El proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett y Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao presenta demoras importantes en la ejecución de las inversiones obligatorias, originadas por el retraso en la entrega de las áreas de la concesión y en la aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI). Dichas demoras, responden a incentivos generados por situaciones de riesgo moral que se presentan tanto en el diseño institucional de la Asociación Público Privada (APP), así como en el diseño contractual, generando incertidumbre respecto a la idoneidad del modelo de APP para la ejecución de proyectos en el país. El riesgo moral se define como existencia de información privada que puede ser usada en su propio beneficio, traduciéndose en la realización de acciones ocultas por alguna de las partes, que en muchos casos se materializan en menores esfuerzos y que en nuestro caso se han evidenciado en la demora de entrega de terrenos o la ejecución de acciones que hacen más lento dicho proceso. En este estudio se han podido identificar 2 tipos de relaciones en las que se pueden presentar problemas de riesgo moral. La primera, en la etapa de promoción en la que los intereses políticos pueden buscar acelerar la realización de la concesión, afectando la calidad de los estudios, lo que puede ser agudizado con el interés de Proinversión de cumplir con su meta de adjudicar la concesión, pero que posteriormente pueden inducir a adendas que demoran la ejecución. La segunda, en la etapa de ejecución, en la que el concesionario puede buscar retrasar la aceptación de predios, a fin de dilatar la ejecución de las inversiones para incrementar su rentabilidad. Si bien el Estado viene ejecutando medidas como la actualización del marco normativo de las APP, la creación de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe), ellas no apuntan a resolver el problema en análisis; no obstante, el presente trabajo muestra que el problema de atraso en la ejecución de las inversiones obligatorias tiene su origen en el diseño contractual, para cuya resolución se recomienda establecer e implementar herramientas de gestión que consideren las situaciones de riesgo moral advertidas, para ayudar a mejorar el desempeño del Estado en las inversiones.