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Apatrida y tráfico ilícito de migrantes. ¿Son excepciones al derecho de acceso a la justicia en nuestro país?. Análisis, respuestas y desafíos

Fernández Vega, Chrislie Andrea, Henríquez Celedón, Freddy Moisés January 2015 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Derecho de Acceso a la Justicia en el caso de los Inmigrantes, ¿deviene en una realidad inquietante para el caso de Chile? La forma de abordar la cuestión será mediante una aproximación al ejercicio de este derecho desde la óptica del Derecho Procesal, desarrollando para ello don líneas de investigación, referentes a determinadas problemáticas que han afectado, y siguen afectando, a los extranjeros en Chile, cuales son el tráfico ilícito de migrantes y los apátridas. En ese orden de ideas, el primer capítulo será el encargado de contextualizar al lector en lo que significa el derecho de acceso a la justicia, sumergiéndolo de lleno en el conjunto de principios, supuestos y componentes que lo integran, reconociendo las barreras que se interponen en su efectiva concreción social, pero también los derechos con lo que se encuentra íntimamente relacionado, tales como la igualdad ante la ley y el debido proceso, resultando difícil delimitar el campo de acción de uno respecto del otro. Además, el primer capítulo refiere sobre el fenómeno migratorio, principalmente desde la óptica nacional, es decir, caracterizado de acuerdo a las normativas que imperan en nuestro ordenamiento jurídico, dentro de las cuales ha imperado, con anacrónico criterio de nuestra realidad social, el Decreto Ley 1094 del año 1975. En relación a los apátridas, capitulo segundo de la presente tesis, la problemática investigada consiste en que el Servicio de Registro Civil e Identificación -en virtud de criterios impuestos por el Departamento de Extranjería y Migración- no inscribe como chilenos a los hijos/as de personas migrantes que se encuentren en situación irregular, en consideración a la situación migratoria de los padres, confundiendo los conceptos de irregular con el de transeúnte, negando con ello, el derecho a la nacionalidad que tienen todos los nacidos dentro del territorio. Esta situación deja a estos/as menores de edad en la más absoluta desprotección, calificándolos de hijos de extranjeros transeúntes en su certificado de nacimiento. La situación (aberración) descrita, no solo implica desconocer el principio emanado de la Opinión Consultiva 18/03 de la Corte IDH, en virtud del cual la calidad migratoria de los padres no puede jamás alcanzar a sus hijos/as, sino que también genera la imposibilidad, de estos/as niños/as, de acceder a los servicios básicos establecidos para los nacionales, como la educación y la salud. Producida la afectación del derecho (a la nacionalidad, o a ser nacional de este país), solo resta ejercer el mecanismo jurídico asegurado por la Constitución Política de la República, además de los asegurados por los Tratados Internacionales Ratificados por Chile, mediante el ejercicio del Derecho de Acceso a la Justicia. Dicho lo anterior, el análisis de esta problemática versará sobre la “suficiencia” de la acción constitucional de reclamación de nacionalidad ante la Excelentísima Corte Suprema, y la conveniencia de regular una vía alternativa desde el punto de vista del proceso jurisdiccional. Si se encuentra o no asegurado el acceso a la justicia de los hijos “apátridas” de las personas migrantes, en virtud del único mecanismo procesal contemplado en la norma suprema, es una interrogante que será respondida en las siguientes líneas. Por último, en relación a la investigación sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, desarrollado en el tercer capítulo, constaremos la pugna existente entre el Acceso a la Justicia (y la tutela efectiva de los derechos de los inmigrantes, víctimas de este delito, en el marco del proceso penal) y el tratamiento jurídico que hace de esta misma persona migrante el Decreto Ley 1094, al desencadenarse en su contra, dentro del marco del proceso migratorio, la medida de expulsión del país, reuniendo entonces, la persona migrante, el “estatus” de víctima de tráfico ilícito e infractora del Decreto Ley. Principios básicos de protección a la víctima, potestades del Ministerio Público (en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos), exigencia de un debido proceso dentro del proceso migratorio, serán algunas de las interrogantes que responde el capítulo final de esta tesis

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