Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La razón que nos motivó a profundizar en esta materia fue realmente accidental. Estudiando el inciso 4° del artículo 1° del Decreto Ley Número 3.516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos, nos percatamos que el mismo, utilizando una pobrísima redacción, dispone “que en las escrituras públicas en que conste el título de la enajenación de predios resultantes de una división se debe dejar constancia de la prohibición de cambiar su destino rústico y, en su artículo 3°, se instituye en carácter de sanción general, la nulidad absoluta a los actos o contratos otorgados o celebrados en contravención al mismo decreto ley. Por lo tanto, el problema que únicamente nos proponíamos resolver en esta memoria era determinar si dicha sanción de nulidad absoluta era o no aplicable a un acto o contrato en que se omita tal constancia de la prohibición de cambio de destino del predio, ya que no han sido pocos los casos en que judicialmente se ha discutido esta materia, y creemos que así seguirá siendo ya que precisamente hoy, con la expansión de las grandes urbes del país, cada vez son mayores las zonas en donde es aplicable este decreto ley. A poco andar en la cuestión antes mencionada, observamos que su solución se encuentra en la cabal comprensión de las formalidades en cuanto elementos de los actos jurídicos. Lamentablemente, la doctrina nacional ha sido escueta al momento de abordar esta materia, circunstancia que no deja de ser paradojal: por un lado esta paupérrima exposición y estudio de las formalidades en los textos o manuales jurídicos contrasta brutalmente y no se condice, por decir lo menos, con el llamado fenómeno del renacimiento de las formalidades en que se haya el estado actual del Derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el año 2017 / En el contexto de la reforma procesal civil, el presente trabajo tiene por objeto efectuar una descripción y análisis de la institución jurídica procesal de los actos judiciales no contenciosos contemplados en el actual Código de Procedimiento Civil, utilizando herramientas y conceptos provenientes de la disciplina de Análisis Económico del Derecho (AED). Para ello, en el capítulo I se exponen los antecedentes históricos, definiciones y naturaleza jurídica de los actos judiciales no contenciosos. Luego, en el capítulo II, se define y describe la metodología del Análisis Económico del Derecho y, específicamente, se describe el contenido y alcance del Análisis Económico del Derecho Procesal. Del mismo modo, con el objeto de entregar una propuesta de regulación sobre estos asuntos no contenciosos, se realiza un examen de los costos de error y costos administrativos como pauta de eficiencia para el legislador, donde se estudia la eficiencia como principio rector en la reforma del Código de Procedimiento Civil (CPC). Posteriormente, en el capítulo III se expone en detalle los distintos criterios de eficiencia que ha planteado la doctrina y se analiza la manera en que la Reforma Procesal Civil aplica dicho concepto, manifestado en aspectos tales como el principio de oralidad o la regulación de la ejecución. Asimismo, se describe la experiencia en la aplicación de la Ley 19.903 sobre posesión efectiva intestada como antecedente de un fenómeno abordado y planteado durante la investigación, como lo es la desjudicialización del sistema. Finalmente, en el capítulo IV, se explica cómo se ha regulado los actos no contenciosos en España y en el Código de Procedimiento Civil Modelo para Iberoamérica, culminando la presente investigación con una propuesta para una normativa eficiente que pueda ser aplicada por el legislador en el futuro. Con ella, se busca establecer un punto de equilibrio entre diversos factores como el tiempo, los recursos económicos y la calidad de la resolución emanada del organismo competente / 13/09/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objetivo, es un principio, hacer una suerte de análisis de la nulidad como efecto establecido por la ley a aquellos actos jurídicos que nacen en un proceso de forma inadecuada. Aquellos actos que nacen de una manera poco sana, "enferma". Es por ello que, en su primer capítulo se ha pretendido hacer una breve reseña del proceso, como aquel ambiente o caldo de cultivo en del cual nacen los actos jurídicos procesales. Enseguida, esta parte se ha visto en la necesidad de describir y analizar al acto procesal mismo pues en el estudio de éste y de sus requisitos podemos encontrar y desentrañar la naturaleza misma de la nuliddad como aquella "enfermedad" que ataca a los actos jurídicos inidóneos. El segundo capítulo, por su parte, se encarga de explicar, tal como su título lo señala, a los actos jurídicos ineficaces para producir sus efectos jurídicos dentro del proceso. Especial pormenorización se merece la nulidad procesal, como aquel efecto que la ley atribuye a los actos a los que falta algún requisito de validez. Los tercero y cuarto capítulo tienen por finalidad el estudio del desenvolvimiento de la nulidad procesal en los diversos procedimientos así como los medios para hacer valer ésta para que así prevalezca el imperio del derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente tesis, estudia la acción pauliana de familia o acción revocatoria especial, contenida en el artículo 5 inciso 7° de la Ley 14.908, por la cual son revocables los actos jurídicos, fraudulentos, simulados o aparentes, distinguiéndola como una figura autónoma del derecho procesal de familia. Se conceptualiza y analiza entonces, su naturaleza jurídica, requisitos, especificidades, efectos y procedimiento incidental en un juicio de alimentos. Lo anterior, únicamente posible si se vincula este incidente revocatorio a una interpretación hermenéutica del deber y obligación de esclarecimiento patrimonial del alimentante contenido en el artículo 5 inciso 1° de la misma Ley. Por ello, es que es menester desentrañar las implicancias del principio de buena fe en el proceso de alimentos que devienen de este deber de transparencia patrimonial, reconduciendo así a los deberes de veracidad, completitud y coherencia, y como operan éstos, en dinámica con la propia sanción revocatoria.