Tesis

La promulgación de la Ley N°30288, Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social, o popularmente llamada “Ley Pulpín”, resultó ser objeto de gran polémica dentro de la sociedad civil peruana. Por un lado, hubo quienes tildaron la ley como “esclavista” y la asociaron directamente a una presión de intereses por parte del sector empresarial. Por otro, hubo quienes señalaron a la tecnocracia peruana como la única responsable de su elaboración. En el presente trabajo se busca comprobar con rigurosidad la consistencia de ambas interpretaciones para hallar la verdadera naturaleza de esta ley. Es decir, intentamos descubrir hasta qué punto la elaboración de la Ley N° 30288 estuvo influenciada por grupos de poder económico o respondió a un consenso ideológico dentro de la tecnocracia peruana. En base a una metodología cualitativa, esta investigación reconstruye el proceso de elaboración y promulgación del Régimen Laboral Juvenil referido. Asimismo, incluye información relevante obtenida gracias a las conversaciones con los distintos actores vinculados – tanto directa como indirectamente - a dicho proceso. Al final, podemos comprobar que la Ley N° 30288 nace como fruto de las ideas de un reducido grupo de tecnócratas en el Ejecutivo. Es decir, la capacidad explicativa de la segunda hipótesis presenta una mayor solidez que la primera. Asimismo, resulta importante señalar que los hallazgos de la presente tesis se perfilan como un aporte más dentro del inacabado debate en torno a la naturaleza del Estado / Tesis

El presente artículo pretende analizar y reflexionar sobre los riesgos de salud a los que se encuentran expuestos los trabajadores de los archivos documentales y la importancia de reforzar el sistema en seguridad y salud en el trabajo en torno a este tema. Es preciso señalar que el área de archivo es la unidad orgánica de toda entidad que se encarga de administrar, custodiar y conservar los documentos con valor administrativo, legal, permanente e histórico, es decir, es aquella oficina que resguarda la memoria de toda institución. Así, pese a los intentos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, todavía no se ha llegado a cumplir con dicho objetivo en todos los ámbitos laborales, por ello la necesidad de reforzar dicho sistema con el fin de garantizar la protección de todos los trabajadores en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo. / Trabajo académico

La presente tesis surge de una incertidumbre que existe actualmente en nuestro país sobre un moderno método de negocio no regulado desde el punto de vista del derecho del trabajo, teniendo como objetivo la identificación de la naturaleza jurídica de la prestación personal de servicios mediante las plataformas virtuales Uber, referido al servicio de transporte urbano o taxi, y PedidosYa, sobre el servicio de reparto o delivery. Para ello, se inicia describiendo la economía digital en el marco de la cuarta revolución industrial, identificando el método de negocio on demand, para luego describir las tipologías subordinada y autónoma de la prestación personal de servicios en el sistema normativo peruano, haciendo un recuento de los tipos de trabajadores autónomos existentes en el derecho comparado, como son los económicamente dependientes, conocidos también como parasubordinados, postulando nuestra propia definición de esta última categoría. Asimismo, se cita la doctrina especializada sobre la materia y su descripción en el derecho comparado, reconociendo, por un lado, su regulación normativa en distintos países del globo y, por el otro, algunos criterios jurisprudenciales sobre la identificación de la categoría jurídica en que se situarían los trabajadores de plataformas virtuales. El Capítulo I culmina con la mención de los diecisiete proyectos normativos presentados ante el Congreso de la República con el fin de regular esta problemática en nuestro país. Luego, en el Capítulo II se realiza la caracterización de la prestación personal de servicios en los casos Uber y PedidosYa, detallando sus rasgos comunes y particularidades, sustentando la imperiosa necesidad de determinar su naturaleza jurídica, la que se define en el Capítulo III, aplicando el Test de Laboralidad, y se sustenta la razón por la que debería ser objeto de protección por el derecho social y los derechos fundamentales, esbozándose una propuesta legislativa sobre su regulación.

