Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado en las propuestas legislativas que se presentan cada tiempo al respecto de la disminución de edad para la imputabilidad penal, pero también puede reflejarse en que, sostenidamente, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido apostar por la medida más gravosa para la resolución de estos casos: el internamiento. Debido a este abordaje de la problemática que rodea a los y las adolescentes infractores/as, se plantea la pregunta principal: “¿Se emplea la privación de libertad como medida de último recurso en el sistema de justicia penal juvenil peruano en concordancia con los fines de la justicia penal juvenil y un sistema integral de justicia juvenil en el marco de los estándares internacionales establecidos en la materia?”. Tras la revisión teórica y el examen de su aplicación práctica en nuestro sistema de justicia penal juvenil, finalmente se llegarán a cuatro conclusiones puntuales que abordarán los fundamentos del uso de las medidas privativas de libertad como recursos de ultima ratio, su correlato en la práctica peruana, y la tres posibles causas de la disonancia entre la teoría y a la práctica a partir de un caso. / With the increase in insecurity and the participation of adolescents in acts contrary to the law, the state response in its role as guarantor of citizen security also increases in severity. This can be seen reflected in the legislative proposals that are presented every time regarding the reduction of the age for criminal liability, but it can also be reflected in the fact that, consistently, the response of the judicial authorities has been to opt for the most burdensome measure for the resolution of these cases: internment. Due to this approach to the problem surrounding adolescent offenders, the main question is raised: "Is deprivation of liberty used as a measure of last resort in the Peruvian juvenile criminal justice system in accordance with the purposes of juvenile criminal justice and a comprehensive juvenile justice system within the framework of the international standards established on the matter?”. After the theoretical review and the examination of its practical application in our juvenile criminal justice system, four specific conclusions will finally be reached that will address the foundations of the use of custodial measures as ultima ratio resources, their correlation in Peruvian practice, and the three possible causes of the dissonance between theory and practice based on a case. / Trabajo académico

En la idea de buscar alternativas diferentes a la de someter a un adolescente en conflicto con la ley penal, a un proceso especial de naturaleza penal, el legislador peruano ha regulado la remisión, en la etapa preliminar de investigación, en el marco del modelo de justicia juvenil restaurativa. En este contexto y dada la relación del investigador con este tema por ser Fiscal Civil y de Familia, la investigación tiene como propósito determinar cuáles son los criterios usados por los fiscales para aplicar la remisión, en la etapa preliminar de investigación, en los casos de adolescentes infractores a la ley penal y, si estos, son compatibles con los principios del modelo de Justicia Juvenil Restaurativa y, a partir de allí, establecer si existen deficiencias normativas o interpretativas en los criterios de aplicación de la remisión y, explicar, si las limitaciones de orden material afectan significativamente dicha aplicación, por lo que nos hemos limitado a analizar y evaluar los problemas planteados, describirlos y explicarlos, proponiendo salidas de naturaleza normativa y excepcionalmente práctica. Como resultado de la investigación podemos afirmar que existen determinadas incompatibilidades entre los principios que inspiran el modelo de Justicia Juvenil Restaurativa y la remisión en la etapa preliminar de la investigación, en virtud a ello concluimos, entre otros, que no se ha considerado en la remisión fiscal: la reparación directa del daño causado a la víctima; el reconocimiento de la infracción a la ley penal, como paso previo a la remisión y un procedimiento eficaz que permita a la víctima, desde el inicio de la investigación, tomar conocimiento del mecanismo utilizado en la remisión.

