El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 1971-2023/SPCINDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, la cual resolvió en segunda instancia la denuncia presentada por la señora Luz Edith Valdivia Ramírez contra el Centro Educativo "San Ignacio de Recalde” por la presunta infracción al deber de idoneidad en servicios educativos (Art. 73 del Código de protección y defensa del consumidor) al momento que el centro educativo negó la solicitud de la consumidora de la devolución proporcional de la cuota de ingreso. En este sentido, el presente informe abordará la problemática ante dos perspectivas: a nivel constitucional y a nivel de normas de protección del consumidor. Por un lado, se buscará determinar el contenido esencial del derecho fundamental a la educación y a sus manifestaciones como servicio público, y a su vez determinar los límites establecidos por el Tribunal Constitucional a los contratos educativos y sus cláusulas. Por otro lado, se delimitará en lo que consiste la función social del contrato educativo y se buscará establecer de qué manera la cuota de ingreso debe de ser entendida con relación a este concepto, para finalmente realizar un análisis en conjunto que permita arribar en la premisa argumentativa planteada en el presente informe: la no devolución de la cuota de ingreso a la consumidora sí supone una infracción al deber de idoneidad en la prestación de servicios educativos. / This legal report analyzes Resolution No. 1971-2023/SPC-INDECOPI, issued by INDECOPI's Specialized Chamber for Consumer Protection which decided on appeal the complaint filed by Mrs. Luz Edith Valdivia Ramírez against the "San Ignacio de Recalde" Educational Center for alleged breach of the duty of suitability in educational services (Art. 73 of the Consumer Protection and Defense Code), when the educational center denied the consumer's request for a proportional refund of the admission fee. Accordingly, this report will address the issue from two perspectives: constitutionally and within the framework of consumer protection regulations. On the one hand, it seeks to determine the essential content of the fundamental right to education and its manifestations as a public service, as well as to establish the limits set by the Constitutional Court on educational contracts and their clauses. On the other hand, it will delineate the social function of educational contracts and seek to establish how the admission fee should be understood about this concept. Ultimately, a comprehensive analysis will be conducted to support the argumentative premise stated in this report: that the failure to refund the admission fee to the consumer constitutes a breach of the duty of suitability in providing educational services.

En el presente informe jurídico, se analiza principalmente la controversia contenida en la Resolución N.º 0860-2023/SPC-INDECOPI, en la cual la señora Montes de Oca denunció a la señora Briceño por (i) cometer un acto de discriminación en su contra al no haber aceptado el retiro por el importe de S/30.00 en el agente bancario de su establecimiento por tratarse de un importe menor y (ii) cometer una infracción al deber de idoneidad al retener su Documento Nacional de Identidad y agredirla verbal y físicamente. Con relación a lo anterior, es pertinente señalar que la normativa de protección al consumidor establece la prohibición para los proveedores de cometer actos discriminatorios; asimismo, se recoge la obligación de responder por la idoneidad de los productos o servicios que ofrecen. Para efectos del desarrollo del presente trabajo, se han empleado los siguientes instrumentos normativos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitución Política del Perú, Código de Protección y Defensa del Consumidor, entre otras fuentes normativas señaladas en el contenido del informe. Finalmente, después de un profundo análisis, se concluye con relación al acto de discriminación denunciado que la señora Briceño no lo cometió al considerarse que sí existía un motivo justificado para no efectuar el retiro de S/30.00. Por otro lado, concluimos que sí se produjo una vulneración al deber de idoneidad al haberse acreditado que se retuvo el DNI de la consumidora sin su consentimiento y que se la agredió de manera verbal, más no físicamente. / In this legal report, we mainly analyze the controversy contained in Resolution N.° 0860-2023/SPC-INDECOPI, in which Mrs. Montes de Oca filed a complaint against Mrs. Briceño for (i) committing an act of discrimination against her by refusing the withdrawal of S/30.00 at the bank agent located in her business because it was a lower amount, and (ii) committing a violation of her duty of suitability by taking her ID and verbally and physically assaulting her. In relation to the above, it is pertinent to point out that consumer protection regulations prohibit suppliers from committing discriminatory acts; likewise, the obligation to ensure for the suitability of the products or services they offer. For the purposes of this report, the following normative instruments have been used: International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights, Political Constitution of Peru, Consumer Protection and Defense Code, among other normative sources indicated in the content of the report. Finally, after a thorough analysis, we conclude that Mrs. Briceño did not commit the act of discrimination denounced, considering that there was a justified reason for not processing the withdrawal of S/30.00. On the other hand, we conclude that there was a violation of the duty of suitability, as it has been proved that the consumer’s ID was retained without her consent and that she was verbally, but not physically, assaulted.

