La nueva estructura trilateral: consumidor-proveedor-financiador (evidencia de la crisis del
principio de relatividad de los contratos), se presenta en la adquisición de un inmueble en
planos porque comparte la misma estructura coligada (cohesionada con el contrato de
préstamo promotor). Detrás de las aparentes autónomas tres relaciones jurídicas: bancopromotor,
consumidor-promotor y banco-consumidor, existe realmente una relación
trilateral, una operación económica global cuya causa concreta o función económica, es la
inscripción tanto de la propiedad del consumidor como la hipoteca que garantizó su
adquisición, gracias a la cual, todos satisfacen sus intereses: con la inscripción de la fábrica
(y venta de sus unidades inmobiliarias), el promotor culminará su proyecto y pagará al
banco el préstamo que lo permitió iniciarlo; el banco obtendrá la garantía de los préstamos
finalistas y; los consumidores obtendrán la inscripción de su adquisición.
Se han presentado una serie de conflictos generados prima facie por incumplimientos de
promotores inmobiliarios (edificios no construidos, inconclusos, no inscritos, inscritos pero
con cargas, con demora en la entrega, con defectos en la construcción, etc.), conflictos
frente a los cuales nos preguntamos ¿el banco pudo evitarlos?, ¿puede ser culpable de que
por una inadecuada gestión de sus riesgos, esa operación económica global se frustre o genere
daños?
El Código de Consumo no ha recogido las normas del derecho europeo sobre crédito al
consumo, ni ha prestado atención al fenómeno de la coligación negocial como operan las
tres relaciones jurídicas indicadas. No se reconoce que los problemas descritos constituyan
falta de idoneidad de los servicios financieros. Además, no se imputa responsabilidad en los
bancos, debido a que tanto en los contratos de adquisición como en los contratos de
préstamo finalista (de adhesión), se incluyen cláusulas de exoneración de su responsabilidad
por los incumplimientos del promotor, vallas infranqueables para los consumidores, en un
sistema legalista de pobre desarrollo jurisprudencial y desactualizada doctrina.
Pretendemos colaborar en las bases dogmáticas para fijar la responsabilidad civil de los
bancos, a fin que ellos cumplan un rol vigilante, acorde con su especialidad profesional ,
poniendo atención para ello en el último desarrollo que ha alcanzando su gestión de
riesgos, la misma que postulamos repensando el derecho civil, incide en la valoración de su
conducta diligente. Se busca con ello, la revigorización de su culpabilidad.
Nos aproximamos a este propósito a través de tres figuras jurídicas: (i) la coligación
negocial (echando mano de la causa en la interpretación conjuntamente con la contra
proferentem) (ii) la gestión de riesgos típicos de la actividad bancaria incorporados a su
diligencia profesional y (iii) a través de una adecuada tutela de la confianza del consumidor
a crédito hacia el sistema experto que representa la actividad bancaria.
Damos cuenta de cómo se va delineando una tercera vía que incorpora el riesgo en la culpa,
a corriente de la necesidad de controlar y gestionar los riesgos operacionales y de crédito de
la actividad bancaria, que hemos tratado en clave de responsabilidad civil, primero en un
aspecto general y en el capítulo final en relación concreta con nuestro problema de estudio.
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/9212 |
Date | 11 August 2017 |
Creators | Campos Bermúdez, José Antonio |
Contributors | Morales Hérvias, Rómulo Martín |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0017 seconds