La solicitud de consulta prejudicial es un incidente procesal supranacional que está
contemplado en los artículos 32° al 36° del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 28 de mayo de
1979, y en los artículos 121° al 128° del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (aprobado a través de la Decisión No. 500, el 22 de junio de 2001). Dicho recurso tiene
un carácter accesorio y se desarrolla en dos momentos. Primero, con la presentación de una
solicitud de trámite procesal por un juez nacional de carácter facultativa u obligatoria, ante el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Segundo, con la expedición de la sentencia
interpretativa, que es de observancia obligatoria para el juez solicitante y para todas las demás
autoridades que intervengan en la solución del caso hasta la finalización del proceso.
Las consultas prejudiciales constituyen un mecanismo de colaboración judicial para garantizar
la interpretación correcta y aplicación efectiva del Derecho de la Comunidad Andina en los
Estados Miembros. Si bien sólo los jueces nacionales, previamente a la emisión de su fallo,
pueden o deben solicitar la interpretación de la norma comunitaria aplicable en el proceso que
conoce, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene la competencia exclusiva para
decidir qué se entiende por juez nacional de un Estado Miembro. Esto se lleva a cabo caso por
caso a través del análisis de un conjunto de características consustanciales de un órgano
jurisdiccional de acuerdo con el derecho interno de los Estados andinos y la naturaleza de la
entidad consultante, a partir del principio de autonomía del Derecho Comunitario Andino.
De esta manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evalúa el desempeño de las
funciones jurisdiccionales de quien solicita la interpretación prejudicial, exigiendo su
constitución por mandato legal, que se trate de un órgano permanente, el carácter obligatorio
de sus competencias, el deber de aplicar las normas comunitarias, el carácter contradictorio de
los procedimientos a su cargo, el respeto al debido proceso, y la imparcialidad de sus actos.
Según su interpretación extensiva del concepto de juez nacional, el Tribunal de Justicia ha
reconocido no sólo a determinadas entidades administrativas o constitucionales de un Estado
Miembro sino también, a diferencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, a los árbitros la facultad para realizar una consulta con la finalidad de obtener una
interpretación de carácter prejudicial. Desde esa perspectiva, los árbitros son asimilados a los
jueces nacionales y deben solicitar al Tribunal de Justicia la interpretación del derecho
comunitario andino que sea aplicable al caso. Esta decisión conlleva dificultades en cuanto a
su compatibilidad con la naturaleza de la institución arbitral.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/6909 |
| Date | 23 May 2016 |
| Creators | Altamirano Asmat, Víctor Alberto |
| Contributors | Reyes Tagle, Yovana Janet |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ |
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