El presente trabajo de investigación analizará los derechos humanos vulnerados de Igmar Landaeta Mejías y Eduardo Landaeta Mejías a manos del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado de Aragua en Venezuela. Los hechos tuvieron su desarrollo entre noviembre y diciembre de 1996, pero encontraron respuesta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de agosto del 2014, cuando se concluyó que el Estado de Venezuela es responsable internacionalmente por haber violentado los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, protección judicial, garantías judiciales y derechos del niño de los Hermanos Landaeta Mejías. Tal análisis se desarrollará tomando en cuenta el contexto de hostigamiento policial ocurrido en contra de las víctimas y que conllevaron a la muerte de ambos hermanos. Finalmente, se concluirá con que el uso de la fuerza de los agentes policiales no fue proporcional y su ejercicio no tomó en cuenta los estándares de derechos humanos reconocidos no sólo en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también en la Convención contra la tortura, Derechos del Niño y etc. De la misma forma, se determinará que las actuaciones judiciales de los tribunales de justicia de Venezuela no fueron las correctas, al no procurar la diligencia, eficacia e idoneidad de sus decisiones. / This research paper will analyze the human rights violations of Igmar Landaeta Mejías and Eduardo Landaeta Mejías at the hands of the Security and Public Order Corps of the State of Aragua in Venezuela. The facts took place between November and December 1996, but found a response from the Inter-American Court of Human Rights on August 27, 2014, when it concluded that the State of Venezuela is internationally responsible for having violated the rights to life, personal integrity, personal liberty, judicial protection, judicial guarantees and children's rights of the Landaeta Mejías brothers. This analysis will be developed taking into account the context of police harassment that occurred against the victims and that led to the death of both brothers. Finally, it will be concluded that the use of force by the police officers was not proportional and its exercise did not take into account the human rights standards recognized not only in the American Convention on Human Rights, but also in the Convention against Torture, the Rights of the Child, and others. In the same way, it will be determined that the judicial actions of the courts of justice in Venezuela were not correct, as they did not seek diligence, effectiveness and appropriateness of their decisions.

El presente trabajo consiste en demostrar: por un lado, que en la sentencia del Caso López Soto y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos si bien determinó la responsabilidad del Estado venezolano por el incumplimiento de su obligación general de respetar los derechos humanos ante los hechos de secuestro y violencia sexual ocurridos en agravio de Linda López Soto en el año 2021, de acuerdo con los argumentos esgrimidos, se trataría del incumplimiento de la obligación general de garantía, en la medida de que la Corte IDH al analizar este punto, lo hizo a partir de las obligaciones específicas: prevención, investigación, sanción y reparación, las mismas que de acuerdo a los estándares internacionales pertenecen a la obligación general de garantía. En este sentido, veremos entonces que el Estado Venezolano incumplió las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos. Por otro lado, intenta evidenciar la violación del derecho de garantía judiciales como son principalmente: acceso a la justicia y plazo razonable en agravio de Linda López Soto y de sus familiares ejercido por los operadores jurídicos del Estado venezolano previo y posterior a su rescate, en esa línea, se concluye que la Corte IDH analiza superficialmente los factores que inciden en la violencia de género y en la impunidad de la agraviada. / The present work consists of demonstrating: on the one hand, that in the judgment of the López Soto et al. vs. Venezuela Case, the Inter-American Court of Human Rights, although it determined the responsibility of the Venezuelan State for failing to comply with its general obligation to respect human rights in the face of the kidnapping and sexual violence that occurred against Linda López Soto in 2021, according to the arguments raised, it would be a breach of the general obligation of guarantee, to the extent that the IACHR, when analyzing this point, did so based on the specific obligations: prevention, investigation, sanction and reparation, the same ones that according to international standards belong to the general obligation of guarantee. In this sense, we will then see that the Venezuelan State failed to comply with the general obligations to respect and guarantee human rights. On the other hand, it attempts to demonstrate the violation of the right to judicial guarantees, such as mainly: access to justice and a reasonable time limit to the detriment of Linda López Soto and her family, exercised by the legal operators of the Venezuelan State before and after her rescue. Along these lines, it is concluded that the IACHR superficially analyzes the factors that influence gender violence and the impunity of the aggrieved party.