L'increment de litigis internacionals relacionats amb l'esport ha estat una de las principals preocupacions de las entitats esportives. L'any 1981, el President del Comitè Olímpic Internacional va tenir la idea de crear una jurisdicció especial per l'esport, naixia, així, el Tribunal Arbitral de l'Esport. En aquesta investigació es planteja l'objectiu de conèixer si realment l'arbitratge representa el millor mitjà per resoldre els conflictes esportius internacionals. Per això, és imprescindible conèixer l'organització i funcionament del TAS, profunditzar en el seu règim jurídic, analitzar les seves avantatges i els problemes jurídics que es plantegin, identificar les matèries susceptibles de arbitratge, la implantació de clàusules de adhesió obligatòries i l’anul•labilitat i execució dels laudes. Entre las conclusions assolides destaca la creació de una verdadera lex sportiva a partir de la jurisprudència del TAS. No obstant, el TAS encara té que afrontar una sèrie de reptes que l'ajudaran a assolir una major independència y transparència. / El incremento de litigios internacionales relacionados con el deporte ha sido una de las principales preocupaciones de las entidades deportivas. En 1981 el Presidente del Comité Olímpico Internacional tuvo la idea de crear una jurisdicción especial para el deporte, nace así el Tribunal Arbitral del Deporte. En esta investigación se plantea el objetivo de conocer si el arbitraje representa realmente el mejor medio para resolver los conflictos deportivos internacionales. Para ello es imprescindible conocer la organización y funcionamiento del TAS, profundizar en su régimen jurídico, analizar sus ventajas y los problemas jurídicos que se plantean, identificar las materias susceptibles de arbitraje, la implantación de cláusulas de adhesión obligatorias y la anulabilidad y ejecución de los laudos. Entre las conclusiones alcanzadas destaca la creación de una verdadera lex sportiva a partir de la jurisprudencia del TAS. No obstante, el TAS todavía tiene que afrontar una serie de retos que le ayuden a alcanzar una mayor independencia y transparencia / The escalation in sports-related international litigation has become a major concern for sports entities. In 1981, the President of the International Olympic Committee (IOC) concluded that a special jurisdiction for sport should be created to resolve such disputes, thus forming the International Court of Arbitration for Sport (CAS). The purpose of this research is to determine whether arbitration is the best way in which to resolve international sport disputes. In order to achieve this, it is essential to understand how the CAS functions; to review its legal structure in greater depth; to explore its advantages and the legal issues that arise; to identify the type of conflict that should be subject to arbitration; to study the implementation of its mandatory acquiescence clauses and the revocability and enforcement of arbitral awards. One of the most significant conclusions reached is that through CAS case law, a proper lex sportiva has been created. However, the CAS still needs to overcome a series of challenges in order to achieve greater autonomy and transparency.

En la tesis se estudian las normas de competencia judicial internacional aplicables por parte de los tribunales españoles en relación a los litigios relativos a la nulidad e infracción tanto de la patente nacional como de las patentes europea y comunitaria. En el primer capítulo se delimita el concepto de competencia judicial internacional y se determinan los intereses rectores de su regulación en el actual momento histórico. Se hace especial hincapié en el estudio del papel que corresponde a los conceptos de soberanía y territorialidad, habida cuenta que ambos han sido utilizados tradicionalmente por la doctrina y la jurisprudencia para rechazar la posibilidad de que las controversias sobre patentes de invención pudieran dirimirse ante jurisdicciones extranjeras.El estudio tiene como principal objeto el análisis del Derecho positivo actualmente en vigor en España (convenio de Bruselas de 1968, así como las normas establecidas al respecto en la Ley Orgánica del Poder Judicial) o con muchas posibilidades de entrar en vigor en un futuro más o menos próximo (Convenio de Lugano de 1988 y el Protocolo de litigios del Acuerdo de patentes comunitarias de 1989). Del estudio de dicha normativa se deduce en primer lugar la exclusión de los litigios relativos al procedimiento de oposición de tercero a la concesión de la patente europea y comunitaría, puesto que estas controversias se atribuyen a las Cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes, esto es, a instancias administrativas pertenecientes a una Organización internacional. En relación a la patente europea cabe destacar quedel artículo 16.4 del Convenio de Bruselas en relación con el art. V de su Protocolo anejo deriva la necesidad de interponer demandas de nulidad paralelas en cada uno de los Estados para los que se ha otorgado la patente, por lo que hemos considerado oportuno postular, "de lege ferenda", la apertura de un foro concurrente que por razones de proximidad debería radicar en la República Federal de Alemania, Estado sede de la Oficina europea de concesión. Plantea también dificultades la relación existente entre las disputas sobre la validez del derecho de exclusiva y aquellas controversias que tienen por objeto su infracción. La interposición de una excepción o reconvención de nulidad es, de hecho, la defensa natural del demandado por infracción de la patente. De ahí que en el ámbito internacional creen especiales dificultades los sistemas de separación vigentes en Estados como Holanda y Alemania, puesto que tales sistemas se basan precisamente en la atribución de competencia material exclusiva en relación a la validez del derecho a tribunales especiales, mientras que los litigios sobre la violación se dirimen ante los tribunales civiles por las concomitancias de la infracción con la responsabilidad civil extracontractual. Existen asimismo dificultades que derivan de la