La denegación de los ajustes razonables a la personas con discapacidad es un motivo de discriminación de acuerdo a la normativa nacional e internacional, siendo los ajustes una herramienta necesaria para la inclusión y permanencia en el ámbito laboral de las personas con discapacidad en el Perú. Sin embargo, a pesar de comprenderse lo que es un ajuste razonable, los criterios, en especial el de “carga indebida”, para que se deniegue o acepte un ajuste razonable no son totalmente claros en el Perú. En el presente trabajo, el objetivo es saber si existe algún desarrollo sobre criterios para denegar los ajustes razonables. Se toma como punto de análisis los casos evaluados por el Tribunal de Servicio Civil, ente encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones individuales de funcionarios y servidores públicos. Para ello, se realiza la indagación de expedientes en segunda sala del Tribunal de Servicio Civil desde el año 2016 sobre casos de personas con discapacidad que han solicitado los ajustes razonables, encontrando que solo existe un caso respecto a la denegación de ajustes razonables, y que no existe ningún análisis sobre la carga indebida para el otorgamiento o denegación de los ajustes, y menos de algún otro criterio, bastando la acreditación de la discapacidad. En conclusión, La Ley General de las personas con discapacidad señala al igual que la Convención de personas con discapacidad, que la denegación de ajustes razonables solo es viable si suponen una carga económica excesiva o también llamada carga indebida, pero este criterio, no se encuentra claro normativamente, menos aún para un ente jurisdiccional en el ámbito laboral-público, como el Tribunal de Servicio civil

El presente artículo pretende analizar y reflexionar sobre los riesgos de salud a los que se encuentran expuestos los trabajadores de los archivos documentales y la importancia de reforzar el sistema en seguridad y salud en el trabajo en torno a este tema. Es preciso señalar que el área de archivo es la unidad orgánica de toda entidad que se encarga de administrar, custodiar y conservar los documentos con valor administrativo, legal, permanente e histórico, es decir, es aquella oficina que resguarda la memoria de toda institución. Así, pese a los intentos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, todavía no se ha llegado a cumplir con dicho objetivo en todos los ámbitos laborales, por ello la necesidad de reforzar dicho sistema con el fin de garantizar la protección de todos los trabajadores en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la sociedad peruana, las personas con algún tipo de incapacidad laboral entre los cuales podemos encontrar a las personas con discapacidad mas no se limita a las mismas, y debido a sus deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, a largo plazo, son víctimas de exclusión, discriminación e indiferencia por la mayor parte de la población peruana, lo cual impide que puedan desarrollarse en los ámbitos profesionales, sociales y familiares en aras de ejercer sus libertades y derechos básicos en igualdad de oportunidades que cualquier otra persona. Por otro lado, desde la visión del empleador, se deben cumplir con las expectativas generadas en base a las obligaciones previamente determinadas y aceptadas por las partes a través del contrato de trabajo, de modo tal que sea posible cumplir con la prestación de servicios a cambio del pago de una remuneración. No obstante, existe una zona gris en la cual los derechos de ambos individuos se contraponen siendo necesario su esclarecimiento cuando la incapacidad laboral aparece con posterioridad a la determinación de las obligaciones y expectativas generadas del contrato de trabajo. El presente trabajo de investigación versa sobre el despido del trabajador -basado en su capacidad- por deficiencia sobrevenida que impida el desarrollo de las funciones de trabajo contado como previos requisitos para su aplicación, con ajustes razonables, y reubicación del trabajador en otro puesto de trabajo que no implique riesgos para el trabajo y terceros. Dicho despido por capacidad se encuentra recogido en el inciso a) del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Este es un tema poco desarrollado e investigado en el Perú a pesar de encontrarse regulado en una de las normas laborales más conocidas de nuestro ordenamiento. La deficiencia sobrevenida es una causal de despido de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la cual sufrió modificaciones con la entrada en vigor de la nueva Ley general de la persona con discapacidad, Ley N°29973. Asimismo, en la práctica existe poca evidencia de su aplicación como causal de despido toda vez que es posible hallar deficiencias en su reglamentación, convirtiéndose en un tema de estudio altamente relevante, no obstante, olvidado. Su reglamentación y procedimiento de calificación es inadecuado – poco prácticorazón por la cual es pasible de ser impugnada por cualquier trabajador a pesar de contar notoriamente con una incapacidad inhabilitante para la labor por la cual ha sido contratado, lo cual no otorga seguridad jurídica al empleador, reduciendo el espectro del poder de dirección y derecho a la libertad de empresa. En aras de analizar esta figura jurídica se han utilizado las distintas fuentes del derecho en aras de establecer cuáles son los principios, doctrina, jurisprudencia, términos legales y sociales adecuados, estadísticas, culminando en la proposición de alternativas/propuesta para viabilizar su aplicación.

