El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis

El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis