El nacimiento del derecho disciplinario se produce claramente en la Baja Edad Media. Allí, la aparición de un aparato burocrático importante y la atribución a los funcionarios u oficiales de una esfera de competencia propia dejando de ser meros mandatarios reales provoca la aparición de una serie de instituciones que bajo el nombre de visita, juicio de residencia pesquisa o purga de Taula (Taula = mesa, lugar donde se desempeñaba el trabajo) persiguen un objetivo común (asegurar una administración leal, justa y eficaz) y recogen todos los rasgos primitivos de lo que hoy denominamos régimen disciplinario de las funcionarios públicos pues se tipifican usos ilícitos que pueden ser cometidos en el ejercicio del cargo y se prevén unos castigos a imponer, todo ello fruto de un procedimiento especial no judicializado.Esta interpretación, que sigue con matices la efectuada por el profesor Nieto y hasta hoy ha sido discutida por nadie, sitúa al derecho disciplinario como un derecho privado que pone en relación al Monarca con sus oficiales, claramente desgajado del derecho penal.Esta circunstancia, por otra parte común todas las instituciones que forman parte del universo que el derecho administrativo, nos sirve para constatar lo que en su origen fue el régimen disciplinario, pero poco más. Por tanto, en la actualidad hemos de partir del derecho positivo vigente para saber lo que es el derecho disciplinario de los funcionarios públicos.En concreto, el punto de partida de nuestro Estudio lo constituye el artículo 25.1 del Texto Constitucional, que como es sabido equipara delito, falta e infracción administrativa. Al respecto, la primera jurisprudencia del TC ya recordó que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del E. Por tanto, se reconoce una potestad sancionadora a la Administración por motivos de eficacia y de política legislativa, pero ésta no se distingue sustancialmente de la potestad punitiva ejercida por los Tribunales.Esa línea jurisprudencial es también la seguida por el TEDH entre otras en su sentencia OZTURK de 21 febrero 1984, en la que se declaraba la ilegalidad de una sanción de tráfico a un ciudadano turco en Alemania, castigo que había sido impuesto sin respetar el derecho a un intérprete.En ese marco nos debemos preguntar: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho disciplinario?En la actualidad, perviven dos grandes corrientes doctrinales que, amparándose en unas presuntas diferencias entre el derecho penal y el derecho disciplinario, concluyen justificando una aminoración de garantías a respetar en el seno de este último.Así, los defensores de la diferenciación cuantitativa, encabezados por el profesor CEREZO MIR consideran que al derecho disciplinario se le encomienda el conocimiento de las conductas más leves siendo las sanciones a imponer igualmente menores a las contempladas en el ámbito penal. Pues bien, de los Textos vigentes precisamente podemos deducir todo lo contrario. Citaré un único ejemplo para no hacer excesivamente plúmbea esta exposición. La sanción típica por excelencia en el derecho disciplinario es la separación del servicio, castigo de carácter perpetuo e irreversible y que no tiene parangón alguno con cualquiera de las penas previstas por el C.P. para los funcionarios públicos, todas ellas de duración temporal.Una segunda doctrina es la llamada teoría de la diferenciación cualitativa o en ocasiones dogma de las especiales relaciones de sujeción. La misma es seguida por casi toda la doctrina administrativa, aunque haciendo derivar diferentes consecuencias. Entre ellos destacaría a los profesores GARRIDO FALLA, GARCÍA DE ENTERRÍA, ENTRENA CUESTA, PARADA VÁZQUEZ o MONTORO PUERTO. En síntesis, sus partidarios consideran que el primero se aplica a la mejor organización del servicio público, mientras que el segundo considera la defensa del orden social general. Configurado de ese modo, el derecho disciplinario seria un derecho interno, doméstico, que únicamente trata de solventar las disputas que surgen en el seno de la Administración-Institución, por oposición a un derecho público, el penal, que defiende cualquier alteración de la convivencia social.De ahí, llegan a deducirse que los principios y garantías que deben ser respetados por uno y otros han de ser distintas.Considero que esa concepción debe ser matizada a la luz de varios argumentos que he recogido en la tesis de los cuales citaré algunos:a) En primer término la constatación que el artículo 25.1 CE no distingue entre distintos tipos de infracciones.b) El examen de los distintos ilícitos disciplinarios arroja el dato de la constante referencia a los conceptos "ciudadanos administrados" o "público" (por ejemplo se tipifica como ilícito la ligera incorrección con el público, la falta de consideración con los administrados, etc.) circunstancia que pone de relieve precisamente la