Las adicciones han sido históricamente abordadas en nuestra legislación no como problemas de salud mental, sino como situaciones que generan una serie de consecuencias jurídicas que restringen los derechos de las personas adictas. Estos trastornos se han construido sobre la base de una concepción moral que ha impedido tratarlas de manera adecuada. A pesar de esta situación, muchas de estas normas han ido variando y se ha optado por una posición que garantiza cada vez más los derechos de las personas adictas; sin embargo, aun se encuentra pendiente el reconocimiento de su plena autonomía y su capacidad jurídica. El objetivo principal de esta investigación es demostrar que las adicciones son trastornos mentales altamente complejos que deben ser tratados de manera individualizada, objetiva y libre de prejuicios y estigmas. De igual modo, se evidencia cómo la concepción inadecuada de las adicciones ha conllevado a una regulación contradictoria e incongruente en diferentes cuerpos normativos, que requiere con urgencia ser revertida. Son múltiples los desafíos que nos impone el tratamiento de los trastornos de adicciones y es que, si bien ha existido un avance significativo con la dación de la nueva ley de salud mental en este año 2019, aún se requieren otros esfuerzos normativos, a fin de que el tema sea abordado jurídicamente de manera sistémica. Con esta misma finalidad, es necesaria la participación coordinada y activa de diversas entidades públicas que velen por los derechos de las personas con adicciones, especialmente aquellas que se encuentran recluidas en establecimientos de salud mental y presentan serios problemas para acceder a la justicia.