Los conflictos socioambientales son la agenda pendiente en el Estado peruano. La longevidad y los episodios de violencia que los caracteriza son producto del deficiente manejo del tema ambiental en el aparato estatal. Ante ello, surgen diversas organizaciones civiles que se encargan no solo de exigir mecanismos de diálogo, sino también buscan participar dentro de la toma de decisiones que surgen dentro de estos procesos como parte de la población que sufre los efectos directos e indirectos de los proyectos extractivos. Sin embargo, las mesas de diálogo parecen reproducir y agudizar las desigualdades que preexisten entre los actores que lo conforman, por lo que vuelve más complicado la meta de lograr incidencia política. Por ende, los casos, en los cuales la población ha salido victoriosa, son pocos y deben ser revisados de manera más profunda. La presente investigación busca ofrecer un análisis a la literatura acerca de los factores que explican la capacidad efectiva de las organizaciones civiles dentro de contextos de conflictividad ambiental. Sobre todo, se hace un acercamiento al caso de Espinar durante el 2020. Esto es debido a que, durante el periodo de emergencia sanitaria, las asimetrías se profundizaron, pero aún así los conflictos continuaron. Ante este escenario, las comunidades de Espinar pudieron negociar la entrega de un bono económico ante la profunda negativa de la empresa Antapaccay. El trabajo busca añadir un enfoque desde la ciencia política y también resaltar la actuación de ciertos actores locales durante contextos de emergencias.