preocupación social del derecho disciplinario y los contornos cada vez más difuminados que le separan del derecho penal.c) Asimismo, la cláusula del Estado Social de Derecho del art. 1.1 C.E. y la tarea constitucionalmente encomendada a la Administración (servir con objetividad los intereses generales) hace que no pueda mantenerse la concepción de la Administración como una caja cerrada aislada de la sociedad. Como dijo en un memorable aserto la doctrina, "los funcionarios no existen sólo porque trabajan para la Administración sino que existen porque trabajan para los ciudadanos a través de una organización (Administración); la Administración no es fin en si misma, sino medio hacia otro fin (servicio a los ciudadanos)". En conclusión, considero que pueden existir diferencias de tipo cualitativo en la concreta tipificación de algunos ilícitos, pero esa constatación no debe servir como excusa para aminorar o inaplicar el conjunto de garantías y principios cimentados en el derecho penal, aunque sí pueden ser adaptados, matizados o incluso modificados atendiendo a las peculiaridades propias del derecho disciplinario. A averiguar esas adaptaciones he dedicado el nudo gordiano de la Tesis.Así son analizados los principios de Reserva de Ley, tipicidad, irretroactividad, "non bis in idem", proporcionalidad, prescripción de faltas y sanciones, ejecutividad de las mismas y el procedimiento legalmente establecido a la luz del artículo 2.4. CE. / The first problem that I will analyze is the question of the juridical nature of the law. Until now, two doctrines have been used: the first, called "The theory of quantitative differentiation" should be put aside because, for example, the typical sanction "par excellence" in the disciplinary law is the dismissal; this punishment is perpetual and irreversible and is not comparable into other penalties (which have time limits) in the Penal Code tor the public officials.The second doctrine is called the "theory of the qualitative differentiation" or, sometimes, the "dogma of special subjection relation". This theory is followed by practically all of the representatives of administrative (government) theory though they reach different conclusions; between them I would quote GARRIDO FALLA, GARCIA de ENTERRIA, ENTRENA CUESTA, PARADA VAZQUEZ, MONTORO PUERTO. In summing up, supporters of this theory consider that disciplinary law and criminal law seek different ends, diverse objectives. The former looks to obtain well-organised public service and the latter, to defend the general public social order.So configured, disciplinary law wouId be an internal, domestic law that only has to resolve the arguments that appear within the public administration (government), as opposed to a public law which defends against any sort of alteration of the social coexistence.From this we can inter that the principIes and guarantees which have to be respected in both situations must be different.I consider that this conception has to be slightly shaded by the arguments I put forth in my thesis. To quote some of them:a) First, we should observe that art. 25.1 Spanish Constitution does not distinguish between those infractions.b) The analysis of different disciplinary illicities shows a permanent reference to the concepts of "administrated citizens" or "public". (For example, the following behaviours are typified as "faults": a slight discourtesy to the public, incivility with the administered citizen, etc.) And this makes obvious precisely the social occupation of disciplinary law and the less and less defined frontier between this and penal law. c) In this way, the clause "The Social State", art. 1.1. S.C., and the mission constitutionally entrusted to the public administration (to serve objectively the general interest) do not allow us to maintain the conception of the public administration as a closed box, isolated from society. To quote a memorable saying: "public officials don't exist only because they work for the citizen by means of an organisation (the public administration); the public administration is not an end in itself, but rather a means to another service (service to the citizen)".In conclusion, I consider that some qualitative differences can exist within the concrete typify of some illicities, but this argument must not be used to look for excuses to decrease or not ascribe all the guarantees and principles offered by penal law, eventhough they can be adapted and shaded or even modified regarding the special idiosycrasies of disciplinary law. I have dedicated the centre of my thesis to looking for theses adaptations. To that end, I have analysed the principles of legal reserve, typicality, absence of retroactivity, "non bis in idem", proportionality, prescription of faults and sanctions, the execution of them, and the legal process established by the art. 24 S.C.

