El objetivo de esta tesis es analizar cómo la implementación y funcionamiento de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos reproduce desigualdades socio-ecológicas en el acceso al agua. Para ello, se define a la GIRH como un proyecto tecno-político, el cual articula tecnologías materiales e inmateriales para definir las características del control sobre el agua, es decir, del ejercicio del poder sobre los recursos hídricos y los sujetos. En esta línea, el modelo de gobernanza GIRH despliega mecanismos territoriales e institucionales para lograr el control material del agua y su legitimidad. Se argumenta que la implementación de la GIRH, a pesar de presentarse como una ruptura con formas previas de manejo del agua es, en realidad, una nueva forma de modernización del agua que sitúa a la escasez como un problema natural y a la eficiencia técnica como el valor más importante de la gestión. Frente a estos procesos, las comunidades campesinas han empleado distintos tipos de estrategias para el uso del agua y para tener incidencia sobre las políticas públicas que lo regulan, apelando a movilizaciones sociales y a la construcción de instituciones, algunas de ellas estatales. Usando el modelo de gobernanza GIRH, la respuesta del estado fue tecnificar la participación, imponiendo categorías de usuarios y jerarquías de conocimiento que limitan la incidencia de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones sobre sus fuentes de agua. Desde una perspectiva que combina la ecología política del agua y el institucionalismo sociológico, esta investigación propone un acercamiento teórico que permite enlazar la producción del territorio y las instituciones con la reproducción de las desigualdades, para lo cual, se apoya en un diseño metodológico etnográfico. En resumen, este estudio revela cómo el estado ha contribuido a la reproducción de desigualdades socioecológicas en la gestión del agua en la cuenca alta del río Locumba.

La naturaleza del territorio de Lamas y su riqueza de acuíferos subterráneos, hacen que los manantiales cumplan un rol vital en la base natural de los asentamientos humanos concentrados o dispersos en el territorio. No obstante, actualmente, se observa rasgos de insostenibilidad en el sistema hídrico de Lamas, tales como el deterioro y contaminación de los manantiales, así conflictos por el uso del agua. Dichos rasgos de insostenibilidad evidencian la existencia de desequilibrios ecológicos entre población y territorio, los cuales generan que estas fuentes de agua se encuentren en riesgo y sean vulnerables a una posible desaparición. En ese sentido, esta investigación tiene por finalidad explorar desde un enfoque holístico e integrador los sistemas socio ecológicos, de tal manera que se logre entender la naturaleza socio-territorial de la dependencia existente entre la población y los ecosistemas, aplicando para ello los aspectos teóricos de diferentes autores que estudian la relación hombre - medio ambiente, con el objetivo de lograr entender la gobernanza del agua en la ciudad de Lamas y cómo influye el valor socio cultural del agua, los usos y costumbres de la población Lamista en la gestión de los manantiales como bien común.

Una de las primeras cosas que uno nota al hacer gestión pública en municipios rurales es que el ámbito rural es de naturaleza muy diferente al urbano. A diferencia de las grandes ciudades, en el ámbito rural y en las pequeñas ciudades, sea en la costa, sierra o selva, la población cuenta con necesidades primarias que aún no han sido suficientemente cubiertas, como las de infraestructura de servicios básicos. No obstante, el poblador rural, pese a las demoras y a las trabas burocráticas, nunca deja de creer en el Estado y considera que es el único que puede propiciar su salida de la pobreza. Mi interés permanente en la administración pública, la consideración de que es fuera de Lima donde más se necesita de profesionales capaces de contribuir con el progreso de pueblos y ciudades en crecimiento y el ánimo de contribuir de esa manera me condujeron en el año 2012 a la parte central de la región Cajamarca, exactamente en las provincias de Cutervo y Chota. Allí, tuve la ocasión de laborar en dos gobiernos locales, uno provincial y otro distrital, durante casi 4 años. El tema que concierne discutir en torno a la experiencia vivida en la región Cajamarca es la ciudadanía. Se llega a hablar en la academia que en el ámbito rural existe “menos ciudadanía” que en el ámbito urbano. Sin embargo, las experiencias comparadas desde la Municipalidad Provincial de Cutervo y la Municipalidad Distrital de Tacabamba permitirán demostrar de qué manera se genera y/o fortalece la ciudadanía a través del fomento de la gestión comunal en la provisión de servicios de agua y saneamiento. La pregunta