En este informe jurídico se aborda un problema principal y tres problemas secundarios relacionados con la Resolución Nº 46 Laudo Arbitral - Arbitraje Ad Hoc seguido entre OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. y PROVÍAS. NACIONAL. El problema principal radica en la posible alteración de la ruta crítica de la obra. Se concluye que sí existe un impacto en la ruta crítica, contrario a lo que señala el Tribunal Arbitral. El primer problema secundario sobre el impacto de la ruta crítica por el comportamiento de un tercero ajeno al contrato de obra, se determina que sí es posible, toda vez que el retraso en la aprobación del Presupuesto Adicional Nº 10 incurrido por la Contraloría General de la República constituye una causa que no es atribuible al contratista. El segundo problema secundario se refiere a partir de qué momento se puede ejecutar un presupuesto adicional que excede el 15% del monto contractual. Se establece que la aprobación se da a partir de la emisión de la resolución por parte de la Contraloría General de la República, que dispone la aprobación del presupuesto adicional solicitado por la entidad contratante. El tercer problema secundario analiza si el contratista debe solicitar la ampliación de plazo por un adicional de obra sin la autorización de la Contraloría General de la República. Se concluye que no es posible, ya que, sin dicha aprobación, no se puede ejecutar el adicional ni obligar al contratista a solicitar la ampliación de plazo. / This legal report addresses one main problem and three secondary problems related to Resolution No. 46 Arbitration Award - Ad Hoc Arbitration followed between OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. and PROVIAS NACIONAL. The main problem lies in the possible alteration of the critical path of the project. It is concluded that there is an impact on the critical path, contrary to what the Arbitration Court indicates. The first secondary problem regarding the impact of the critical path due to the behavior of a third party unrelated to the work contract, is determined to be possible, since the delay in the approval of Additional Budget Nº 10 by the Comptroller General's Office the Republic constitutes a cause not attributable to the contractor. The second secondary problem refers to when an additional budget that exceeds 15% of the contractual amount is considered approved. It is established that the approval is given from the issuance of the resolution by the Comptroller General of the Republic, which provides for the approval of the additional budget requested by the contracting entity. The third secondary problem analyzes whether the contractor should request an extension of the deadline for additional work without the approval of the Comptroller General of the Republic. It is concluded that it is not possible, since, without said approval, the additional cannot be executed or the contractor be forced to request the extension of the deadline.

El presente informe jurídico tiene por finalidad realizar un análisis sobre la Resolución Nº 1492-2023/SPC-INDECOPI, cuya controversia fue generada por supuestas infracciones al Código de Protección y Defensa del consumidor, durante la prestación de servicios legales prestados por el Estudio Rodríguez Angobaldo a la sra. Sue Uribe en los años 2017 al 2019. Desde una dimensión material, analizaremos la relación de consumo que se habría configurado entre el Estudio y la Sra. Uribe. Posteriormente, revisaremos el alcance de los deberes y derechos existentes entre las partes, y si estas actuaron de forma razonable y diligente, mediante la observancia del cumplimiento de los deberes de idoneidad y de información. Con respecto al primero, nos enfocaremos en las obligaciones prestadas en el cumplimiento de estos servicios, las cuales pueden ser de medios o de resultados. Desde la dimensión procesal, nos centraremos en determinar si debió operar o no la excepción de prescripción formulada por los demandados, así como en analizar el uso de la teoría de la cognoscibilidad objetiva, propuesta por la Sala, para calcular el inicio del cómputo de plazo de prescripción. Por otro lado, con respecto al deber de información, buscamos dilucidar si el pretender realizar cobros por un servicio que se pactó a título gratuito y de manera voluntaria constituye o no una infracción a dicho deber. / The purpose of this legal report is to perform an analysis on Resolution No. 1492- 2023/SPC-INDECOPI, where the controversy was generated by alleged violations to the Code of Consumer Protection and Defense, in the provision of legal services rendered by Estudio Rodríguez Angobaldo to Ms. Sue Uribe during the years 2017 to 2019. From a material dimension, we will analyze the consumer relationship that would have been configured between the Firm and Ms. Uribe. Subsequently, we will review the scope of the duties and rights existing between the parties, and whether they acted reasonably and diligently, through the observance of compliance with the duties of suitability and information. With respect to the former, we will focus on the obligations rendered in the performance of these services, which may be of means or of results. From the procedural dimension, we will focus on determining whether or not the exception of prescription formulated by the defendants should have operated, as well as on analyzing the use of the theory of objective cognizability, proposed by the Tribunal, to calculate the beginning of the computation of the prescription period. Additionally, with respect to the duty of information, we seek to elucidate whether or not the attempt to charge for a service that was agreed for free and voluntarily constitutes a breach of such duty.

