El contexto de la movilidad de personas venezolanas en el Perú ha despertado nuevos retos en el Derecho internacional, en especial en lo vinculado al respeto y garantía de derechos de personas refugiadas y migrantes. Esto no ha pasado desapercibido en el contexto del desplazamiento de la población venezolana en el Perú, el cual ha venido en escalada desde el 2017 y ha favorecido la adopción de distintas disposiciones orientadas a la regulación del ingreso y permanencia en el territorio. Este estado de la cuestión es la principal justificación de esta investigación, ya que uno de los principales impactos que se evidencia es que, tras la aprobación de una medida migratoria como la visa humanitaria para las personas venezolanas, se creó un procedimiento de asilo en la frontera norte, que es el puesto fronterizo con mayor afluencia de personas venezolanas en el país. En esa línea, la hipótesis que se sostiene es que el endurecimiento de la política migratoria peruana en relación con la población venezolana ha impactado en el proceso de determinación del estatuto de refugiados en la frontera norte del Perú, brindando menos garantías para la observancia de los derechos al debido proceso e igualdad y no discriminación. Para acreditar ello, se ha empleado una metodología cualitativa que consistió en el empleo de fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, solicitudes de acceso a información pública, y principalmente, la realización de entrevistas a expertos de diversos ámbitos, que han contribuido sustantivamente a sostener la hipótesis planteada. La conclusión principal es que -en efecto- existen sendas carencias en cuanto a la creación de un procedimiento de asilo en la frontera norte, así como en el procesamiento mismo de las solicitudes, que evidencian serias falencias en el ejercicio de dos derechos. El derecho al debido proceso, y las etapas procedimentales que se siguen en la frontera norte. Y, el derecho a la igualdad y no discriminación por tratarse aparentemente de una medida de discriminación indirecta.

El contexto actual de movilidad de personas ha implicado nuevos retos y desafíos para la comunidad internacional, sobre todo respecto a la respuesta adoptada por los Estados. En el caso de nuestro país, el desplazamiento de personas venezolanas que ha ido incrementándose desde 2017, sumado a la pandemia por la COVID 19 declarada en 2020 que conllevó a decretar un estado de emergencia nacional en el Perú, ha generado nuevos escenarios tanto fácticos como jurídicos en relación con las obligaciones internacionales del Estado peruano derivadas de la protección de los derechos humanos. Frente a ello, la presente investigación analiza las medidas adoptadas (cierre de fronteras, expulsión de extranjeros y limitaciones al sistema de asilo) en el contexto de la crisis sanitaria por la COVID 19 para determinar si el Perú ha vulnerado el Principio de no devolución (non refoulement). A partir del estudio de este principio y de sus estándares de protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la conclusión principal de la presente tesis es que, por haber adoptado medidas vulneratorias del Principio de no devolución durante la crisis sanitaria originada por la COVID 19 en el periodo 2020-2021, el Estado peruano ha cometido un hecho internacionalmente ilícito y, en consecuencia, ha incurrido en responsabilidad internacional que se podrá hacer efectiva en el SIDH. / The current context of human mobility has brought new challenges for the international community, especially regarding the response adopted by States. For instance, the cross- border displacement of Venezuelan persons that has been increasing in our country since 2017, in addition to the COVID 19 pandemic declared in 2020, which led to a National Emergency State in Peru, have generated new factual and legal scenarios to the Peruvian Government as international obligations arose concerning the protection of human rights. On that premise, this research analyzes the adopted measures (e.g., border closures, expulsion of non-nationals and restrictions on access to asylum procedures) in the middle of the COVID 19 crisis in order to determine whether Peru violated the principle of non-refoulement. Based on the study of this principle and its Inter-American Human Rights System (IAHRS) standards, the main conclusion is that the Peruvian State committed an international wrongful act because it adopted measures in breach of the principle of non-refoulement during the health emergency caused by COVID 19 in the period 2020-2021. Therefore, Peru has incurred international responsibility that can be enforced in the IAHRS.