principal que surgió en torno a la experiencia en Cutervo y Tacabamba es: ¿Puede la conformación y/o fortalecimiento de una JASS transformar las relaciones entre los ciudadanos de comunidades rurales y el Estado? Quedaba la duda de saber si las JASS, establecidas bajo una normativa que las posiciona como un actor estratégico en agua y saneamiento, podrían ser un agente que ayude a organizar a la población para encauzar demandas, en igualdad de condiciones, frente al Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno. Las experiencias permitirán analizar cómo se transforman las relaciones entre el ciudadano rural y el Estado a través de la promoción de la gestión comunal en la provisión de servicios de agua y saneamiento, desalentando así la inversión en obras insostenibles en el tiempo, así como contribuir a acercar al ciudadano rural con el Estado en términos más equitativos y, de este modo, en el largo plazo, fortalecer la ciudadanía en el país. Mi experiencia me llevó también a identificar y clasificar cuatro componentes clave para comprender mejor los procesos de transformación en las relaciones entre los ciudadanos rurales y el Estado a partir de la experiencia de las JASS: a) Fomentan la asociatividad, lo que permite defender intereses con un peso mayor a la mera defensa individual b) Establecen derechos y obligaciones dentro de la comunidad, lo que supone el tránsito del beneficiario al usuario c) Promueve la participación de la mujer en un contexto donde esta había sido relegada d) La voluntad de las autoridades por continuar con las políticas públicas en agua y saneamiento. En torno al agua y saneamiento, se halló que la población rural, organizada a través de las JASS, ha reconocido una serie de derechos y obligaciones que la ha empoderado y ha contribuido a transformar sus relaciones con el Estado. Con ello, se benefician tanto las comunidades como la autoridad local de turno. Unas se empoderan y la otra se legitima. La sinergia resulta en un sistema de agua potable sostenible en el tiempo: mejor calidad de agua, las 24 horas del día y clorado periódicamente, permiten niños y adultos más saludables y con más posibilidades de desarrollarse. En el ámbito del distrito capital de Cutervo, los diferentes componentes operaron de tal modo que se propició una sociedad rural más empoderada y consciente de sus derechos cuando se trata de agua y saneamiento. A diferencia de los ciudadanos rurales, los ciudadanos de las grandes urbes del país tienen poca disposición para participar activamente de los asuntos públicos. La alta presencia del Estado repercute en la apatía del ciudadano urbano, que deja la responsabilidad de los asuntos públicos a las instituciones, desentendiéndose casi por completo de ellos, lo que resulta contraproducente para el ejercicio de una ciudadanía plena. La ciudadanía rural adolece de servicios que llegan con suma dificultad y un Estado menos visible a medida que se va profundizando en el ámbito territorial. Sin embargo, los ciudadanos rurales están habituados a una mentalidad más participativa y comunitaria. Ello ha permitido que funcionen iniciativas como las Rondas y las JASS en ámbitos donde no llega la Policía Nacional ni las EPS. Las autoridades tienen un importante rol para fortalecer a las organizaciones comunales. Allí donde ellas no impulsan el proceso de empoderamiento de las JASS para la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, como en Tacabamba, las organizaciones continúan apelando al “apoyo” de las autoridades para rehabilitar los sistemas, restando así recursos para obras de mayor envergadura en el territorio. Sin embargo, donde las políticas públicas locales en agua y saneamiento llegan a implementarse sin importar la filiación política de la autoridad de turno, los resultados van a ser no solo positivos para la sostenibilidad de los sistemas, sino también para la población, que va a ejercer un derecho crucial para su desarrollo. Finalmente, aun cuando la institucionalidad de las JASS es incipiente, consideremos que los proveedores del servicio en la comunidad son ciudadanos que no perciben una remuneración y que dedican tiempo a una actividad para la cual no cuenta con la especialización del caso. Las Áreas Técnicas Municipales de cada municipalidad rural deben ser permanentemente fortalecidas, con el fin de ser ese nexo entre el usuario de agua potable rural y el Estado, todo ello con la vigilancia del sector Salud para velar que, aunque lentamente, las JASS estén proveyendo agua con los estándares debidos de calidad. El resultado final debe ser garantizar agua segura para los ciudadanos del campo y la ciudad, para de este modo tener poblaciones más saludables y contribuir a cerrar una brecha que impide un adecuado desarrollo de las personas. / Trabajo de suficiencia profesional