En el presente informe jurídico se estudia la validez y vigencia de dos Adendas celebradas con posterioridad a un Contrato de Arrendamiento entre la Municipalidad Distrital de Jesús María e Inversiones Esparza S.A.C., las cuales fueron declaradas nulas en sede arbitral, en virtud de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este régimen jurídico fue aplicado de manera supletoria a la Ordenanza No.237-2007-MDJM que no previó un procedimiento para realizar modificaciones contractuales mediante Adendas. La situación mencionada desatiende la particularidad del Contrato de Arrendamiento correspondiente a que la Municipalidad Distrital de Jesús María actúa en calidad de arrendadora de un bien estatal de dominio privado. De esa manera, el objetivo principal de este trabajo es plantear un análisis jurídico jerárquico para dilucidar la validez de “Las Adendas” y la competencia del Árbitro para analizar actos administrativos y, de corresponder, declarar su nulidad a efectos de resolver la materia controvertida; asimismo, examinamos la función jurisdiccional del arbitraje para plantear una debida motivación; finalmente, nos pronunciamos sobre el deber de mitigar el daño en los contratos de gestión de bienes municipales. Para alcanzar el objetivo de este trabajo se ha recurrido a la revisión de la normativa correspondiente, jurisprudencia y doctrina académica que permita dilucidar mayores alcances sobre las distintas áreas del Derecho planteadas. Siendo ello así, se ha podido concluir que correspondía acudir supletoriamente a las normas del Derecho Común, específicamente, al Código Civil, y siguiendo esta lógica declarar ineficaces las Adendas, asimismo, que la motivación en las decisiones arbitrales adquiere una mayor rigurosidad por el interés público que los vincula.

El propósito del presente informe, es efectuar un análisis de la controversia tramitada bajo el expediente N°2035-2022/SPC-INDECOPI, que fue resuelta por la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Tribunal del Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual. El referido caso, versa sobre una denuncia administrativa efectuada contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena” LTDA N° 219 del Perú, tras su negativa a hacer efectiva la activación del fondo de desgravamen solicitada por la señora Julia Graciano Lapa, parte denunciante en este caso. La resolución elegida presenta dos problemas que resultan interesantes y novedosos para su estudio. Por un lado, presenta una cuestión procedimental vinculada al deber de encausamiento, al que está obligada la autoridad administrativa, y cuestiona si la Comisión cumplió con efectuar una debida imputación por presunta infracción al deber de idoneidad del Código de Protección al Consumidor en el caso analizado. Por otro lado, como cuestión material, se plantea un debate respecto a si la Sala podía inhibirse de resolver la controversia, al tomar conocimiento de que fue sometida al fuero judicial, de forma posterior a la interposición del procedimiento administrativo. En virtud del orden planteado, como conclusión del primer problema, se determina que el órgano de primera instancia no cumplió de forma debida con el deber de encausamiento y, debido a ello, la imputación que efectuó por una presunta infracción al deber de idoneidad, fue errada. Asimismo, como conclusión del segundo problema, se determina que en virtud de los principios que rigen la potestad sancionadora de los órganos del Indecopi, la Sala no debió inhibirse de resolver el procedimiento interpuesto por la señora Graciano.

