Esta tesis sobre la fortaleza del populismo punitivo tiene sentido en aquellas sociedades que tienen la justicia restaurativa como principio rector incluido, como es el caso español, en muchas de sus constituciones. Asistimos en la actualidad a un proceso tensión y cambio sustantivo que afecta a lo que han sido las doctrinas establecidas en las sociedades avanzadas en lo referido al tratamiento de los delitos y de aquellos que los cometen. Un cambio que sin formar parte explícitamente de la agenda y debate público, va calando progresivamente en las legislaciones europeas. La transformación desde una justicia restaurativa hacia una de naturaleza punitiva puede realizarse sin necesidad de una declaración formal o un cambio doctrinal. Basta con modificaciones legales que, aun contradiciendo el principio general, proceda en la dirección de endurecimiento de las penas o la reducción de derechos. Y esa es la cuestión central, el modo en que el populismo punitivo va logrando influir en las normativas penales como consecuencia de un apoyo social movilizado por diferentes frentes. En la práctica, como trata en esta tesis, existe un sustrato cultural en estas sociedades que facilita la difusión del punitivismo. La justicia restaurativa representa un contrapunto intelectual a la justicia retributiva que ha sido la aplicada tradicionalmente, en muchas ocasiones con apoyo y legitimación religiosa. En cierto sentido, la noción popular de justicia está más próxima a la venganza que a la comprensión racional del delito. En esta investigación se expone, como punto de partida, el debate tradicional iniciado durante la ilustración entre lo que se ha dado en llamar justicia retributiva y otra forma alternativa, la justicia restaurativa según la cual el castigo debe de servir a la rehabilitación y reeducación de aquellos que cometen delitos. Un debate de profundo calado doctrinario y que en el fondo responde a un posicionamiento ideológico con respecto a lo que es el ser humano y lo que debe ser la sociedad. En esta tesis, partiendo de una primera reflexión sobre el origen y marco de este debate, se profundizará en las dinámicas de cambio generados desde el espacio social, una realidad que ha sido etiquetada de diferentes formas, predominando en los últimos tiempos la noción de populismo punitivo. En definitiva, la aceptación y difusión social de una idea ancestral como algo válido moralmente y razonable: la pena como castigo por los delitos cometidos. Un planteamiento moral basado en creencias y prejuicios establecidos y que en lo cotidiano se verbalizan en expresiones como las de “ojo por ojo y diente por diente”, “el que la hace la paga”, etc. Ciertamente los planteamientos de la justicia y la pena como un cauce y una oportunidad de reinserción social exigen una elaboración ideológica que frecuentemente entra en contradicción con lo establecido por el saber popular tradicional. Este proceso punitivista se intensifica gracias a una dinámica circular por la que la presión social sobre los partidos políticos induce a la introducción de reformas que endurece la legislación penal, unas reformas legislativas que a su vez afectan a la percepción de la población sobre lo que es eficaz en la lucha contra el delito, condicionando y reforzando su actitud o pensamiento sobre la utilidad del castigo penal. En ese sentido, las reformas legislativas (la política criminal que las plantea), pueden presentar una tendencia en aras de la rehabilitación o por el contrario de la retribución del delito. Como estamos comentando, la presión social orienta las reformas hacia un marco de interpretación con fines menos garantistas (para el acusado) y más securitarios por lo que precisamente su incorporación a la legislación fomenta dicha percepción.