¿Cómo se regula el agua entre el sector agrícola y el minero, intensivos en agua, en un contexto de déficit hídrico? ¿Qué reglas formales gobiernan la distribución de agua en fuentes hídricas? Desde el enfoque de la economía institucional, la presente investigación explica la importancia de las instituciones nacionales y locales en la regulación del agua del Perú, por medio de un estudio de caso en la cuenca alta de Locumba. El déficit hídrico y el uso compartido del agua entre la actividad minera y agropecuaria caracterizan a la cuenca alta de Locumba como recurso de uso común. Se utiliza una metodología de análisis institucional, compuesto por una reconstrucción de la historia de la cuenca, a través del rastreo de las licencias de uso en archivos locales, y por una breve lectura de la historia bajo los lentes institucionales de Ostrom. Se concluye que, desde la década de 1950, las licencias de uso de agua (enmarcadas en el Código de aguas de 1902, el Código de minería de 1950 y Ley de Aguas 1969) no se otorgaron bajo información completa del recurso, ni mecanismos de supervisión del cumplimiento de la licencia del usuario minero. La credibilidad en el sistema de regulación no es construida por los agentes a lo largo del tiempo, lo cual aporta a la formación del conflicto social del 2011 y una serie de intentos de auto-organización mediante Mesas de Trabajo. Bajo la Ley de Recursos Hídricos del 2009, la Autoridad Nacional del Agua no implementa mecanismos claros y creíbles de supervisión de licencias de uso de agua en la cuenca alta de Locumba, la Autoridad solicita al usuario minero reportes sobre su consumo e información del comportamiento hidrológico e hidrogeológico en la cuenca alta.

Las relaciones, organizaciones y formas de acceso que se dan alrededor de las fuentes de agua denotan el control y el uso que puede lograr la población local sobre el recurso para las actividades del riego y la agricultura. Estos controles, muchas veces reflejados y plasmados en normas, implican una serie de obligaciones y acuerdos que van más allá de los marcos legales que propone el Estado. La presente tesis supone un estudio de caso, a partir del método etnográfico, que tiene como objetivo analizar la organización comunal entorno al acceso y uso del agua para riego en la comunidad campesina de Pongobamba, en el distrito de Chinchero, departamento del Cusco. A lo largo de los capítulos muestro el despliegue de la organización comunal para el acceso y uso del agua a partir de la conformación de una comisión de usuarios con sus respectivos comités para una adecuada y focalizada gestión del agua; la permanencia de roles comunales tradicionales como el juez de agua y los tomeros los cuales muchas veces no son reconocidos por los marcos normativos del Estado; y del establecimiento de acuerdos comunales de participación, obligación y sanción para sus respectivos usuarios, lo que permite un involucramiento de toda la comunidad en la gestión del agua. En esta tesis concluyo recalcando que los gobiernos comunales son importantes e indispensables para la gestión del agua debido a su capacidad de generar diversas estrategias de organización acorde al contexto que se presente.

Una de las primeras cosas que uno nota al hacer gestión pública en municipios rurales es que el ámbito rural es de naturaleza muy diferente al urbano. A diferencia de las grandes ciudades, en el ámbito rural y en las pequeñas ciudades, sea en la costa, sierra o selva, la población cuenta con necesidades primarias que aún no han sido suficientemente cubiertas, como las de infraestructura de servicios básicos. No obstante, el poblador rural, pese a las demoras y a las trabas burocráticas, nunca deja de creer en el Estado y considera que es el único que puede propiciar su salida de la pobreza. Mi interés permanente en la administración pública, la consideración de que es fuera de Lima donde más se necesita de profesionales capaces de contribuir con el progreso de pueblos y ciudades en crecimiento y el ánimo de contribuir de esa manera me condujeron en el año 2012 a la parte central de la región Cajamarca, exactamente en las provincias de Cutervo y Chota. Allí, tuve la ocasión de laborar en dos gobiernos locales, uno provincial y otro distrital, durante casi 4 años. El tema que concierne discutir en torno a la experiencia vivida en la región Cajamarca es la ciudadanía. Se llega a hablar en la academia que en el ámbito rural existe “menos ciudadanía” que en el ámbito urbano. Sin embargo, las experiencias comparadas desde la Municipalidad Provincial de Cutervo y la Municipalidad Distrital de Tacabamba permitirán demostrar de qué manera se genera y/o fortalece la ciudadanía a través del fomento de la gestión comunal en la provisión de servicios de agua y