Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Hoy existe un amplio consenso en que la fuerza normativa y la supremacía de la Constitución requieren ser salvaguardadas institucionalmente, como una forma de garantizar los derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional es el ámbito donde se ejerce su defensa y se cautela el cumplimiento de sus disposiciones, que tiene por objeto primordial limitar a través de normas constitucionales el poder de los gobiernos. Estas normas se traducen en procedimientos e instituciones dotadas de las herramientas necesarias para ejercer con eficacia el control jurisdiccional de constitucionalidad respecto tanto de los órganos estatales como de particulares.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es importante destacar, tomando en consideración el titulo de este modesto trabajo, que el hecho de tratar el recurso o acción constitucional del artículo 12 de la Constitución en relación con la reforma del 2005 -reparando en que la disposición referida no ha sido objeto de modificación alguna desde su instauración en la Constitución de 1980- no ha sido antojadizo, pues no se puede dejar de observar el grado de influencia que representan las fuentes y las causales de pérdidas de la nacionalidad, contempladas en el articulo 10 y 11 de la Constitución, en las causales hipotéticas que habilitan para entablar la acción que concede el artículo 12 de la Carta Fundamental (mas allá de la causal genérica que contempla la norma constitucional ya señalada). Además de lo expuesto, deseo poner de sobre aviso el enfoque del trabajo en orden al prisma, que diferentes ramas del Derecho, le dan al tema de la Nacionalidad, optándose por la del Derecho Constitucional, que es sin duda donde con mayor amplitud y detención los tratadistas y docentes tratan el estatuto, sin embargo, esto no nos impedirá detenernos, con la atención que merezca, en materias que directa o 8 indirectamente tienen relación con la nacionalidad y que regularmente son tratados en otras ramas del Derecho 2. Luego de la introducción, precisiones y aclaraciones realizadas estamos en condiciones de comenzar la revisión del tema que nos convoca, el cual desarrollaremos de lo general a lo particular tratando de abarcar todos los ámbitos de interés, procurando no apartarnos del objeto y objetivo de esta memoria

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La regulación del medio ambiente es relativamente reciente en Chile, haciéndose necesaria una revisión sobre su establecimiento a fin de generar mayor comprensión jurídica. Dentro de ella es vital el estudio de los mecanismos de tutela, especialmente la tutela constitucional en atención a su jerarquía y, puesto que además, irradia a todo el ordenamiento jurídico. Por ello pretendo analizar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, concretamente el mecanismo de tutela existente en caso que alguna acción (u omisión) afecte de forma ilegal este derecho1, analizar las razones que motivaron su regulación, su extensión y cómo ha operado en la práctica. Este derecho es bastante peculiar. Tal como se señaló en la moción sobre la modificación a la garantía constitucional en comento: los graves índices de contaminación que se registran en nuestro país ponen de relieve la necesidad de crear una mayor conciencia ciudadana y un control más estricto sobre quienes, amparándose en procedimientos de larga duración o en la carencia de una legislación ambiental coherente, permiten o realizan actos que provocan serios daños al desarrollo de un entorno capaz de permitir una vida sana y de preservar un ambiente adecuado para las generaciones venideras. (BIBLIOTECA DEL 1 Artículos 19 N° 8 y 20 inciso 2°, Constitución Política de la República. v CONGRESO NACIONAL DE CHILE [BCN]. Historia de la Ley N° 20.050 Reforma Constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la República [en línea]. [fecha de consulta: 13 de julio de 2015]. P. 275. Disponible en: <http://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=241331>). Estas palabras evidencian que se trata de un derecho colectivo, donde las medidas que digan relación con él afectarán a toda la población, incluso aquella que no ha tomado parte del proceso o se encuentra fuera de nuestras fronteras, motivo por el cual resulta imperioso concretizarlo