La Iglesia Católica, además de ser una religión, es un estado llamado Santa Sede o Estado de la Ciudad del Vaticano ubicado en la ciudad de Roma, en Italia. El cual, como cualquier otro, cuenta soberanía e independencia respecto de sus actos tanto en su sede o ubicación geográfica como también a nivel internacional mediante los mecanismos que el Derecho Internacional confieren. En ese sentido, la Iglesia Católica en el Perú, cuenta con dicha autonomía e independencia, es por ello que el 26 de julio de 1980 se suscribió el Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y la República del Perú con la finalidad de regular las relaciones entre ambos estados soberanos. Así también, según lo regulado por nuestra Constitución Política de 1993, dicho tratado o acuerdo adquiere la categoría o rango de ley, con lo cual las disposiciones pactadas en dicho documento son el marco especial al que se adecúan ambos estados al iniciar sus relaciones jurídicas. Por otro lado, las instituciones de la Iglesia Católica son concebidas con la intención de dedicarse a fines pastorales, educativos, sociales, eclesiales, de salud, funerarios, entre otros, lo cual, en la medida que dicha actividad se incremente también así lo hará la administración de sus bienes temporales o económicos. En consecuencia, dicho incremento de actividad económica conllevará riesgos legales, reputacionales, penales, entre otros, que alejan a la Iglesia Católica de su propia finalidad, como lo es la evangelización. Por lo que, se propone, en la presente investigación que la referida Iglesia cuenta con la implementación de programas de cumplimiento que eviten la comisión de delitos económicos o reduzcan al mínimo sus riesgos y así pueda cumplir con su finalidad apostólica.