El sistema de responsabilidad penal de adolescentes de nuestro país ha ido apostando por un modelo garantista y de corte restaurativo, adoptando con el paso de los años mecanismos para el cumplimiento de una protección integral y especializada para los y las adolescentes infractores. Sin embargo, esta intención ha adolecido sostenidamente de muchas deudas respecto de su implementación y concreción, siendo una de ellas la escasa rigurosidad en la justificación de los jueces al momento de imponer una medida socioeducativa en un contexto en donde el internamiento suele ser la más empleada. Partiendo de este de escenario, este informe analizará la sentencia recaída en el Exp. Nº 00804-2013-PHC/TC, un proceso de hábeas corpus en favor del adolescente N. Y. J. D. por la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones. Aunque el presente trabajo estará de acuerdo de manera general con la decisión final del Tribunal, pretende también dar más luces respecto del impacto del uso de los informes técnicos de los equipos multidisciplinarios en la motivación de las medidas adoptadas. Para ello, se realizó una investigación de carácter dogmático, recurriendo a la normativa, jurisprudencia y doctrina recurrente, así como también datos estadísticos contemporáneos al caso y su contraste con data más actual. Finalmente, es posible concluir que en nuestro sistema los procesos penal juveniles, particularmente, merecen más atención para su seguimiento de acuerdo a los parámetros internacionales en la materia, el cual exige tanto la especialidad de los jueces como de todos los funcionarios involucrados / The criminal responsibility system for adolescents in our country has been betting on a guarantee and restorative model, adopting over the years mechanisms to comply with comprehensive and specialized protection for adolescent offenders. However, this intention has consistently suffered from many debts regarding its implementation and concretion, one of them being the lack of rigor in the justification of the judges when imposing a socio-educational measure in a context where internment is usually the most used. Starting from this scenario, this report will analyze the sentence handed down in File No. 00804-2013-PHC/TC, a habeas corpus process in favor of the adolescent N.Y.J.D. for the violation of the right to due motivation of resolutions. Although this paper will be in general agreement with the Court's final decision, it also aims to shed more light on the impact of the use of the technical reports from the multidisciplinary teams on the motivation for the measures adopted. For this, a dogmatic investigation was carried out, resorting to the regulations, jurisprudence and relevant doctrine, as well as contemporary statistical data to the case and its contrast with more current data. Finally, it is possible to conclude that in our system juvenile criminal proceedings, particularly, deserve more attention for their follow-up according to international parameters on the matter, which requires both the specialty of the judges and of all the officials involved

En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el ordenamiento jurídico, que recién entró en vigor en marzo de 2018 con la aprobación de su reglamento. Iba a empezar a implementarse en mayo de 2020, pero no se pudo a causa de la pandemia del Covid-19. Al seguir siendo sumamente novedoso, aún no existe literatura peruana especializada referida al análisis de la concordancia a nivel teóriconormativo y práctico de los fines de la pena juvenil y el catálogo de penas juveniles incorporado, en lo que respecta a la fase de determinación y ejecución de estas. Precisamente ello es lo que busca cambiar esta tesis y abrir la discusión en la academia. Se parte de la premisa que el fin de la pena juvenil es predominantemente preventivo especial positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena impuesta, deben ser necesariamente acordes a dicha prevención especial positiva para ser legítimos. A pesar del gran avance que supone la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, queda un arduo trabajo por efectuar, pues pese a que a nivel teórico-normativo la concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a nivel práctico la brecha es sumamente amplia.

En el año 2006, el Gobierno Nacional de Colombia, sancionó la ley 1098 correspondiente a la ley de infancia y adolescencia. La nueva ley de infancia, generó a su vez el diseño de la política de atención al adolescente en conflicto con la ley Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes (S.R.P.A), la cual contempla los lineamientos y rutas indicadas para la atención de los menores de edad que se ven involucrados en delitos. El sistema señala como principales sanciones, la amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, medio semi cerrado y privación de la libertad; todas ellas se han aplicado, pero no han sido suficientes para disminuir el índice de delincuencia en adolescentes y jóvenes, esto se evidencia en el incremento de adolescentes vinculados a SRPA, el cual presentó un aumento de 15,1% durante el periodo de 2011- 2012 según cifras del ICBF (2012). A parte de este marco normativo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrolló en el año 2011 un manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención de delito, el cual sirve como carta de navegación en este tema. De acuerdo a lo anterior, se planteó una investigación de orden cuanti-cualitativo, para conocer la eficacia de la intervención del Centro de Formación Juvenil ACJ, en relación a su contratación con el Estado para la aplicación de la sanción de libertad vigilada en los adolescentes y jóvenes que fueron atendidos en el año 2012, para este fin se realizó un investigación mixta de carácter descriptivo, en la cual se aplicó la técnica cuantitativa de la encuesta a 119 jóvenes participantes de Centro de Atención y las técnicas cualitativas como la entrevista y el focus group fueron aplicadas a 8 directivos y profesionales del programa, 16 familias de los jóvenes y un funcionario del ICBF. Los resultados obtenidos, muestran que tanto los jóvenes, sus familias y funcionarios coinciden en que la medida de libertad vigilada si bien es cierto aporta elementos de socialización y contribuye a la reflexión de los jóvenes y familias frente a su problemática, no es suficiente para lograr un inclusión social efectiva y la garantía de no repetición o reincidencia, poniendo en relieve un una situación que va en ascenso, por lo cual se infiere que todos los actores involucrados, es decir, el Estado, la familia, el centro de atención y los mismos jóvenes son responsables de lo ocurrido; tendiendo que generar estrategias conjuntas desde esta mirada para reducir la problemática. De esta manera, el estudio concluye que no basta solo con crear estrategias de afrontamiento de la problemática de delincuencia juvenil, sino también el establecimiento de directrices que lleven hacia la prevención de estas conductas, al interior de las familias, las instituciones educativas, instituciones prestadoras de servicios sociales y sociedad en general. Este tema debe ser abordado desde todas las miradas y no le compete solo a una parte de la sociedad, sino a toda en general, de esta manera, el Estado debe liderar la concentración de diferentes actores sociales que analicen la situación actual de delincuencia juvenil en Colombia y facilite la atención, pero sobre todo la prevención. / In the year 2006, the National Government of Colombia, sanctioned the law 1098 corresponding to the law of childhood and adolescence. The new childhood law, in turn, generated the design of the adolescent care policy in conflict with the Criminal Responsibility System for Adolescents (SRPA), which includes the guidelines and routes indicated for the care of minors. Who are involved in crimes. The system indicates as main sanctions, the admonition, the imposition of rules of conduct, provision of services to the community, assisted freedom, semi-closed means and deprivation of liberty; all of them have been applied, but they have not been enough to reduce the delinquency rate in adolescents and young people, this is evidenced in the increase of adolescents linked to PACS, which presented an increase of 15.1% during the period of 2011- 2012 according to ICBF figures (2012). Apart from this normative framework, the United Nations Office on Drugs and Crime, developed in 2011 a manual on the effective application of the guidelines for the prevention of crime, which serves as a navigation card in this subject. In accordance with the above, a quantitative-qualitative research was proposed, to know the effectiveness of the intervention of the Youth Training Center ACJ, in relation to its contracting with the State for the application of the probation sanction in adolescents and young people who were attended in 2012, for this purpose a mixed investigation of a descriptive nature was carried out, in which the quantitative technique of the survey was applied to 119 young participants of the Care Center and the qualitative techniques such as the interview and the focus group were applied to 8 managers and professionals of the program, 16 families of the youth and an official of the ICBF. The results obtained show that both young people, their families and officials agree that the measure of supervised freedom, although it is true, contributes elements of socialization and contributes to the reflection of young people and families in the face of their problems, it is not enough to achieve an effective social inclusion and the guarantee of non-repetition or recidivism, highlighting a situation that is on the rise, for which it is inferred that all the actors involved, that is, the State, the family, the center of attention and the young people themselves are responsible for what happened; tending to generate joint strategies from this perspective to reduce the problem. In this way, the study concludes that it is not enough just to create strategies to address the problem of juvenile delinquency, but also the establishment of guidelines that lead to the prevention of these behaviors, within families, educational institutions, lending institutions of social services and society in general. This issue must be approached from all perspectives and not only a part of society, but the whole in general, and in this way, the State must lead the concentration of different social actors that analyze the current situation of juvenile delinquency in Colombia and facilitate the attention, but especially the prevention.