Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En la presente memoria se busca realizar un análisis de los delitos de asociación ilícita y de la asociación ilícita terrorista desde el punto de vista de su tratamiento, especialmente respecto al iter criminis, el bien jurídico protegido y el concurso de delitos, como también desde la perspectiva de la evolución de la política criminal de la seguridad ciudadana, que en materia de terrorismo, comienza a desarrollarse a partir del año 1984 concretizado por medio de la dictación de la Ley n° 18.314, desde la óptica de los elementos de la teoría del delito, evolución la cual, en la actualidad, a tenido especial relevancia dada la creciente actividad delictiva de personas organizadas, las cuales actúan ocultando su rostro, para evitar su identificación. Asimismo, se expondrá el tratamiento de estas actividades de organizaciones criminales, en relación a que es lo que la ciudadanía y el Estado buscan y se proponen para prevenirlas, dilucidando cuales son los bienes jurídicos protegidos, del delito de asociación ilícita, como su evolución en materia procesal penal. Luego, se analizara la asociación ilícita propiamente tal desde la perspectiva del iter criminis y como esta se puede relacionar a las conductas terroristas para luego exponer a grandes rasgos la ley N°18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Finalmente se indagara en la actual política criminal y en el tratamiento que han tenido tanto la jurisprudencia, como los distintos gobiernos de turno, en cuanto a la problemática del concurso de delitos que concurre en caso de configurarse además de la asociación ilícita, el delito terrorista y el delito de desordenes públicos, como consecuencia del actuar de determinados grupos delictuales organizados en Chile en la búsqueda de objetivos sociales, políticos y económicos.

Esta ilustre corporación, puede decirse, es la más antigua Facultad universitaria nacional, por cuanto sus orígenes se remontan a la misma creación de la Universidad de San Felipe y su funcionamiento es interrumpido, desde 1758 hasta hoy, Los 1946s que corren entre 1810 y 1842 la ven circunscrita al orden meramente académico, pero conservando su rango. y su función de otorgamiento de títulos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El proceso sobre el cual trataremos es reciente, aun cuando siempre ha existido el trabajo y los sistemas políticos, ya sea más o menos sofisticados, unos y otros, el problema de la participación en materia política y en el proceso productivo, no se plantea en términos amplios, sino ya en el siglo XX, pues anteriormente las estructuras económicas y políticas, diferían sustancialmente de las de la actualidad y eran reacias a la democracia (entendida en un sentido moderno, de participación social y de protección de derechos fundamentales por parte del Estado, no en el sentido historicista que hace ver su existencia desde hace más de 2.500 años). Lo determinante en la materia que tratamos es sin duda el cambio en la manera de producción llamado “Revolución Industrial” que vive la humanidad hacia el siglo XVIII, ya que a través de éste el estilo de vida tradicional y sus formas de representación cambiaran drásticamente. A finales del Medioevo la estructura económica de Europa comenzó a cambiar, el renacimiento de las ciudades, el progreso de la técnica y los nuevos inventos, aceleraron el cambio de la estructura autárquica y feudal al intercambio comercial y financiero de las ciudades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria, es realizar un análisis de la jurisprudencia laboral y administrativa para determinar la extensión de la responsabilidad de la empresa principal. Para esto, se han identificado tres aspectos problemáticos: En primer lugar, si existió una evolución en la jurisprudencia judicial y administrativa que llevara a un concepto unívoco de “obligaciones laborales y previsionales” por las que debe responder la empresa principal en la subcontratación; en segundo lugar, si la ley 20.123 da cuenta de esta evolución; en tercer lugar, y por último si esta nueva respuesta del estado es suficiente y efectiva para la protección de los trabajadores subcontratados. La metodología utilizada para llevar adelante esta investigación, consistió en determinar y clasificar fallos de los tribunales de justicia y dictámenes de la dirección del trabajo de distintos periodos, para determinar con ellos la evolución de la extensión de la responsabilidad de la empresa principal en el régimen de subcontratación, lo que permitirá realizar un análisis crítico de la regulación en materia de responsabilidad de la empresa principal en la ley 20.123. Esta investigación concluye sosteniendo que no hubo una evolución que llevó a un concepto unívoco en la jurisprudencia judicial, pues los distintos Tribunales de Justicia no han estado de acuerdo en el contenido que debe tener este concepto, al contrario de lo ocurrido en la jurisprudencia administrativa, la que fue resolviendo progresiva y uniformemente los problemas que le eran sometidos a su conocimiento. Es esta última respuesta la que la ley 20.123 viene a recoger. Por último, se concluye que la solución que otorga esta ley no es suficiente para lograr una protección efectiva de los derechos de los trabajadores subcontratados.