El presente informe jurídico se fundamenta en el caso arbitral N°0265-2017- CLL de fecha 22 de julio de 2019 en el que se detalla el incumplimiento de la obligación esencial de entrega oportuna de terrenos de Provías Nacional que generó un desequilibrio contractual y requirió, por lo tanto, una modificación contractual. Este caso evidencia la importancia de cumplir oportunamente los tiempos de entrega de los acordado por la entidad pública para mantener el equilibrio económico financiero del contrato y las ampliaciones de plazo como medio para restaurar dicho equilibrio. La presente investigación, por tanto, se centrará en estudiar las obligaciones de los contratos administrativos, el equilibrio contractual y las causales de modificación contractual y las ampliaciones de plazo como alternativa para mantener el equilibrio económico del contrato administrativo. Tras este proceso, se plantea que existió incumplimiento de la entrega oportuna de terrenos, incumpliendo con una obligación esencial para la ejecución del contrato que llevaría a requerir una modificación contractual para mantener el equilibrio contractual por lo que, las ampliaciones de plazo eran necesarias. El caso en mención, se analiza utilizando el Decreto Legislativo N° 1057 Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo general, opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y textos doctrinarios pertinentes. / The present law report is based in the arbitration case N°0265-2017-CLL dated July 22th 2019, which details the breach of the essential obligations of an appropriate timely delivery of the lands by “Provias Nacional”. This resulted in a contractual imbalance that needed a contractual modification. This case puts in evidence the importance of adhering to the delivery timelines agreed upon by the public entity to uphold the financial equilibrium of the contract and the use of deadline extensions as a way to restore that equilibrium. Therefore, this investigation will be focus on the study of the obligations of the administrative contracts, the contractual equilibrium and the grounds for a contractual modification, as well as the use of a deadline extension as an alternative to maintain the financial equilibrium of an administrative contract. Through this review process, it is asserted that there was a failure from the entity side in the timeline of the lands delivery, this constitutes a mayor breach of the essential contract obligation, thereby the request of contract modification to preserve the contract equilibrium and a deadline extension was necessary. This case of study has been analyzed in this inform under the Legislative Decree N. 1057 of the Peruvian Arbitration Law, the Peruvian State Contracting Law, the Peruvian General Administrative Procedure Law, diverse opinions from the Peruvian Supervisory Agency for State Contracting (OSCE) and relevant doctrinal texts.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la Resolución N° 2540- 2023/SPC-INDECOPI: Milagros Bertha Sánchez Pérez contra Cencosud Retail Perú S.A. A través de esta resolución, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi decidió responsabilizar a dicho proveedor por infracción al deber de idoneidad y al deber general de seguridad, los cuales se encuentran previstos en los artículos 18°, 19° y 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello tras haberse determinado que el proveedor efectuó un cobro indebido a la consumidora por un servicio de delivery que se habría ofrecido como gratuito y expuso la salud de la misma a un riesgo tras haber permitido que una cajera, que tosía y estornudaba, le atendiese en el marco de la pandemia del COVID- 19. Por su parte, en este pronunciamiento, la Sala confirmó no hallar responsable a dicho proveedor, por infracción al deber de idoneidad, por la supuesta entrega de un pedido con productos faltantes y abiertos. En ese sentido, el análisis se centrará en analizar y determinar si existió responsabilidad del proveedor, por infracción al deber de idoneidad y al deber general de seguridad, por los 3 hechos previamente señalados. Para ello, será necesario delimitar los alcances de ambos deberes a la luz de la normativa de protección al consumidor, jurisprudencia y doctrina relevante. Además, resultará importante recurrir a los alegatos presentados por las partes, a los medios probatorios disponibles, y a los argumentos utilizados por la Comisión y la Sala para la solución del caso. / The purpose of this paper is to analyze Resolution N° 2540-2023/SPCINDECOPI: Milagros Bertha Sánchez Pérez vs. Cencosud Retail Perú S.A. By means of this resolution, the Specialized Chamber on Consumer Protection of Indecopi decided to hold the said supplier liable for infringement of the duty of suitability and the general duty of safety, which are provided for in articles 18, 19 and 25 of the Code of Consumer Protection and Defense. This after having determined that the supplier made an undue charge to the consumer for a delivery service that had been offered as free of charge and exposed her health to risk after having allowed a cashier, who was coughing and sneezing, to attend her in the context of the COVID-19 pandemic. In this pronouncement, the Chamber confirmed that it did not find the supplier liable for breach of the duty of suitability for the alleged delivery of an order with missing and opened products. In this sense, the analysis will focus on analyzing and determining whether the supplier was liable for breach of the duty of suitability and the general duty of safety, for the 3 facts previously mentioned. For this purpose, it will be necessary to delimit the scope of both duties in the light of consumer protection regulations, case law and relevant doctrine. In addition, it will be important to resort to the arguments presented by the parties, the available evidence, and the arguments used by the Commission and the Chamber to resolve the case.

