La figura del estado de cosas inconstitucional (ECI) es uno de los aportes del
constitucionalismo colombiano a la jurisprudencia internacional protectora de
derechos fundamentales (Rodríguez 2009: 435).Mediante ella, la Corte
Constitucional ha abordado situaciones es las que “concurren la violación
masiva de derechos fundamentales, las deficiencias estructurales para su
atención y la falta de voluntad de las autoridades estatales en todo o en parte
del territorio nacional, de forma tal que, ante esa situación, se puede generar
una gran proliferación de tutelas, con graves consecuencias para la congestión
de los despachos judiciales” (Plazas 2009: 244). Además del dictado de órdenes
para cautelar los derechos de los/as accionantes, la Corte declara una situación
estructural que lesiona derechos de un número amplio y hasta indeterminado
de personas que no son parte del proceso, de forma que el fallo tiene un efecto
preventivo general que transforma una realidad dada de falla estructural
(Vargas 2003: 214).
Esta innovación jurisprudencial se inserta en el marco de una corriente más
amplia de activismo judicial que, en sus raíces estadounidenses, se ha
denominado como litigio de derecho público, modelo que propicia la
transformación de fallas estructurales en entidades gubernamentales que se han
hecho resistentes a otras formas de control político; no obstante la persistencia
de la falta de un adecuado desempeño en las mismas, otras formas de control
no han logrado el objetivo de reformarlas para cesar la violación de derechos
que producen (Sabel y Simon 2004: 1062).
En la medida de que la figura del ECI ha sido acogida en la jurisprudencia
peruana por parte del Tribunal Constitucional con referencia explícita a sus
raíces originarias (Naupari 2009: 340, 355), es relevante analizar los términos en
que esta incorporación se ha dado para tener un claro balance de sus
limitaciones y posibilidades. En un país como el Perú, en que la falla de las
instituciones públicas en sus obligaciones de garantizar los derechos de
ciudadanas y ciudadanos es recurrente, una figura como el ECI cobra mayor
interés como herramienta para posibilitar cambios en un status quo injusto, un
cambio que sería posible desde una demanda individual ante la jurisdicción
constitucionalque podría transformar el escenario de balance de poderes para
que las entidades públicas sean puestas bajo el examen de modo que cumplan
con las reformas necesarias para asegurar derechos. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/4952 |
| Date | 18 November 2013 |
| Creators | Ramírez Huaroto, Beatriz May Ling |
| Contributors | Morales Luna, Félix |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
| Rights | Attribution-ShareAlike 2.5 Peru, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ |
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