La presente investigación visualiza el problema del Feminicidio, definido como el asesinato o crimen de odio de una mujer, que viene precedido de acciones agresivas sean físicas, psicológicas o sexuales y que se desarrolla en un contexto público o privado; particularmente Arequipa por ser la segunda ciudad en este tipo de homicidios calificados según el MIMPV en los años 2014-2015. El Feminicidio es una realidad global que se desarrolla en todos los estamentos y niveles que conforman una sociedad dentro de un país, el cual afecta directamente a cualquier estado, este problema para el gobierno peruano originó que sea considerado como un caso especial en nuestro Código Penal (Art. 108-A). Esta investigación analizara la atención de los operadores de justicia de Arequipa para atender los casos de Feminicidio desde las políticas públicas (PNP, MP, PJ); realizando una investigación cualitativa y rescatando la opinión de los actores que participan en las diligencias investigatorias. También se identificará los factores que impiden afrontar el delito de Feminicidio en esta ciudad con la finalidad de mejorar la labor de las instituciones comprometidas en la erradicación de este delito. Utilizando para tal fin técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente una entrevista no estructurada. De esta manera se puede concluir que los mecanismos usados por las instituciones del estado para combatir el Feminicidio en esta localidad sureña, durante los últimos años (2014-2015) no ha tenido los resultados esperados debido a la falta de preparación y capacitación constante de los investigadores policiales y jurídicos, aunados a la carencia de infraestructura (casas refugio) para las víctimas o su entorno, así como el hecho de que los feminicidios acontecidos e investigados por la policía han sido asumidos como casos simples de homicidios o asesinatos más no en esta modalidad de violencia contra la mujer o tipología criminal, olvidándose en todo momento las entidades públicas que deben laborar con el profesionalismo y la ética señalada por el Estado, a fin de cumplir con el compromiso asumido con la población y con los entes internacionales. / Tesis

La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) es considerada actualmente como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y como un recurso estratégico para enfrentar el grave problema del embarazo no deseado en el Perú, que conlleva al aborto inducido y a la mortalidad materna. La implementación de la AOE causó polémica en diferentes países de América Latina por el efecto abortivo que un sector de la sociedad le atribuye. En el Perú dicho proceso inició en el año 2001 y generó un intenso debate por más de quince años. Finalmente, en agosto 2016, el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud la distribución gratuita de la AOE a nivel nacional. Siendo importante conocer ¿Cómo se está implementando la Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva en el caso de la AOE en la Región Arequipa? En Arequipa el proceso de implementación de la AOE está a cargo de la Gerencia Regional de Salud y se identificaron seis actores involucrados, unos a favor y otros en contra de la AOE. Para el análisis se usó una metodología cualitativa y las técnicas utilizadas fueron: entrevistas semiestructuradas y revisión de fuentes secundarias. Así mismo, se consideran tres ejes teóricos: políticas públicas, implementación de políticas públicas y biopolítica. Esta última teoría permite analizar las perspectivas de los actores a través de los conceptos de: gubernamentalidad, población y paradigma inmunitario. Finalmente, se evalúan los resultados de la implementación de la AOE en Arequipa. En cuanto a los resultados directos (outputs), la cobertura de la AOE alcanzó al 100% de los establecimientos del MINSA y se entregó 516 tratamientos de AOE durante el año 2017. En cuanto a los resultados indirectos (impactos y efectos), se analizó la evolución de los embarazos no deseados, los abortos y las muertes maternas durante el periodo 2015-2017, evidenciándose una evolución favorable de dichas variables. Todo lo antes mencionado permitió arribar a 8 conclusiones.

La presente investigación visualiza el problema del Feminicidio, definido como el asesinato o crimen de odio de una mujer, que viene precedido de acciones agresivas sean físicas, psicológicas o sexuales y que se desarrolla en un contexto público o privado; particularmente Arequipa por ser la segunda ciudad en este tipo de homicidios calificados según el MIMPV en los años 2014-2015. El Feminicidio es una realidad global que se desarrolla en todos los estamentos y niveles que conforman una sociedad dentro de un país, el cual afecta directamente a cualquier estado, este problema para el gobierno peruano originó que sea considerado como un caso especial en nuestro Código Penal (Art. 108-A). Esta investigación analizara la atención de los operadores de justicia de Arequipa para atender los casos de Feminicidio desde las políticas públicas (PNP, MP, PJ); realizando una investigación cualitativa y rescatando la opinión de los actores que participan en las diligencias investigatorias. También se identificará los factores que impiden afrontar el delito de Feminicidio en esta ciudad con la finalidad de mejorar la labor de las instituciones comprometidas en la erradicación de este delito. Utilizando para tal fin técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente una entrevista no estructurada. De esta manera se puede concluir que los mecanismos usados por las instituciones del estado para combatir el Feminicidio en esta localidad sureña, durante los últimos años (2014-2015) no ha tenido los resultados esperados debido a la falta de preparación y capacitación constante de los investigadores policiales y jurídicos, aunados a la carencia de infraestructura (casas refugio) para las víctimas o su entorno, así como el hecho de que los feminicidios acontecidos e investigados por la policía han sido asumidos como casos simples de homicidios o asesinatos más no en esta modalidad de violencia contra la mujer o tipología criminal, olvidándose en todo momento las entidades públicas que deben laborar con el profesionalismo y la ética señalada por el Estado, a fin de cumplir con el compromiso asumido con la población y con los entes internacionales.