L'objecte d'estudi d'aquest treball d'investigació són els alts càrrecs de l'Administració catalana. L'article 5.3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organi tzació, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, considera alts càrrecs els secretaris generals i els directors generals. És, doncs, un estudi sobre elits polítiques de l'Administració i, per tant, s'insereix dins l'àmbit de la ciència política. No s'estudien, en canvi, ni les elits governamentals (els consellers) ni les elits funcionarials (els alts funcionaris).A més, no s'han estudiat tota els alts càrrecs des del 1980 fins avui, sinó aquells que ho eren durant el primer trimestre del 1992, és a dir, al final de la tercera legislatura: un total de 81. És un estudi, doncs, sobre alts càrrecs en actiu, tot i que els que han estat objecte d'estudi signifiquen gairebé el 50% del total de persones que han estat secretaris generals o directors generals des del 1980 fins al 1994. Després de gairebé dotze anys de funcionament de I'Administració catalana, es pot parlar d'una Administració consolidada; amb maduresa política, econòmica i administrativa. Estudiar una administració consolidada permet arribar a conclusions més sòlides i permet comparar els resultats obtinguts amb els d'administracions d'altres comunitats autònomes o d'altres països amb més tradició administrativa.El mètode que s'utilitza en l'estudi és l'entrevista personal amb un qüestionari tancat. El qüestionari dissenyat té 86 preguntes, estructurades en quatre grans blocs, i la mitjana de duració de les entrevistes va ser d'una hora i mitja. Un primer bloc fa referència a la formació professional dels alts càrrecs a la definició que fan dels diversos càrrecs polítics de l'administració i a les "actituds administratives". Són preguntes que ens permeten respondre quin és el perfil professional dels alts càrrecs: d'on provenen professionalment, quin perfil professional consideren que tenen i quin consideren que haurien de tenir. El segon bloc és el que fa referència a la percepció que tenen els alts càrrecs sobre el funcionament de l'Administració i s'incideix en tres aspectes fonamentals: en el procés decisional, en els conflictes i en l'agenda política dels alts càrrecs. El tercer bloc, sobre dades sòcio-demogràfiques, és el més extens. En aquest bloc trobem dades d'identitat personal, dades sobre el nivell i el tipus de formació acadèmica i sobre el lloc on s'han fet aquests estudis, sobre els antecedents familiars i sobre actituds. En el darrer bloc hi ha qüestions sobre l'opinió, la formació i la filiació polítiques dels alts càrrecs.No oblidem que són elits polítiques i que, per tant, interessa saber quina és l'opinió deIs alts càrrecs sobre alguns aspectes del funcionament del sistema polític català. A més, en aquest últim bloc es fa molt d'èmfasi en la filiación política dels alts càrrecs i en el "grau de militància".Dels 81 alts càrrecs objecte d'estudi han estat entrevistats 77, és a dir, el 95%. Aquest percentatge fa que el resultat de l'anàlísi de les respostes sigui molt fiable, ja que no es treballa sobre una mostra sinó prácticamente sobre el cens.Pel que fa a les dades sòcio-demogràfiques, cal parlar, respecte al lloc de naixement, de catalanitat (a Catalunya) i de centralitat (a Barcelona), és a dir, d'un origen català i urbà de l'elit politica de l'administració catalana. L":eda.t mitjana se situa en els 47 anys, la majoria estan casats i la mitjana de fills és de 2'3. Pel que fa a la presència de la dona en llocs de responsabilitat política dins de l'Administració catalana, es pot dir que és molt baixa (no arriba ni al 10%). Finalment, la gran majoria dels alts càrrecs residiesen en els districtes més rics de la ciutat de Barcelona (a l'Eixample i, sobretot, a Sarrià-Sant Gervasi).La majoria dels alts càrrecs procedeixen de famílies catalanes, catalanistes, religioses, polititzades, republicanes i benestants. A més. l'Administració catalana està dirigida per una primera generació de persones professionalmentvinculades a l'Administració, ja que els alts càrrecs, a diferència de les elits administratives d'altres països, no provenen de famílies vinculades professionalment a l'Administració.Quant a les principals actituds dels alts càrrecs, la majoria diuen que pertanyen a la classe social mi tjana (tot i que n'hi ha un terç que consideren que pertanyen a la classe social mitjana alta), són catòlics practicants, se senten únicament catalans (i, per tant, gens espanyols) i, en l'eix esquerra-dreta, se situen en posicions de centre.Respecte a la formació acadèmica, cal destacar un nivell força elevat: prácticamente tots tenen estudis universitaris, gairebé una quarta part han estudiat dues carreres, més del 80% han fet altres estudis d'especialització i més d'una quarta part han fet estudis complementaris a l'estranger. Com passa en moltes