El presente informe tiene como objetivo determinar cuándo es que se incurre en culpa inexcusable o negligencia grave en los contratos electrónicos a propósito de los supuestos de phishing. Para lograr tal cometido fue necesario analizar junto a la culpa inexcusable otros conceptos como la culpa leve, culpa levísima, buena fe, la diligencia ordinaria y el deber de información. Asimismo, al tratarse de un caso de responsabilidad por inejecución de obligaciones (contractual) fue necesario realizar el juicio de responsabilidad a efectos de determinar un eventual daño. Nos referimos al análisis material (antijuridicidad, daño, nexo causal) y al análisis de imputabilidad (criterios de imputación). Teniendo en cuenta que el incumplimiento de los contratos celebrados en la vida social o de relación pueden ventilarse no solo en la vía civil sino también en la vía penal (estafa) y vía administrativa (infracción del deber de información). Es que decidimos ampliar nuestra investigación al derecho de los consumidores lo que ameritó no solo escudriñar las normas propias del Código Civil peruano de 1984 sino también el Código de Protección y Defensa de los consumidores. Finalmente, luego de hacer un apretado análisis doctrinario legislativo y jurisprudencial fue que llegamos a la conclusión de que a pesar que las relaciones civiles y de consumo partan de supuestos distintos (una igualdad material de un lado y una asimetría informativa por el otro), los conceptos de diligencia ordinaria y deber de información tienen el mismo alcance en ambas sedes. / The objective of this report is to determine when inexcusable fault or gross negligence is incurred in electronic contracts regarding the assumptions of phishing. To achieve this task, it was necessary to analyze, together with inexcusable fault, other concepts such as slight fault, very slight fault, good faith, ordinary diligence and the duty of information. Also, as it is a case of liability for non-performance of obligations (contractual) it was necessary to carry out a liability trial in order to determine possible damage. We are referring to the material analysis (unlawfulness, damage, causal link) and the imputability analysis (imputation criteria). Bearing in mind that breach of contracts entered into in social or relationship life can be dealt with not only in civil proceedings but also in criminal proceedings (fraud) and administrative proceedings (violation of the duty to inform). It is that we decided to expand our investigation to the right of consumers, which merited not only scrutinizing the norms of the Peruvian Civil Code of 1984 but also the Code of Protection and Defense of consumers. Finally, after making a tight legislative and jurisprudential doctrinal analysis, we came to the conclusion that despite the fact that civil and consumer relations start from different assumptions (material equality on the one hand and informational asymmetry on the other), the concepts of ordinary diligence and duty of information have the same scope in both venues.