En el 2001, el médico de un hospital público le negó a la menor de edad K.L. el servicio de interrupción de un embarazo anencefálico que ponía en peligro su vida y producía daños a su salud (aborto terapéutico). El presente documento contiene un análisis jurídico del Dictamen No. 1153/2003 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que estableció la responsabilidad del Estado Peruano por la vulneración de diversos derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El autor realiza un análisis crítico de los requisitos de admisibilidad y de los asuntos de fondo, identificando cuestiones jurídicas relevantes y controvertidas tales como el agotamiento de las vías previas, el deber de respuesta del Estado Parte, y la falta de pronunciamiento del Comité sobre la violación del derecho a la vida y del derecho a no ser discriminada. Partiendo de un análisis jurídico, el autor discute la razonabilidad de la denegatoria, los argumentos y la interpretación sobre la configuración de un aborto terapéutico. También incluye un debate sobre la necesidad de realizar una lectura sistémica de los derechos humanos, en particular, al analizar la discriminación basada en prejuicios de género, y el vínculo del derecho a la vida con la salud y la dignidad de las personas. Desde una mirada interdisciplinaria, el trabajo plantea la relevancia del activismo judicial, la interseccionalidad y el enfoque basado en derechos para formular servicios, programas y políticas públicas. El trabajo concluye, principalmente, que el Estado Peruano es responsable no sólo de los cuatro derechos reconocidos por el dictamen, sino también por la violación del derecho a la vida y a la no discriminación