Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el desarrollo de este trabajo, se ha manifestado de una manera reiterada la falta de un criterio uniforme en relación ha si los contratos que celebra la administración, constituyen una figura contractual que se rige por normas de derecho público o por la ley común privada en nuestro ordenamiento jurídico. Esta situación obedece a que los contratos administrativos no han logrado posesionarse como una institución jurídica clara con principios irrefutables y concretos . En otras legislaciones y ordenamientos jurídicos, se reconoce la existencia de estos contratos, acordes con su legislación, doctrina y jurisprudencia, situación que no es tan manifiesta en nuestro país. A pesar de no tener una aceptación unánime entre los tratadistas nacionales, no cabe duda alguna que estos contratos tienen plena aplicación en las relaciones del Estado con los particulares, ya sea que respondan a principios propios o adaptados cumplen actualmente un importante papel en las políticas nacionales, ligadas sobre todo a las materias de infraestructura e inversiones públicas.