El presente Informe Jurídico tiene como finalidad analizar la Resolución N° 0067- 2022/SDC-INDECOPI, cuya controversia versa sobre la denuncia formulada por el señor Roberto Esteban Delgado Casanave, contra la empresa Diseños Casanave International LLC sobre la infracción de los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, a través de páginas web en donde el denunciado transmitió la siguiente información: tener un acuerdo de asociación con FAME S.A.C., que su oferta comercial consistía en armamento de guerra y no civil y que su tipo societario era una Sociedad Anónima. El análisis presenta una posición contraria a la asumida por la Sala y concluye que sí hubo actos de engaño sobre las tres afirmaciones. Asimismo, del análisis de la Resolución se ha advertido que conforme a los hechos del caso también se produjo actos de confusión directa que no fueron advertidos por el órgano resolutivo. Finalmente, el análisis incluye que la Resolución debió advertir los principios de informalismo, verdad material y primacía de la realidad, generando un decidendo distinto, acorde al correcto funcionamiento del mercado y respetando la libre iniciativa privada en un contexto de economía social de mercado. / The purpose of this report is to analyze the Resolution N° 0067-2022/SDCINDECOPI, whose controversy concerns the complaint made by Mr. Roberto Esteban Delgado Casanave against Diseños Casanave International LLC for committing acts of unfair competition in the form of acts of deception, through websites where the defendant conveyed the following information: having an association agreement with FAME S.A.C., that its commercial offer consisted of warfare and not civilian armament, and that its corporate type was a Sociedad Anónima. The analysis takes a stance contrary to that assumed by the Chamber and concludes that there were indeed acts of deception regarding the three statements. Furthermore, the analysis of the Resolution has revealed that direct acts of confusion also occurred according to the facts of the case. Finally, the analysis includes that the Resolution should have considered the principles of informalism, material truth, and primacy of reality, resulting in a different decision, in line with the proper functioning of the market and respecting free private initiative within a social market economy context.

El presente Informe de Relevancia Jurídica tiene como propósito examinar el análisis realizado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado en la Sentencia de vista del Expediente Judicial N.º 12880-2019. Este análisis se centra en la interpretación y aplicación del Artículo 37° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objetivo de determinar si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tenía la facultad de establecer parámetros para una medida correctiva en relación con dicho artículo. La controversia surge a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios contra Molitalia S.A. El informe desarrolló un análisis de las decisiones tomadas en primera y segunda instancia administrativa, identificando los problemas jurídicos planteados. Para ello, se examinó si el Artículo 37° es de aplicación directa por sí mismo. A continuación, se evaluó si la Sala de Indecopi infringió el principio de legalidad al establecer parámetros específicos en la medida correctiva impuesta en la instancia administrativa. Finalmente, se abordó la cuestión de si se vulneró el derecho a la información de los consumidores al revocar la medida correctiva contra Molitalia S.A. Finalmente, se concluye que el Artículo 37° es autoaplicativo, exigiendo el etiquetado de alimentos genéticamente modificados desde su implementación. La revocación parcial de medidas contra Molitalia S.A. compromete la transparencia y el derecho de información. / This report of legal relevance aims to address the analysis of the fifth chamber specialized in administrative litigation with market speciality (hereinafter, the chamber) resolved in the hearing judgment issued in court file no. 12880-2019, which deals mainly with the regulations of article 37 of the consumer protection and defense code (hereinafter, the consumer code), In order to determine whether the instituto nacional DE defensa DE la competencia y DE la proteccion DE la propiedad intelectual (indecopi) was entitled to develop parameters for a corrective measure in the light of that article, which is based on the complaint filed by the Peruvian association of consumers and users (hereinafter, contested) against Molitalia s.a. Identifying existing legal problems. For this purpose, it will be analyzed whether article 37e of the consumer code is a self-applicable rule. Next, to determine whether the indecopi board infringed the principle of legality by developing parameters in the corrective measure imposed in the administrative proceeding. Finally, whether the consumers' right to information was infringed when the corrective measure against molitalia s.a. was revoked.