altres administracions, hi ha predomini dels juristes i dels economistes. Tot i que la majoria han rebut la seva formació universitària a la Universitat de Barcelona i, més concretament, a la Facultat de Dret, l'aspecte que més distingeix els alts càrrecs des del punt de vista del lloc on han rebut la seva formació acadèmica, potser no el trobem tant en la seva formació universitària com en un nivell inferior: en el fet d'haver estudiat el batxillerat als jesuïtes o als escolapis. Són, doncs, "jesulapis".Pel que fa al perfil professional, l'Administració catalana està dirigida per generalistes que legitimen tècnicament el seu càrrec. A més, els secretaris generals tenen un perfil político-generalista i els directors generals un de tècnico-especialista. La meitat dels alts càrrecs abans d'entrar a l'.Administraciótreballaven en el sector privat i un de cada cinc ha tingut o té un càrrec públic electiu. Quant a la funcionarització dels alts càrrecs, es pot dir que la majoria no són funcionaris i que, tot i que la majoria han fet carrera dins de l'Administració, pràcticament tots han fet una carrera meteòrica.Els partits que governen Catalunya tenen un paper molt important com a font de proveiment d'alts càrrecs. De cada tres alts càrrecs, n'hi ha dos que estan afiliats (a Convergència o a Unió) i un que no ho està (que és "independent"). A més, pràcticament tots els que estan afiliats, primer van entrar al partit i després a l'Adminiótració, i la majoria van entrar al partit més de cinc anys abans d'entrar a l'Administració. És a dir, primer es fa carrera dins del partit i després s'entra a l'Administració. Però, a més de militants històrics, els alts càrrecs afiliats es poden considerar persones influents en els seus respectius partits, ja que una gran majoria han assistit a tots els congressos des que són militants i n'hi ha molts que han ocupat un càrrec en el partit. Hi ha, doncs, un transvasament clar de les elits del partit a les elits de l'Administració. Pel que fa als alts càrrecs que estan afiliats, quasi el 75% pertanyen a Convergència i poc més del 25%, a Unió Democràtica. Per tant, el grup més nombrós d'alts càrrecs és el dels convergents, seguit dels "independents" i, finalment, dels democratacristians.Allò que més defineix ideològicament als alts càrrecs és el nacionalisme. Així, la principal reivindicació política que fan és de més poder polític i ecònòmic per Catalunya, ja que la meitat consideren que els principals problemes de Catalunya són, precisament, el del finançament autonòmic i el d'una millor interpretació de la Constitució i de l'Estatut en benefici dels interessos de Catalunya. A més, pràcticament tots consideren que el Govern central influeix massa a Catalunya i assenyalen com un dels principals objectius el d'assolir una quota més alta d'autogovern. / The focus of this study are those who hold "high posts" in the Catalan Administration, that is to say, the posts of secretary general and director-general (Law 13/1989, of December 14th, concerning the organization, the procedure and the juridical regime of the Administration of the Generalitat de Catalunya). Secretaries general and director general are designated by the Executive Council, or by the Government, according to the advice or the minister. Therefore, we are speaking or posts or political confidence and of which the status of civil servant is not a requisite (so we can qualify them as political elites). I have studied all the high officials that finished the third Iegislation and began the fourth, that is to say, those that were high officials during the first quarter of 1992. At that time, there were a total of sixty-six directors-general and fifteen secretaries-general which constituted the field of study, that is to say, eigthy-one posts.For the study of the high officials or the Catalan Administration l had chosen one or the basic and most common instruments used everywhere in in-depth studies of the political elites: personal interviews based on a questionnaire. l designed a questionnaire with 66 questions gathered in some main blocks: educational training, professional training, political training, sociological data, family antecedents, main attitudes, relations between politics and administration, and their perception of the Administration's functioning and the functioning or the Catalan political system. From these eighty-one high officials, seventy-seven were interviewed: that is to say, 95%. This percentage, which l qualify as an absolute success, makes the analysis or the answers more reliable, since we are not working with a sample, but with almost all the census. The average time of interviews was approximately 90 minutes. By stand their answers l have been able to draw some conclusions about the high officials cursus honorum and about the main characteristics of the Catalan Administration.