El presente trabajo de investigación busca analizar el auge del tráfico comercial, a través de los contratos por adhesión y de las cláusulas generales de contratación, y su relación con los derechos de los consumidores y la inclusión de cláusulas abusivas. Uno de los objetivos es desarrollar a nivel teórico-doctrinario los alcances y contenido de las Cláusulas Abusivas, partiendo de la propia regulación. Asimismo, un segundo objetivo es llevar el ámbito teórico-doctrinario al ámbito práctico, en el que se analizará la controversial Resolución N° 243-2018/SPC (resolución de la canchita), en lo pertinente al extremo de la cláusula abusiva. Finalmente, otro de los principales objetivos es proponer el sentido social y humanista que también deben tener dichos contratos y no solo brindarle un beneficio al empresario o proveedor, a través de la estandarización y el dinamismo económico que se pueda generar. Por otro lado, con relación a las conclusiones, la principal de ellas es que sí es legítima y necesaria la regulación de las cláusulas abusivas en la contratación masiva a efectos de brindarles protección a los consumidores, ello en tanto el consumidor en el Perú no es diligente y porque a desde el Derecho Romano el principio de buena fe ha sido la columna vertebral de la contratación civil y comercial. En ese sentido, a efectos de que se respeten estándares de equilibrio y de los principios principales y generales de contratación, se debe brindar protección normativa. Con relación a la Resolución propuesta, se concluye que sí significó una cláusula abusiva.

Mediante el presente informe, se lleva a cabo el análisis del tan sonado caso de Aspec vs. Cineplex, en donde la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) determinó que prohibir a los consumidores el ingreso de alimentos comprados fuera de los cines, era una cláusula abusiva de ineficacia absoluta. Según lo desarrollado por la Sala, la prohibición infringía el artículo 50° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues presuntamente vulneraba el derecho a optar libremente de los consumidores. La medida correctiva aplicada en este caso, fue dejar de aplicar dicha restricción, permitiendo a los consumidores a acudir a los recintos de los cines e ingresar alimentos comprados fuera, si bien se trató de una decisión beneficiosa para los consumidores, la misma resultaba jurídicamente insostenible. La Sala dejó de lado pronunciamientos previos en donde se establecían criterios para analizar correctamente la presencia de cláusulas abusivas, y determinó que existía un desequilibrio entre las partes en base a términos económicos. Por otro lado, la resolución final evidenció que la Secretaría Técnica enfrentaba problemas al momento de imputar los tipos infractores en casos relacionados a cláusulas abusivas, incumpliendo el deber de encauzamiento de la autoridad contenido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. / This investigation carries out the research of the much talked about case of Aspec vs. Cineplex, in which the Specialized Chamber for Consumer Protection determined that prohibiting consumers from entering food purchased outside theaters was an abusive clause of absolute ineffectiveness. The banning violated the article 50 of the Consumer Protection and Defense Code, since it violated the right to choose freely of consumers. The corrective measure that was applied to this case was to stop applying the restriction, now consumers could go to movie theaters and bring food bought outside, although it is a beneficial decision for consumers, but this decision is legally unsustainable. The Chamber set aside previous pronouncements where criteria was established to correctly analyze the presence of unfair terms, and determined that there was an imbalance between the parties based on economic terms. On the other hand, the final resolution evidenced that the Technical Secretariat of the Consumer Protection Commission faces problems at the moment of imputing the infringing types in cases related to abusive clauses, breaching the duty of channeling the authority contained in the Consolidated Text of Law No. 27444, Law of General Administrative Procedure.

El presente informe tiene por finalidad plantear una crítica a lo resuelto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor sobre el reembolso de la cuota de ingreso a los padres de familia, por parte de los colegios privados, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 002-2020. Mediante este, se analizará si la cláusula contractual que restringe la devolución de la cuota de ingreso, pese a no haberse iniciado el servicio educativo, constituye una cláusula abusiva de ineficacia relativa. Se examinan los conceptos de cláusulas abusivas y contratos por adhesión, y su regulación en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, destacando los criterios establecidos por el Indecopi para identificar dichas cláusulas. Así, se deja de lado los criterios utilizados originalmente por la Comisión y la Sala en torno al artículo 1431º del Código Civil para resolver el presente caso, a fin de abordar un desarrollo que busca demostrar que la cláusula materia del presente estudio impone una desventaja injustificada y significativa al consumidor, violando el principio buena fe. Se recurre a jurisprudencia tanto administrativa como constitucional, para determinar que la cláusula supone un obstáculo desproporcionado y oneroso. Asimismo, el informe subraya la importancia del derecho fundamental a la educación, indicando que el Indecopi debe evaluar la naturaleza del servicio educativo al analizar estas cláusulas de manera integral y no solo recurriendo a la normativa civil. / The purpose of this report is to criticize the decision of the Sala Especializada en Protección al Consumidor regarding the refund of the enrollment fee to parents by private schools prior to the entry into force of Decreto de Urgencia Nº 002- 2020. Through this, it will be analyzed whether the contractual clause that restricts the refund of the enrollment fee, despite the fact that the educational service did not even start, constitutes an abusive clause of relative ineffectiveness. The concepts of abusive clauses and adhesion contracts and their regulation in the Code of Consumer Protection and Defense are examined, highlighting the criteria established by Indecopi to identify such clauses. Thus, the criteria originally used by the Commission and the Chamber regarding article 1431º of the Civil Code are set aside to resolve the present case, in order to address a development that seeks to demonstrate that the clause in question imposes an unjustified and significant disadvantage to the consumer, in violation of the principle of good faith. Both administrative and constitutional jurisprudence is used to determine that the clause represents a disproportionate and onerous obstacle. Likewise, the report underlines the importance of the fundamental right to education, indicating that Indecopi must evaluate the nature of the educational service when analyzing these clauses in a comprehensive manner and not only resorting to civil regulations.