Para el año 2025 casi la cuarta parte de la población peruana estará conformada por adultos mayores. Esta situación amerita que el gobierno (i) tome acciones específicas e inmediatas para garantizar el ejercicio y la defensa efectivos de los derechos fundamentales de este grupo humano, durante muchos años enterrado vivo socialmente por encontrarse en una etapa del ciclo vital que resulta ser un campo fértil para la marginación, el maltrato, la falta de empleo acorde con sus habilidades, la carencia de lugares de recreación y de superación; (ii) cree las condiciones sociales y económicas necesarias para prever el surgimiento de una población más envejecida y adecuar la oferta de los sectores sociales a los cambios etarios de la demanda; asimismo, generar un entorno que permita una mayor participación de las personas mayores en el mercado de trabajo, las redes y organizaciones sociales y el plano comunitario1; (iii) incorpore en sus políticas públicas la satisfacción de las necesidades, derechos y obligaciones de la tercera edad, partiendo del respeto de los derechos fundamentales de todo ser humano y aquellos especiales atendiendo al ciclo vital en que se encuentran los adultos mayores.