Magíster en derecho con mención en derecho penal / El abigeato siempre ha tenido especial importancia, por su trascendencia social y económica. Durante los últimos ocho años, nuestra legislación ha sido modificada principalmente por dos leyes, en el año 2006 la Ley 20.090 y el año 2012 por la Ley 20.596. De ahí, el interés en revisar las especiales características de su actual fisionomía. En cuanto a los aspectos dogmáticos, veremos que se trata de una figura derivada del robo o del hurto y responde a los mismos análisis, solo que con particularidades. Revisaremos algunas dificultades prácticas en torno a su tipificación, facultades de la policía, elementos distintivos y la presunción legal de autoría que modifica la regla general del iter criminis. Revisaremos los conflictos generados por la naturaleza del bien jurídico protegido que, conlleva un cuestionamiento a la constitucionalidad del aumento de pena, paralelos y hasta concurso en situaciones practicas, con las figuras contempladas en otras leyes que abordan en conjunto el tema cárneo, principalmente la ley sobre mataderos clandestinos y otras normas asociadas al gran tema de la carne y la ganadería, intentando evidenciar algunas carencias legislativas y las repercusiones desde el punto de vista teórico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente Investigación pretenderá ilustrar el delito de abigeato en su auténtica dimensión, realizando un estudio a la génesis del cuerpo legal que atribuyó al robo o hurto de animales una mayor importancia dentro de los delitos patrimoniales, analizando su contenido y el resultado de la implementación durante su reciente vigencia. Constituyendo el abigeato un delito exclusivamente rural, cuyo porcentaje de comisión aparentemente sería bastante inferior en comparación a otros delitos patrimoniales, es relevante comprender el objetivo del legislador detrás de la regulación especial que se le asigna, verificando si hay consideración suficiente a los principios rectores del Derecho Penal. De esta manera en la creación de la ley 20.090 existiría una contravención al Principio de Legalidad, pues la normativa implantada el año 2006 establecería presunciones de responsabilidad penal reñidas con la esencia de éste principio, en cuanto al deber de descripción de las conductas punibles expresamente en la ley. En segundo lugar constituirá parte de esta investigación un examen al principio rector de ultima ratio, pues no es claro prima facie si la irrupción de la nueva normativa en el año 2006 se hacía estrictamente necesaria en el Código Penal. Se analizará si el legislador ha planteando una modificación que podría adquirir el carácter de meramente simbólica, lo cual se dilucidará a la luz de los antecedentes estadísticos y jurisprudenciales de implementación de dicho cuerpo legal. También será objeto de análisis el aumento exagerado de penalidad, que sin atención al principio rector de proporcionalidad, estaría introduciendo la Ley N°20.090, generando un desajuste entre la gravedad de las penas y la trascendencia que para la sociedad tendría el delito. Finalmente la presente investigación intentará que el análisis de esta ley común sirva de antecedente válido a fin de complementar otros estudios relacionados con la inserción de nuevos delitos en el Código Penal, y los efectos que pueden obtenerse en la instauración de tipos penales más gravosos cuyos fines apuntan a resultados disuasivos que ulteriormente podrían no verificarse.