El objetivo de la presente investigación es explicar por qué el Estado peruano no ha tenido éxito en su lucha contra el contrabando en la región Puno durante el periodo 2011-2019. Para lograr este objetivo, se parte desde un enfoque que considera la importancia del contexto regional para entender la capacidad de respuesta del Estado peruano frente a este desafío. Es así que se toma en cuenta la noción de standoffish states de Slater y Kim (2015); el conjunto de estrategias de blame avoidance que identifica Hood (2011) en el marco de la Administración Pública; y el concepto de forbearance de Holland (2017). En este sentido, se propone como hipótesis que la dinámica socioeconómica de la región Puno influye negativamente en el desempeño de la respuesta estatal frente al contrabando a través de tres mecanismos causales: un comportamiento tipo standoffish state a nivel nacional, el uso de estrategias de blame avoidance a nivel intermedio, y el ejercicio de forbearance redistributivo a nivel local. La importancia de esta investigación radica en la posibilidad de encontrar explicaciones alternativas que permitan entender el desempeño de la capacidad estatal ante determinados contextos. Asimismo, se espera que este trabajo no solo contribuya a la academia, sino que pueda ayudar a mejorar la capacidad de respuesta estatal.

El ingreso de productos de contrabando por la frontera del departamento de Puno es un desafío al Estado peruano trascendente y continuo en el tiempo. Desde al menos el año 2004, el contrabando que proviene del departamento de Puno representa entre el 40% y 45% del total de contrabando que ingresa al territorio peruano (SUNAT, 2021, 2022). Existe un statu quo subyacente a dicha continuidad temporal. Por un lado, los ciudadanos departamentales participan de forma generalizada en el proceso de contrabando, como consumidores o comerciantes. Por otro lado, el Estado peruano destina recursos y realiza esfuerzos por aplicar la ley, con resultados limitados en el día a día, pero significativos en ocasiones puntuales. Es decir, se trata de un statu quo en el que, si bien la transgresión de la ley predomina en el departamento de Puno, la aplicación de la ley resulta posible, y, por tanto, el Estado de derecho no es completamente irrelevante. ¿Qué factores hacen posible la estabilidad del statu quo anteriormente descrito? La presente investigación tiene como objetivo dar respuesta a esta pregunta. En una primera aproximación, desde el enforcement, se observa la importancia de la complementariedad entre la capacidad estatal y el rol de los actores sociales. Ante las limitaciones de capacidades estatales en el departamento de Puno, la acción de los actores sociales a favor y en contra de la aplicación de la ley cobra importancia. La intervención de los actores sociales en contra de la aplicación de la ley es cotidiana, mientras que la intervención de su contraparte es eventual. El resultado es el predominio del delito en el día a día, y el éxito ocasional en la aplicación de la ley. En una segunda aproximación, más allá del enforcement, se advierte la relevancia de la legitimidad del contrabando. Por un lado, el contrabando se considera una actividad económica legítima para los ciudadanos del departamento de Puno, dadas sus consecuencias redistributivas en un contexto de pobreza monetaria y desempleo. Por esta razón, la participación ciudadana en el proceso de contrabando es generalizada, y existen demandas de liberalización del comercio fronterizo. Por otro lado, el contrabando perjudica los ingresos aduaneros y las actividades industriales nacionales. En consecuencia, el Estado central y los gremios empresariales nacionales consideran ilegítima a esta actividad, y realizan esfuerzos por aplicar la ley. La disputa en torno a la legitimidad no solo se expresa en el enforcement, sino también en la arena política. Los políticos del departamento de Puno recogen las demandas de liberalización de comercio fronterizo, y presentan proyectos de Ley para crear una Zona Franca Comercial en Puno. Sin embargo, las instituciones técnicas del Estado central y los gremios empresariales nacionales se oponen con éxito a estas iniciativas en el Poder Legislativo, y, en consecuencia, el statu quo se preserva.