Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N˚184 -2008-EF, realizan procesos de selección que dependerán del objeto de la contratación y la cuantía. Como resultado del proceso de selección, la entidad otorga la buena pro a un proveedor del Estado, con quien corresponderá formalizar una relación contractual, ya sea a través de la suscripción de un contrato o de la recepción de una orden de compra o de servicio, no siendo posible esta última alternativa para los casos de obras. La formalización de la relación contractual o perfeccionamiento del contrato genera un conjunto de obligaciones para las partes, las mismas que deben ser cumplidas con la finalidad de conservar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cuando las entidades públicas contratan para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, existen acciones u omisiones que podrían generar el enriquecimiento sin causa a su favor, con el consecuente empobrecimiento del proveedor / Tesis

La corrupción tiende a ser abordada y enmarcada principalmente en torno a sus manifestaciones más visibles y mediáticas, las cuales suelen consistir en transacciones económicas de naturaleza ilícita. No obstante, este enfoque reduccionista soslaya otras manifestaciones igualmente perniciosas del fenómeno, cuyos impactos diferenciados sobre grupos vulnerables, como las mujeres, son a menudo ignorados, minimizados o desvinculados del discurso anticorrupción. A modo ilustrativo, se presentan escenarios en los que la corrupción se entrelaza con estructuras patriarcales preexistentes, configurando un sistema en el que los cuerpos y la dignidad de las mujeres se convierten en "monedas de cambio", incidiendo en la vulneración sistemática de sus derechos. Ante tal contexto, el presente Informe Jurídico, a partir del análisis de la sentencia de Apelación N°14-2015/NCPP, tiene como objetivo principal coadyuvar a la visibilización de las dimensiones de género inherentes al delito de cohecho pasivo específico que tengan como medio corruptor los favores sexuales, y subrayar la necesidad de aplicar la perspectiva de género como herramienta metodológica en el análisis y tratamiento de estos casos. Para ello, el presente trabajo ha empleado diversos recursos para un análisis adecuado, tales como la referencia a jurisprudencia y doctrina nacional como comparada. Siendo que, tras una investigación exhaustiva, se concluyó efectivamente que los jueces de la Corte Suprema de Justicia no impartieron justicia con perspectiva de género en el caso analizado. / Corruption tends to be addressed and framed primarily around its most visible and mediatic manifestations, which usually consist of economic transactions of an illicit nature. However, this reductionist approach overlooks other equally pernicious manifestations of the phenomenon, whose differentiated impacts on vulnerable groups, such as women, are often ignored, minimised or dissociated from the anti-corruption discourse. By way of illustration, scenarios are presented in which corruption is intertwined with pre-existing patriarchal structures, configuring a system in which women's bodies and dignity become "bargaining chips", leading to the systematic violation of their rights. In this context, the main objective of this Legal Report, based on the analysis of the Appeal Judgement N°14-2015/NCPP, is to contribute to the visibility of the gender dimensions inherent to the crime of specific passive bribery with sexual favors as a corrupting means, and to underline the need to apply the gender perspective as a methodological tool in the analysis and treatment of these cases. To this end, this paper has employed various resources for an adequate analysis, such as reference to national and comparative jurisprudence and doctrine. After an exhaustive investigation, it was effectively concluded that the judges of the Supreme Court of Justice did not impart justice with a gender perspective in the case analyzed.

Durante los últimos años los Estados vienen incentivando la participación del sector privado como agente colaborador en la lucha contra el soborno. En ese contexto, varios países han aceptado la premisa de que las personas jurídicas pueden ser objeto de responsabilidad penal por los delitos de soborno que cometan las personas naturales relacionadas a ella. Así, nuestro país se ha sumado a esta tendencia al aprobar la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa1 de las personas jurídicas; la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los que pueden ser sancionadas, entre ellos, el soborno. Por otro lado, son las empresas del sector construcción quienes observan con especial atención las implicancias de esta reforma, debido a que, dadas las características de sus actividades están expuestas al riesgo del soborno en mayor medida. Así también, esta regulación ha previsto la implementación de un modelo de prevención al interior de la empresa, como circunstancia atenuante o eximente de responsabilidad ante la comisión de un delito. En el presente trabajo de investigación se identifican los factores esenciales que deben tomar en cuenta las empresas constructoras, durante la elaboración del plan de administración del riesgo del soborno, como elemento principal del modelo de prevención; entendiéndose por estos factores, al proceso de selección del personal, las relaciones con socios comerciales, el registro de gastos en proveedores, las políticas de beneficios a terceros y las políticas de agentes intermediarios en la empresa / Trabajo de investigación

Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N˚184 -2008-EF, realizan procesos de selección que dependerán del objeto de la contratación y la cuantía. Como resultado del proceso de selección, la entidad otorga la buena pro a un proveedor del Estado, con quien corresponderá formalizar una relación contractual, ya sea a través de la suscripción de un contrato o de la recepción de una orden de compra o de servicio, no siendo posible esta última alternativa para los casos de obras. La formalización de la relación contractual o perfeccionamiento del contrato genera un conjunto de obligaciones para las partes, las mismas que deben ser cumplidas con la finalidad de conservar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cuando las entidades públicas contratan para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, existen acciones u omisiones que podrían generar el enriquecimiento sin causa a su favor, con el consecuente empobrecimiento del proveedor