobiliarias en proyecto, según éstas se encuentren sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o al régimen de independización y copropiedad. Esta distinción ha determinado que las unidades inmobiliarias en proyecto puedan ser considerados como bienes presentes y/o futuros, determinando el producto y procedimiento bancario para su adquisición y gravamen, así como la oportunidad de la inscripción de dichos actos en el registro / Trabajo académico