El presente trabajo muestra cómo se viene desempeñando la participación ciudadana en los Consejos de Coordinación Regional; conformados estos por el gobernador regional, alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil. Como objetivo general se busca determinar que la naturaleza consultiva y de concertación de los acuerdos del Consejo de Coordinación Regional, referentes al Plan de Desarrollo Concertado, ha ocasionado una disminución en la participación de los ciudadanos a cargo de los representantes de la sociedad civil, lo que ha conllevado a que el ansiado desarrollo integral que propugna la LOGR, se vea también afectado a través de la falta de criterio y/o opinión de la sociedad civil. Asimismo, como objetivos específicos del presente trabajo, es estudiar la disminución de la participación de la sociedad civil y su representación en el Consejo de Coordinación Regional; estudiar el Plan de Desarrollo Concertado y su carácter no vinculante en la gestión del gobierno regional y fortalecer el derecho de participación ciudadana ante el Consejo de Coordinación Regional. Es importante mencionar, que los Consejos de Coordinación Regional conforman la estructura básica del Gobierno Regional, y como tal, su funcionamiento como el cumplimiento de sus fines debe de darse, así como debe de detectarse sus debilidades y promover su fortalecimiento.

El desarrollo territorial sigue siendo una de las promesas incumplidas en el Perú. Ha sido, hasta ahora, una promesa asumida sin convicción por los descentralizadores que, embozados, se resisten a pensar de manera auténtica en otro país, posible, necesario y que merecemos. La presente tesis trata de dicha promesa. Acotada al Distrito de Villa el Salvador pero que refleja el estadio político, cultural y de la gerencia pública que caracteriza a la promoción del desarrollo territorial en los ámbitos locales y regionales del país. Se ha realizado la investigación basada en la metodología del Análisis Institucional que es, para el caso, la que mejor se adapta para conocer a profundidad aspectos vinculados a los procesos de implementación de políticas públicas en general y de planes de desarrollo en particular. La investigación ha permitido revelar con argumento, los límites y omisiones que tiene la Municipalidad de Villa el Salvador y entidades públicas locales en la planificación del desarrollo territorial y en especial, su implementación sistemática, organizada y previsible, que se requiere para concretar el valor público que los ciudadanos esperan de dichas instituciones. Limitaciones que para el caso, las referimos a las capacidades institucionales que se ha demostrado no tener para implementar el PIDC luego de su formulación formal en el año 2006 y actualizada recientemente: el desconocimiento y limitada valoración de este proceso, el desconocimiento de estrategias y criterios para diseñar modelos básicos que sirvan a la implementación, la insuficiente capacidad para concertar compromisos, la gestión desarticulada de los entes públicos y en general el abandono de la implementación del plan de desarrollo concertado que ha dado lugar a su inefectividad y bajo desempeño de la municipalidad y entidades públicas en términos de resultados favorables a la ciudadanía

El presente trabajo académico pretende analizar el régimen de las áreas de conservación municipal desarrollado en el año 2001, conforme al Decreto Supremo N° 038-2001-AG, y vigente hasta el año 2007, en atención a su derogación por el Decreto Supremo N° 015- 2007-AG. Durante estos años existió controversia sobre las facultades de los gobiernos locales para crear las áreas de conservación municipal en vista que la Ley N° 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas, no regulaba las áreas de conservación municipal, y la Ley Orgánica de Municipalidades, tanto la Ley N° 23853 como la Ley N° 27972, tampoco establecían competencias en favor de los gobiernos locales para establecer áreas de conservación municipal. El análisis a efectuar tiene como base la creación de dos áreas de conservación municipal en el departamento de Cajamarca denominadas “Las Lagunas” y “Pozo Seco” conforme a la Ordenanza Municipal N° 001-2007-MPSP . Estas áreas de conservación municipal motivaron la interposición de una demanda de amparo por Minera Yanacocha contra la Municipalidad Provincial de San Pablo dado que existía una superposición entre los derechos de la minera, previamente adquiridos, y el área establecida, por lo que se limitaban los derechos de Minera Yanacocha. Más aún, se precisa que la Municipalidad Provincial de San Pablo, en su calidad de gobierno local, no tenía facultades para crear áreas de conservación municipal de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, la Ley N° 27972. A partir de ello surge la necesidad de analizar si el régimen de creación de las áreas de conservación municipal era legal y admisible dentro del ordenamiento jurídico peruano vigente y, en atención al estado actual de estas áreas, determinar una medida idónea de protección de áreas a nivel local.

El presente trabajo versa sobre el caso entre 1117 ciudadanos contra la Municipalidad Distrital de La Molina, respecto a la emisión de la Ordenanza N° 173-MDLM, emitida por ésta última, la misma que reguló el uso comercial de la vía pública dentro de la jurisdicción del distrito de La Molina. En ese sentido, este trabajo intenta desarrollar conceptualmente el poder de regulación y autogestión de una municipalidad, analizando el hecho de que dicha regulación puede afectar a un grupo de personas que alegan ver afectados sus derechos fundamentales; por ello, demostraremos que en el presente caso, se ha vulnerado de cierta manera los derechos fundamentales de los demandantes, sin dejar de tener en consideración que no toda regulación estatal es mala ni inconstitucional, siempre y cuando ésta se encuentre basada en lograr alcanzar un fin constitucionalmente lícito y no afecte en más de lo necesario los derechos de otras personas. El método utilizado para desarrollar la postura del presente informe, es desarrollar la doctrina constitucional de forma progresiva, desde los inicios de la regulación de derechos “esenciales” hasta el método interpretativo constitucional llamado “Test de Proporcionalidad”, analizando el caso en virtud de lo desarrollado. Finalmente, este trabajo llega a la conclusión que la regulación municipal no se encuentra conforme a ley, pues atenta contra los derechos de las personas involucradas en dicha regulación, siendo que, si bien se pretendió alcanzar un fin constitucionalmente válido, esto no se llegó a lograr de forma válida.