La informalidad en el Transporte Terrestre de Personas se define como el desplazamiento sin autorización de personas en las vías terrestres. La presencia de los transportistas informales en las vías nacionales trae graves consecuencias, entre las que se encuentran las fuertes pérdidas económicas de las empresas de TTP formal y la gran magnitud de accidentes de tránsito ocasionados por los informales. Desde el Estado, la autoridad competente de la fiscalización al TTP informal en el ámbito nacional es la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías, la cual tiene sedes desconcentradas -llamadas Unidades Desconcentradas- que se encargan de hacer cumplir la normatividad en las regiones del país. En el presente estudio, se trabajará con un caso de relativo éxito en la lucha contra la informalidad en Transporte Terrestre de Personas en el ámbito nacional: la sede desconcentrada de Junín. Así, analizar un caso de relativo éxito permitirá evaluar en qué difiere este de los otros casos y cuáles son las posibles acciones que se pueden implementar, desde la autoridad competente, para resolver los problemas del sector. Asimismo, se demostrará que es fundamental la “buena coordinación” que la sede desconcentrada de Junín sostiene con las distintas instituciones que tienen competencias en el ámbito de transporte para generar acuerdos que fortalezcan los operativos de fiscalización al TTP informal, teniendo como fin la mejora de su capacidad. Al respecto, en la presente investigación se utilizarán los conceptos de “capacidad estatal a nivel subnacional” y de “coordinación en las políticas públicas”. Finalmente, la investigación indicará que lo que contribuyó a la buena efectividad en la lucha contra el TTP informal fue una burocracia activa que ha desarrollado una buena coordinación con otras instituciones y ha encontrado buena receptividad de ellas.