Se observa que las obras de electrificación rural ejecutadas por los Gobiernos Locales y Regionales actualmente operadas por ellos mismos, buscan desarrollar mecanismos para suplir la ausencia de un operador, debido a que las enormes inversiones necesarias para su despliegue y el reducido poder adquisitivo de las familias rurales, hacen estas inversiones no rentables económicamente para una empresa de distribución de energía eléctrica, por lo que no tienen incentivos para asumir nueva infraestructura. En el caso de la energía no convencional, como los paneles fotovoltaicos, la práctica llevó a establecer a modo de tarifa, un cobro arbitrario, a través de un monto fijo dividido entre los usuarios y si dicho monto no era suficiente, se creaban nuevos recargos. Dicho pago solo se orientaba a los costos de operación y mantenimiento del servicio, sin considerar el periodo de vida útil de las instalaciones, lo que lleva a que cuando eran necesarias las reposiciones, éstas no se adquirían por falta de recursos, evidenciado fracasos en la medida que no eran sostenibles en su funcionamiento, quedando los usuarios sin servicio y las instalaciones abandonas. Es en este sentido, que se requiere analizar medidas que hagan sostenibles las inversiones, tanto de gestión, como regulatorias. En cuanto a estas últimas se busca ver la posibilidad de que las herramientas regulatorias existentes puedan extenderse a la infraestructura que generan los Gobiernos Locales y Regionales, pues en tanto no constituyen “empresa”, no pueden ser sujetas de mecanismos regulatorios que contribuyen con la operatividad y continuidad del servicio. Ante la falta de acceso al servicio eléctrico por las familias rurales, muchos distritos, provincias y regiones han incrementado sus iniciativas de implementación de proyectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos en el marco de la inversión pública, pero sin contar con la transferencia de conocimiento de las experiencias vividas, lo cual, en tanto no se desarrollen nuevos mecanismos de gestión provocarán que muchas de estas experiencias locales recorran el mismo camino que el MINEM cuando comenzó a implementar los primeros sistemas. En este sentido, existe una serie de obstáculos institucionales, financiero-económicos, tecnológicos y a nivel de recursos humanos que impiden el desarrollo de un mercado de sistemas fotovoltaicos en el Perú. Es en este marco, que el presente trabajo tiene como objetivo proponer el diseño de una Empresa de Energía de sistemas fotovoltaicos, capaz de ser responsable de brindar el servicio eléctrico a un grupo disperso de consumidores rurales alejados de las redes eléctricas de las empresas de distribución convencionales. Para esto, se requiere introducir un diseño institucional para el desarrollo de empresas de energía rural para sistemas fotovoltaicos que asuman a su vez la responsabilidad de proveer el servicio a través de una tarifa regulada, haciendo de este modo sostenible el servicio. / Tesis

Se observa que las obras de electrificación rural ejecutadas por los Gobiernos Locales y Regionales actualmente operadas por ellos mismos, buscan desarrollar mecanismos para suplir la ausencia de un operador, debido a que las enormes inversiones necesarias para su despliegue y el reducido poder adquisitivo de las familias rurales, hacen estas inversiones no rentables económicamente para una empresa de distribución de energía eléctrica, por lo que no tienen incentivos para asumir nueva infraestructura. En el caso de la energía no convencional, como los paneles fotovoltaicos, la práctica llevó a establecer a modo de tarifa, un cobro arbitrario, a través de un monto fijo dividido entre los usuarios y si dicho monto no era suficiente, se creaban nuevos recargos. Dicho pago solo se orientaba a los costos de operación y mantenimiento del servicio, sin considerar el periodo de vida útil de las instalaciones, lo que lleva a que cuando eran necesarias las reposiciones, éstas no se adquirían por falta de recursos, evidenciado fracasos en la medida que no eran sostenibles en su funcionamiento, quedando los usuarios sin servicio y las instalaciones abandonas. Es en este sentido, que se requiere analizar medidas que hagan sostenibles las inversiones, tanto de gestión, como regulatorias. En cuanto a estas últimas se busca ver la posibilidad de que las herramientas regulatorias existentes puedan extenderse a la infraestructura que generan los Gobiernos Locales y Regionales, pues en tanto no constituyen “empresa”, no pueden ser sujetas de mecanismos regulatorios que contribuyen con la operatividad y continuidad del servicio. Ante la falta de acceso al servicio eléctrico por las familias rurales, muchos distritos, provincias y regiones han incrementado sus iniciativas de implementación de proyectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos en el marco de la inversión pública, pero sin contar con la transferencia de conocimiento de las experiencias vividas, lo cual, en tanto no se desarrollen nuevos mecanismos de gestión provocarán que muchas de estas experiencias locales recorran el mismo camino que el MINEM cuando comenzó a implementar los primeros sistemas. En este sentido, existe una serie de obstáculos institucionales, financiero-económicos, tecnológicos y a nivel de recursos humanos que impiden el desarrollo de un mercado de sistemas fotovoltaicos en el Perú. Es en este marco, que el presente trabajo tiene como objetivo proponer el diseño de una Empresa de Energía de sistemas fotovoltaicos, capaz de ser responsable de brindar el servicio eléctrico a un grupo disperso de consumidores rurales alejados de las redes eléctricas de las empresas de distribución convencionales. Para esto, se requiere introducir un diseño institucional para el desarrollo de empresas de energía rural para sistemas fotovoltaicos que asuman a su vez la responsabilidad de proveer el servicio a través de una tarifa regulada, haciendo de este modo sostenible el servicio. / Tesis