En el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI determinó que la empresa Viva Negocios Inmobiliarios S.A. incumplió los artículos 77.1 y 78.1 del Código de Protección al Consumidor, respecto a sus deberes de (i) informar sobre la partida registral del inmueble materia del proyecto inmobiliario a fin de acreditar que dicho inmueble es de propiedad de la persona contratante, y (ii) entregar los contratos de compraventa a los consumidores de manera física en su local comercial. En vista a que el Código Civil contempla la presunción de que todas las personas conocen las inscripciones de los registros públicos, y que no establece ninguna formalidad para la celebración de los contratos de compraventa, surge el cuestionamiento respecto a si existe una disonancia normativa entre los respectivos artículos del Código Civil con las disposiciones del Código de Protección al Consumidor en mérito de las cuales se sancionó a la inmobiliaria. En el presente trabajo se arriba a la conclusión de que no existe tal discrepancia, en la medida que los alcances de las regulaciones del Código de Protección al Consumidor se limitan a facilitar y garantizar a los consumidores del sector inmobiliario a que puedan hacer efectivo el ejercicio de su derecho a la información antes de celebrar un contratos de compraventa. / In an administrative sanctioning procedure, the Specialized Chamber on Consumer Protection of the Court for the Defense of Competition and Intellectual Property of INDECOPI determined that the company Viva Negocios Inmobiliarios S.A. did not comply with articles 77.1 and 78. 1 of the Consumer Protection Code, with respect to its duties to (i) inform about the registry entry of the land where the project will be developed as a way to prove that such real estate is owned by the contracting party, and (ii) deliver the purchase agreements to the consumers in a physical manner at its commercial premises. Considering that the Civil Code contemplates the presumption that all persons know the inscriptions of the public registries, and that the Civil Code does not contemplate any formality for the execution of purchase agreements, then there could be a normative dissonance between said regulations of the Civil Code with the provisions of the Consumer Protection Code by virtue of which the real estate company was sanctioned. This report concludes that there is no such discrepancy, because the scope of the rules of the Consumer Protection Code is limited to facilitating and guaranteeing consumers in the real estate sector that they may exercise their right to information before entering into a purchase agreement.

El presente informe desarrolla las principales figuras jurídicas del derecho de protección al consumidor en el mercado de seguros de desgravamen durante la emergencia sanitaria del Covid-19. Para ello, se analizará el caso que recae en la Resolución Nº 2893-2023/SPC-INDECOPI, que tiene como denunciante a la señora Brígida Nery Chávez Cárdenas, y como denunciados al Banco Agropecuario S.A. y Protecta S.A. Compañía de Seguros. Atendiendo ello, este trabajo tiene como objetivo determinar los criterios de interpretación que deben seguir las empresas de seguros cuando pretenden aplicar las cláusulas de exclusión a efectos de analizar si se configura o no el riesgo asegurable; asimismo, permite analizar si un beneficiario de la póliza cuenta con legitimidad para denunciar a la empresa aseguradora ante Indecopi; sobre la base de la Ley del Contrato de Seguro, determinar si cabe la aplicación de una interpretación a fortiori para negar la cobertura de la póliza. Debido a todo esto, se confirma que la Sala de Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi resolvió conforme a derecho, por lo que se concluyó que Protecta S.A. infringió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor al negar injustificadamente a la señora Chávez la activación de la póliza del seguro de desgravamen al subsumir la pandemia del Covid-19 dentro de la causal de exclusión ‘epidemia’. A partir del análisis realizado, surge la crítica acerca del grado de previsibilidad que deben tener las aseguradoras, atendiendo su expertise en la materia, de cara al contexto de la pandemia. / The present legal study develops the main legal figures of consumer protection law in the field of credit life insurance during the Covid-19 health emergency. For that purpose, the case covered by Resolution Nº 2893-2023/SPC-INDECOPI, which has Mrs. Brígida Nery Chávez Cárdenas as the complainant and Banco Agropecuario S.A. and Protecta S.A. Insurance Company as the respondents, will be analyzed. Accordingly, this work aims to determine the interpretation criteria that insurance companies should follow when they intend to apply exclusion clauses to analyze whether the insurable risk is configured or not; likewise, whether a policy beneficiary has the legitimacy to report the insurance company to Indecopi; based on the Peruvian Insurance Contract Law, to determine whether the application of an a fortiori interpretation to deny policy coverage is appropriate. Based on all this, it is confirmed that the Consumer Protection Chamber of the Indecopi Tribunal resolved in accordance with the law, concluding that Protecta S.A. violated article 19 of the Consumer Protection and Defense Code by unjustifiably denying Mrs. Chávez the activation of the credit life insurance policy by subsuming the Covid-19 pandemic under the exclusion cause of 'epidemic'. From the analysis carried out, criticism arises regarding the degree of predictability that insurers should have, given their expertise in the matter, in the context of the pandemic.