It is known the case of the public attorneys that, having the opportunity to settle a controversy aroused between the public entity and the contractor, prefer to submit that dispute to arbitration with higher costs that this decision cause to the State. The reason? The concern of having «the reasonableness of his decision to settle the dispute» subjected to an administrative responsibility procedure.This paper aims to discuss this problem and analyze a possible solution. Thus, taking into consideration the Colombian experience and the recent Peruvian regulation in the «Reglamento de la Ley de APPs», the authors suggest to include in the «Nueva Ley de Contrataciones del Estado» the «Amicable Compositor» as a mechanism of alternative dispute resolution. / Es conocido el caso del procurador público que ante la posibilidad de transar los conflictos que surgen entre las entidades públicas y los contratistas, prefiere llevarlos a arbitraje con los mayores costos que dicha decisión genera para el Estado. El motivo responde a la preocupación de que se cuestione «la razonabilidad de su decisión de transar» imputándole responsabilidad mediante acciones de control.El presente artículo tiene como finalidad traer a discusión esta problemática así como una posible solución. De esta forma, teniendo en consideración la experiencia colombiana así como su reciente regulación en el Reglamento de la Ley de APPs, los autores proponen incluir en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado la figura del «Amigable Componedor» como mecanismo alternativo de solución amigable de conflictos.