regulación que establece él Convenio de Bruselas respecto al control de oficio de la competencia judicial internaciohal de carácter exclusivo. A consecuencia del art. 19 del Convenio del 68 el tribunal que conoce de la controversia relativa a la usurpación de la patente debe declinar, de oficio, el conocimiento de la misma, en cuanto se interponga una reconvención de nulidad, puesto que ésta equivale a una demanda priñcipal respecto a una materia reservada de forma exclusiva al conocimiento de los tribunales del Estado de protección.En las disputas que se suscitan en torno a la violación de un derecho de exclusiva son de suma importancia las medidas cautelares de cesación. Al respecto hay que destacar que los artículos 24 del Convenio de Bruselas y Lugano así como la disposición correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilitan la solicitud de medidas cautelares ante jurisdicciones distintas a las competentes respecto al litigio sobre el fondo. El "forum praesentiae" debe, sin embargo, construirse de forma que únicamente quepa otorgar medidas cautelares de carácter territorial. Es decir, las medidas cautelares dictadas en virtud de los foros de este tipo se excluirían del régimen de reconocimiento y ejecución establecido por los convenios de Bruselas y Lugano y coexistirían con las medidas provisionales dictadas por los tribunales competentes respecto a las disputas sobre el fondo. Éstas últimas podrían tener carácter extraterritorial y participarían del régimen de libre circulación de decisiones judiciales instaurado por el Convenio de Bruselas.El foro que reviste mayor utilidad en materia de infracción de patentes nacionales y europeas es el foro del domicilio del demandado. Sería, sin embargo, conveniente una interpretación de la norma de conflicto que con carácter unilateral establece el art. 10.4 del Título Preliminar del Código Civil e implícita según la mayor parte de la doctrina en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial que tuviera en cuenta la pérdida de independencia de los derechos de exclusiva en el ámbito comunitario como consecuencia del principio de agotamiento comunitario que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad como consecuencia de la libre circulación de mercancías.En virtud de tal dato es posible acuñar un concepto de "acto de infracción" propio del ámbito conflictual que tenga como eje la localización de la infracción en el mercado nacional en el que se introducen en el comercio los productos protegidos por la patente o directamente derivados del procedimiento protegido por la misma. De esta manera se conseguiría superar al menos en un número considerable de supuestos la fragmentación a la que inexorablemente conduce el principio de territorialidad propio del Derecho material de patentes.En relación a la patente comunitaria destaca la diferente función desempeñada por las normas de competencia judicial internacional establecidas por el Protocolo de litigios del Acuerdo de patentes comunitarias. Dichas normas se subordinan parcialmente a la regulación que el propio Acuerdo introduce respecto a la competencia material puesto que favorecen en todo caso la intervención de los así denominados "tribunales de patentes comunitarias", que no son más que órganos judiciales nacionales designados por los Estados parte en el Acuerdo.Mediante la regulación de la competencia judicial internacional de tales tribunales se trata asimismo de conseguir reducir al máximo el "forum shopping" a través de la reducción de las competencias concurrentes puesto que es la existencia de las mismas lo que posibilita que el actor tenga varias posibilidades de cara a la interposición de la demanda y es lógico que la elección que realice favorezca su interés en detrimento del demandado.El trabajo estudia asimismo las aparentes contradicciones existentes entre el Convenio de Lugano y el acuerdo de patentes comunitarias. Se llega a la conclusión de que desde el punto de vista jurídico se trata de una situación prevista por los redactores del Convenio de Lugano, lo que por ello no produce especiales dificultades de tipo jurídico. Sin embargo, el Acuerdo de patentes comunitarias pone en tela de juicio la propia viabilidad del Convenio de Lugano que puede verse derogado a través de los actos de las instituciones comunitarias que establezcan normas de competencia judicial internacional especiales y derogatorias de las disposiciones del Convenio de Lugano. / The dissertation deals with jurisdiction in patent validity and infringement disputes concerning national patent rights as well as the European patent and the future Community patent. After defining the concept and role of jurisdiction the study analyzes the rules applied by Spanish judges, that is the rules laid down by the 1968 Brussels Convention, the 1988 Lugano Convention and the Spanish "Ley Orgánica del Poder Judicial" as well as the regulation of the 1989 Agreement on the Community patent which is to enter into force in the near future.Patent validity disputes on the European and the Community patent are sometimes dealt with by administrative bodies of the European Patent Office, so that national judges do not interposes. Difficulties arise, nevertheless, about the European patent: in the first place because European patents are invalidated by each national jurisdiction separately and, secondly, because validity is often questioned in infringement disputes and judges with jurisdiction over infringement often lack jurisdiction over validity.Infringement disputes concerning parallel patent rights can be concentrated at the domicile forum of the alleged infringer. This causes, however, some difficulties as regards applicable laws, which could be overcome if the concept of infringement were interpreted in connection with the introduction into commerce of the patent object.Jurisdiction rules plays very different role as regards the Community patent. Due to the regional scope of the patent there is a need to ensure uniform interpretation as well as a desire to avoid as far as possible "forum shopping".