saneamiento. La pregunta principal que surgió en torno a la experiencia en Cutervo y Tacabamba es: ¿Puede la conformación y/o fortalecimiento de una JASS transformar las relaciones entre los ciudadanos de comunidades rurales y el Estado? Quedaba la duda de saber si las JASS, establecidas bajo una normativa que las posiciona como un actor estratégico en agua y saneamiento, podrían ser un agente que ayude a organizar a la población para encauzar demandas, en igualdad de condiciones, frente al Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno. Las experiencias permitirán analizar cómo se transforman las relaciones entre el ciudadano rural y el Estado a través de la promoción de la gestión comunal en la provisión de servicios de agua y saneamiento, desalentando así la inversión en obras insostenibles en el tiempo, así como contribuir a acercar al ciudadano rural con el Estado en términos más equitativos y, de este modo, en el largo plazo, fortalecer la ciudadanía en el país. Mi experiencia me llevó también a identificar y clasificar cuatro componentes clave para comprender mejor los procesos de transformación en las relaciones entre los ciudadanos rurales y el Estado a partir de la experiencia de las JASS: a) Fomentan la asociatividad, lo que permite defender intereses con un peso mayor a la mera defensa individual b) Establecen derechos y obligaciones dentro de la comunidad, lo que supone el tránsito del beneficiario al usuario c) Promueve la participación de la mujer en un contexto donde esta había sido relegada d) La voluntad de las autoridades por continuar con las políticas públicas en agua y saneamiento. En torno al agua y saneamiento, se halló que la población rural, organizada a través de las JASS, ha reconocido una serie de derechos y obligaciones que la ha empoderado y ha contribuido a transformar sus relaciones con el Estado. Con ello, se benefician tanto las comunidades como la autoridad local de turno. Unas se empoderan y la otra se legitima. La sinergia resulta en un sistema de agua potable sostenible en el tiempo: mejor calidad de agua, las 24 horas del día y clorado periódicamente, permiten niños y adultos más saludables y con más posibilidades de desarrollarse. En el ámbito del distrito capital de Cutervo, los diferentes componentes operaron de tal modo que se propició una sociedad rural más empoderada y consciente de sus derechos cuando se trata de agua y saneamiento. A diferencia de los ciudadanos rurales, los ciudadanos de las grandes urbes del país tienen poca disposición para participar activamente de los asuntos públicos. La alta presencia del Estado repercute en la apatía del ciudadano urbano, que deja la responsabilidad de los asuntos públicos a las instituciones, desentendiéndose casi por completo de ellos, lo que resulta contraproducente para el ejercicio de una ciudadanía plena. La ciudadanía rural adolece de servicios que llegan con suma dificultad y un Estado menos visible a medida que se va profundizando en el ámbito territorial. Sin embargo, los ciudadanos rurales están habituados a una mentalidad más participativa y comunitaria. Ello ha permitido que funcionen iniciativas como las Rondas y las JASS en ámbitos donde no llega la Policía Nacional ni las EPS. Las autoridades tienen un importante rol para fortalecer a las organizaciones comunales. Allí donde ellas no impulsan el proceso de empoderamiento de las JASS para la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, como en Tacabamba, las organizaciones continúan apelando al “apoyo” de las autoridades para rehabilitar los sistemas, restando así recursos para obras de mayor envergadura en el territorio. Sin embargo, donde las políticas públicas locales en agua y saneamiento llegan a implementarse sin importar la filiación política de la autoridad de turno, los resultados van a ser no solo positivos para la sostenibilidad de los sistemas, sino también para la población, que va a ejercer un derecho crucial para su desarrollo. Finalmente, aun cuando la institucionalidad de las JASS es incipiente, consideremos que los proveedores del servicio en la comunidad son ciudadanos que no perciben una remuneración y que dedican tiempo a una actividad para la cual no cuenta con la especialización del caso. Las Áreas Técnicas Municipales de cada municipalidad rural deben ser permanentemente fortalecidas, con el fin de ser ese nexo entre el usuario de agua potable rural y el Estado, todo ello con la vigilancia del sector Salud para velar que, aunque lentamente, las JASS estén proveyendo agua con los estándares debidos de calidad. El resultado final debe ser garantizar agua segura para los ciudadanos del campo y la ciudad, para de este modo tener poblaciones más saludables y contribuir a cerrar una brecha que impide un adecuado desarrollo de las personas.