El interés del Derecho del Trabajo por cautelar la salud de los trabajadores, se manifiesta desde su origen –véase el Preámbulo de la Declaración de Filadelfia- por lo que se generan principios y mandatos que dan sustento a normas de carácter internacional, exigibles y aplicables en las legislaciones nacionales, además de leyes y reglamentos dentro del ordenamiento jurídico de cada país. En este contexto, el presente trabajo de investigación, plantea el estudio de la configuración del Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir del análisis de sus elementos y los principios jurídicos que emanan de los mismos, encontrando sus antecedentes tanto en la doctrina española, como en la normativa emitida por la Organización Internacional de Trabajo, además de la regulación regional sancionada por la Comunidad Andina. Acto seguido y teniendo en cuenta los datos de este análisis, la presente investigación se abocará a estudiar la configuración normativa en sede nacional, del Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo que se procede a un análisis desde el nivel constitucional más básico; esto se refiere al estudio de los derechos fundamentales de la persona, hasta determinados artículos específicos sobre el Derecho al Trabajo, a la Salud y a la Libertad de Empresa, incluyendo un análisis del bloque de constitucionalidad que servirá también para dar sustento y contenido al Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se complementa este análisis con el estudio a nivel legal y reglamentario respectivo. Finalmente, se estudia la Ley N°29783 (y su modificatoria por Ley N°30222) a partir de los elementos que configuran el Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo además el estudio de los principios jurídicos presentados en el Título Preliminar, hasta los artículos más relevantes de dicha norma, con la intención de encontrar en cada una de estas regulaciones, el reflejo de los conceptos hallados en los capítulos primero y segundo que lo anteceden.

La promulgación de la Ley N°30288, Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social, o popularmente llamada “Ley Pulpín”, resultó ser objeto de gran polémica dentro de la sociedad civil peruana. Por un lado, hubo quienes tildaron la ley como “esclavista” y la asociaron directamente a una presión de intereses por parte del sector empresarial. Por otro, hubo quienes señalaron a la tecnocracia peruana como la única responsable de su elaboración. En el presente trabajo se busca comprobar con rigurosidad la consistencia de ambas interpretaciones para hallar la verdadera naturaleza de esta ley. Es decir, intentamos descubrir hasta qué punto la elaboración de la Ley N° 30288 estuvo influenciada por grupos de poder económico o respondió a un consenso ideológico dentro de la tecnocracia peruana. En base a una metodología cualitativa, esta investigación reconstruye el proceso de elaboración y promulgación del Régimen Laboral Juvenil referido. Asimismo, incluye información relevante obtenida gracias a las conversaciones con los distintos actores vinculados – tanto directa como indirectamente - a dicho proceso. Al final, podemos comprobar que la Ley N° 30288 nace como fruto de las ideas de un reducido grupo de tecnócratas en el Ejecutivo. Es decir, la capacidad explicativa de la segunda hipótesis presenta una mayor solidez que la primera. Asimismo, resulta importante señalar que los hallazgos de la presente tesis se perfilan como un aporte más dentro del inacabado debate en torno a la naturaleza del Estado