Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro país ha llegado al bicentenario de su existencia, celebración que ha coincidido con el ingreso de Chile como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD ), convirtiéndose en el primer país sudamericano en ingresar a dicha organización, y el número 31° a nivel mundial, luego de 10 años en los cuales ningún país ingresó a la organización desde Eslovaquia que lo hizo en el año 2000. Este ingreso fue conseguido por nuestro país como corolario de varios años de estudios y recomendaciones por parte de esta organización, en los que se ha intentado identificar la situación económica del país, sus virtudes y deficiencias, y las medidas mediante las cuales debería lograrse un crecimiento y desarrollo económico sustentables en el tiempo comparables al nivel de los países que integran la OECD. De esta manera, una de las importantes deficiencias que ha sido detectada en los “Economic Surveys” sobre el país realizados por esta organización, es justamente la que dice relación con el bajo nivel de inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D), el cual se encuentra muy disminuido en comparación con el estándar de gasto en esta materia por parte de los países miembros de la OECD. Verbigracia, el gasto en I+D en nuestro país asciende al 0,4% del PIB, a diferencia de los países desarrollados miembros de la OECD que invierten aproximadamente 2,3% del PIB. Otro dato relevante es que en Chile sólo un 43,7% de la inversión es realizada por las empresas del sector privado, a diferencia del nivel alcanzado por el promedio de los países miembros de la OECD que asciende a un 64% del mencionado sector Esta situación que como país pretendemos revertir resulta trascendental a efectos de acrecentar nuestro desarrollo económico. Tomando las recomendaciones entregadas por la organización, Chile tiene dentro de sus objetivos primordiales el aumento de la inversión privada en I+D, la cual viene a ser un combustible vital para motorizar el crecimiento y la innovación en ciencia y tecnología, con el impacto positivo en la competitividad empresarial que ello significa, y por ello el consecuente aumento del desarrollo económico. Para la consecución del objetivo planteado, ha sido promulgada el año 2008 la Ley 20.241 que establece incentivos tributarios a la inversión privada en I+D, específicamente un mecanismo de crédito contra el impuesto de primera categoría (en su mayoría soportado por las empresas), respecto de los pagos que se realicen en virtud de Contratos de Investigación y Desarrollo celebrados con centros de investigación acreditados por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). El objetivo propuesto por el legislador por medio de esta iniciativa normativa, ha sido acercar a dos mundos distintos, por un lado, las instituciones de investigación y las universidades, quienes concentran el grueso de los estudios e investigaciones y avances tecnológicos, y por otro lado, el mundo empresarial, con el fin de promover el emprendimiento con base tecnológica, entregando incentivos económicos directos al sector privado para ello. A casi 3 años de la entrada en vigencia de esta ley, se han detectado en ella graves falencias que la hacen excesivamente burocrática y “poco práctica” lo cual puede traducirse finalmente en un desincentivo a su uso, cuestión paradójica ya que se trata de una normativa legal de incentivo. Por esta razón, en el presente trabajo analizaremos las ventajas entregadas por la ley, sus deficiencias, y como podrían mejorarse. El análisis de este trabajo consistirá en abordar la situación existente en el país respecto a incentivos tributarios en I+D con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N°20.241, verificando la existencia de incentivos en esta área y su efectividad como medidas de fomento; se analizará la situación en otros países, como Estados Unidos, Brasil, España, y México, constatando las distintas opciones respecto a incentivos tributarios e implementación de medidas que han sido tomadas en Derecho Comparado. Efectuaremos una prueba de rendimiento a la Ley N°20.241, para determinar las deficiencias del mecanismo y como éste podría ser mejorado, analizando el proyecto de ley que actualmente pretende su modificación ampliando las ventajas contenidas en la ley, y como éste se plasmó definitivamente en la Ley N° 20.570