El controvertido régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios y la creación del título valor denominado factura negociable serán los protagonistas en este trabajo de investigación que tiene por objeto demostrar que ambos regímenes son incompatibles entres si, dado que uno de ellos puede colisionar directamente con los derechos que cautela el otro. INTRODUCCIÓN Para tal fin, este trabajo de investigación se sustenta en que la circulación del título valor factura negociable debe restringirse únicamente a facturas o boletas comerciales más no a recibos por honorarios, en el supuesto de que un trabajador contratado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios transfiera su recibo por honorarios mediante endoso a un tercero, produciéndose una novación subjetiva de obligación, ya que pasamos de una obligación laboral a una netamente comercial. Sin embargo; cabe precisar que lo que transfiere el trabajador no es solo una suma de dinero sino que esa suma de dinero incorpora su remuneración, la misma que en nuestro ordenamiento ha sido elevada a rango constitucional calificándosele como irrenunciable y estableciéndose ciertas reglas para su disposición. En ese sentido nos encontramos ante una disyuntiva entre el derecho comercial y el laboral, entre la libre circulación y autonomía de un título valor contra la intangibilidad de la remuneración. Par tal fin, en esta investigación se utilizará diversos métodos, como el metodológico explorativo, ya que al haberse escrito poco sobre el tema es necesario hacer un análisis explorativo detallado. Luego de ello se analizarán ambos supuestos para que una vez expuestos sean confrontados, demostrándose que ambos son incompatibles entre sí en el extremo anteriormente señalado. En principio, se iniciará con el análisis de la factura negociable en la legislación peruana, señalando los antecedentes de la misma y su naturaleza jurídica. La segunda sección tiene por objeto analizar de manera general la protección de la remuneración en nuestro ordenamiento nacional. Finalmente, se contrastará la incompatibilidad existente que originaría una colisión entre el derecho cambiario y el derecho laboral. / Tesis

El controvertido régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios y la creación del título valor denominado factura negociable serán los protagonistas en este trabajo de investigación que tiene por objeto demostrar que ambos regímenes son incompatibles entres si, dado que uno de ellos puede colisionar directamente con los derechos que cautela el otro. INTRODUCCIÓN Para tal fin, este trabajo de investigación se sustenta en que la circulación del título valor factura negociable debe restringirse únicamente a facturas o boletas comerciales más no a recibos por honorarios, en el supuesto de que un trabajador contratado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios transfiera su recibo por honorarios mediante endoso a un tercero, produciéndose una novación subjetiva de obligación, ya que pasamos de una obligación laboral a una netamente comercial. Sin embargo; cabe precisar que lo que transfiere el trabajador no es solo una suma de dinero sino que esa suma de dinero incorpora su remuneración, la misma que en nuestro ordenamiento ha sido elevada a rango constitucional calificándosele como irrenunciable y estableciéndose ciertas reglas para su disposición. En ese sentido nos encontramos ante una disyuntiva entre el derecho comercial y el laboral, entre la libre circulación y autonomía de un título valor contra la intangibilidad de la remuneración. Par tal fin, en esta investigación se utilizará diversos métodos, como el metodológico explorativo, ya que al haberse escrito poco sobre el tema es necesario hacer un análisis explorativo detallado. Luego de ello se analizarán ambos supuestos para que una vez expuestos sean confrontados, demostrándose que ambos son incompatibles entre sí en el extremo anteriormente señalado. En principio, se iniciará con el análisis de la factura negociable en la legislación peruana, señalando los antecedentes de la misma y su naturaleza jurídica. La segunda sección tiene por objeto analizar de manera general la protección de la remuneración en nuestro ordenamiento nacional. Finalmente, se contrastará la incompatibilidad existente que originaría una colisión entre el derecho cambiario y el derecho laboral.

En el presente informe se analizan los desaciertos y/o vicios de la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 11 del 04 de abril de 2016, correspondiente al Expediente N° 9737-2011 expedida por la Segunda Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta Sentencia establece que el silencio del ejecutante en un proceso obligación de dar suma de dinero tramitado en la vía ejecutiva, implica una aceptación tácita de los argumentos causales presentados por el ejecutado. Esta interpretación contraviene los principios fundamentales del proceso de ejecución civil peruano y distorsiona su naturaleza. La Sala pretende justificar su decisión argumentando que la ley sustantiva (artículo 19.2° de la Ley de Títulos Valores) permite al ejecutado oponer defensas causales durante la ejecución, obviando su obligación de realizar un rechazo liminar conforme al artículo 690- D, sin reflexionar adecuadamente sobre las consecuencias de sus decisiones. En ese contexto, la Sala intenta utilizar la presunción legal simple establecida en el artículo 442.2° para justificar su decisión y, de este modo, sustituir su actividad probatoria, aspecto que será analizado detalladamente en la presente. / This report analyzes the errors and/or flaws in the Judgment of Appeals contained in Resolution No. 11 dated April 4, 2016, related to Case No. 9737-2011 issued by the Second Civil Commercial Chamber of the Superior Court of Justice of Lima. This judgment establishes that the silence of the plaintiff in a sum of money obligation execution process implies tacit acceptance of the causal arguments presented by the defendant. This interpretation contravenes the fundamental principles of the Peruvian civil execution process and distorts its nature. The Court attempts to justify its decision by arguing that substantive law (Article 19.2 of the Securities Law) allows the defendant to raise causal defenses during execution, disregarding its obligation to summarily reject under Article 690-D, without adequately reflecting on the consequences of its decisions. In this context, the Court seeks to use the simple legal presumption established in Article 442.2 to justify its decision and thereby replace its probative activity, a matter that will be thoroughly examined in this report.