Les fundacions són figures jurídiques de dret privat que han existit al llarg de la història en tots el sistemes jurídics del món que es fonamenten amb la idea simple que una persona destina uns béns de la seva propietat per a unes activitats a favor de tercers que ell mateix determina i que el sobreviuran. En termes jurídics la idea es redueix al negoci jurídic pel qual es vincula un patrimoni a unes finalitats.Aquesta institució històrica ha adquirit una rellevància cabdal en els darrers cinquanta anys que ha estat propiciat, en gran mesura, pel canvi de concepción en els mecanismes d'execució del fi fundacional i de l'estructura de funcionament de la fundació, de manera que actualment no es limiten a la gestió del propi patrimonio (immobilitzat), sinó que s'han immergit en el terreny mercantil de producció de beneficis, si bé aquests, es reinverteixen obligatòriament a la finalitat fundacional. La seva creixent professionalització condueix a encabir-les en el grup d'organitzacions que posen en moviment grans sumes econòmiques en el mercat, que produeixen, presten serveis, obtenen beneficis i, a més, proporcionen llocs de treball. Aquestes característiques, juntament amb el fet que la majoria de les fundacions disposen com a objectiu "l'interès general", per tant benefici a la comunitat, ha captat l'atenció de les institucions públiques a tots els nivells, tant nacionals com supranacionals. Es palesa aquest creixent interès per una institució que havia estat relegada en l'oblit, en les incessants reformes legislatives que s'han succeit en la pràctica totalitat dels ordenaments jurídics europeus durant aquests darrers anys.La multiplicació de fundacions internacionals, englobades sota el paraigües del Tercer sector o de l'Economia social, amb la consideració d'Organitzacions No Governaments, han esdevingut habituals, de forma que actuen en ámbito internacional, ja sigui desplegant directament les seves activitats, sigui recaptant fons, o bé redistribuint-los.Aquesta situació, però, no ha estat acompanyada de normatives d'àmbit internacional o comunitari europeu que les prevegi, per això s'apliquen les normes estatals de Dret internacional privat, que en general tampoc preveuen normes particulars per a les fundacions fet que comporta l'aplicació per analogia de les normes generals sobre persones jurídiques i trusts.L'heterogeneïtat de la figura jurídica de la fundació en el panorama internacional, i en especial en l'europeu, justifica que es dediqui una primera part a situar a la fundació com a subjecte de tràfic internacional i el problemes de qualificació que sorgeixen.Estudiada la gènesi de la fundació en dret comparat, la segona part té per objecte analitzar les normes de Dret internacional privat sobre fundacions situant els problemes que sorgeixen en les actuacions transnacionals de les fundacions exposant l'etern debat de la nacionalitat d'aquestes i les connexions per determinar la llei aplicable al seu estatut personal. S'aborda la competència judicial internacional, la determinació de la lex fundationis, per això s'analitzen les respostes jurídiques contingudes en les normes de DIPr de diferents ordenaments europeus, i s'estudia la qüestió del reconeixement de les fundacions estrangeres, analitzant els diversos intents de regulació de convenisinternacionals que preveien el reconeixement mutu de la personalitat jurídica d'ens privats que actuen internacionalment. S'exposa, també, la situació i els problemes jurídics que sorgeixen en matèria de les fundacions en Dret interregional espanyol.La tercera i última part de la tesi contextualitza la figura jurídica de les fundacions en el mercat interior europeu, per això, es parteix de l'anàlisi de cada una de les llibertats comunitàries i com aquestes incideixen en les fundacions, així mateix, s'analitza la situació de les fundacions en el context de les polítiques econòmiques i socials de la Comunitat Europea i es realitza l'estudi permenoritzat d'un possible reglament europeu que institueixi un Estatut de Fundació Europea. / Foundations are increasingly working across borders. However, a number of civil and tax law barriers in EU are hampering foundations' current work. Furthermore, art. 48 of the European Community Treaty (ECT) exclude foundations of the right of establishment because they are no-profit legal persons. In the same way national tax laws discriminate foreign foundations or donors depending on their place of residence.