En el año 2020 el mundo se enfrentó a circunstancias y situaciones imprevistas a consecuencia del brote del COVID-19, cuyo impacto generó la necesidad de plantear alternativas o revisar aquellas que estuvieran disponibles para afrontar la ocurrencia de eventos de tal magnitud. En ese contexto, uno de los sectores con mayores impactos a consecuencia de la pandemia fue el sector construcción, cuyos actores, esto es propietarios o clientes y contratistas tuvieron que encontrar la manera de salvaguardar sus contratos y conservarlos con la finalidad de cumplir con el objeto inicial y fundamental; la ejecución eficiente de la obra y el pago de la contraprestación ante un evento de la magnitud del COVID-19, sin precedentes, irresistible y extraordinario. Es así que, las partes contratantes recurrieron a sus propios contratos en búsqueda de alternativas de mitigación, y es el caso que, no encontraron una respuesta adecuada. Ante ello, en el presente trabajo de investigación surge de la necesidad de las partes de continuar con el contrato en un contexto favorable para ambas. Para lo cual se analiza, mediante el enfoque de riesgos legales, si las herramientas previstas en nuestro Código Civil peruano constituyen las herramientas idóneas que permitan a los intervinientes de un contrato de construcción mitigar de manera eficiente los impactos que un evento de tal magnitud pueda generar sobre este, y, por lo tanto, si con su aplicación se logra la conservación del contrato con los menores costos posibles para las partes.

Este artículo aborda los desafíos del principio de publicidad procesal en el contexto de las audiencias virtuales en el sistema judicial peruano. Se inicia con una revisión de la importancia del Estado de derecho y la evolución del concepto de publicidad procesal desde la perspectiva de las libertades civiles. Se examinan normativas nacionales e internacionales que respaldan este principio, haciendo especial hincapié en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal. El análisis destaca la contradicción entre la normativa y la práctica judicial, donde la publicidad se ve limitada a las partes procesales y no al público en general. Se exploran casos relevantes en la jurisprudencia peruana que abordan este principio, enfatizando su reconocimiento a nivel nacional e internacional. La segunda parte del artículo se centra en los desafíos específicos de las audiencias virtuales, surgidas como respuesta a la pandemia de la Covid-19. Aunque se argumenta que la videoconferencia no es inconstitucional, se plantea la preocupación sobre el acceso público a estas audiencias a través de plataformas como Google Meet. Se discute la falta de acceso público y sus posibles implicaciones para el principio de publicidad procesal. Se concluye proponiendo soluciones, como la creación de canales de transmisión en vivo de las audiencias de cada juzgado. Estos canales permitirían el acceso público a través de los medios de información del Poder Judicial, asegurando la publicidad de las actuaciones judiciales. El artículo destaca la importancia de estas medidas para preservar la transparencia, confianza y control ciudadano en el sistema judicial peruano. Este estudio proporciona una reflexión exhaustiva sobre los retos actuales de la publicidad procesal en un contexto de audiencias virtuales, ofreciendo propuestas concretas para mejorar la situación y garantizar la integridad del sistema judicial en el Perú. / This article addresses the challenges of the principle of procedural publicity in the context of virtual hearings in the Peruvian judicial system. It begins with a review of the importance of the rule of law and the evolution of the concept of procedural publicity from the perspective of civil liberties. National and international regulations that support this principle are examined, with special emphasis on the Political Constitution of the State and the Criminal Procedure Code. The analysis highlights the contradiction between the regulations and judicial practice, where publicity is limited to the procedural parties and not to the general public. Relevant cases in Peruvian jurisprudence that address this principle are explored, emphasizing its recognition at the national and international level. The second part of the article focuses on the specific challenges of virtual hearings, which emerged in response to the Covid-19 pandemic. Although it is argued that video conferencing is not unconstitutional, concerns are raised about public access to these hearings through platforms such as Google Meet. The lack of public access and its possible implications for the principle of procedural publicity are discussed. It concludes by proposing solutions, such as the creation of live broadcast channels of the hearings of each court. These channels would allow public access through the information media of the Judiciary, ensuring publicity of judicial proceedings. The article highlights the importance of these measures to preserve transparency, trust and citizen control in the Peruvian judicial system. This study provides an exhaustive reflection on the current challenges of procedural publicity in a context of virtual hearings, offering concrete proposals to improve the situation and guarantee the integrity of the judicial system in Peru. / Trabajo académico

El presente trabajo destaca la importancia de proteger a los consumidores vulnerables, situación que se pudo ver reflejada a especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19, y aboga por la necesidad de legislar al respecto. La resolución final confirmó que el banco infringió el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero solo bajo un incumplimiento en su deber de idoneidad, dejando de lado la desventaja en la que se encontraba la denunciante, al ser parte de un grupo vulnerable. Se propone así, que se tomen en cuenta las necesidades de los consumidores vulnerables en las políticas públicas y que se implemente una normativa más detallada para protegerlos. Por otro lado, se cuestiona si la sanción impuesta por el órgano resolutorio fue correcta, a fin de garantizar la protección los derechos de los consumidores vulnerables, y mitigar prácticas abusivas por parte de los proveedores. Finalmente, se concluirá que a pesar que la figura del consumidor vulnerable sea mencionada en ciertos textos normativos peruanos, esta no cuenta con leyes suficientes para protegerlos eficientemente. Así, se recomiendan medidas para garantizar un acceso equitativo en el mercado, como tambien una mejor atención al cliente para estos grupos, mediante una tutela reforzada. / This paper highlights the importance of protecting vulnerable consumers, a situation that was particularly evident, especially in light of the COVID-19 pandemic, and advocates for the need to legislate accordingly. The final resolution confirmed that the bank violated the Consumer Protection and Defense Code, but only in terms of its failure to fulfill its suitability duty, overlooking the disadvantage faced by the complainant as part of a vulnerable group. It is thus proposed that the needs of vulnerable consumers be taken into account in public policies and that more detailed regulations be implemented to protect them. Furthermore, there is a question about whether the sanction imposed by the resolving body was appropriate to ensure the protection of vulnerable consumers' rights and to mitigate abusive practices by providers. Finally, it will be concluded that despite the mention of vulnerable consumers in certain Peruvian regulatory texts, there are not sufficient laws to effectively protect them. Therefore, measures are recommended to ensure equitable market access and improved customer service for these groups through strengthened oversight.