Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Santiago es una de las pocas ciudades capitales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no tienen una administración metropolitana, de hecho de los 34 países de dicha organización todos cuentan con alguna modalidad de gobierno de ciudad, excepto tres, Israel, Corea del Sur y Chile. Coincidentemente, Chile es el país más desigual de dicho grupo. Santiago (así como todas las ciudades en Chile) no tiene una institucionalidad, gobierno o figura legal que le permita ser administrada como ciudad. Se encuentra en un espacio de ambigüedad administrativa entre una Intendencia Regional centralista que le queda grande, y un conjunto de 37 municipalidades con presupuestos proporcionales al nivel socioeconómico de sus habitantes. El presupuesto desigual de los distintos municipios determina la calidad y cantidad de la producción de bienes públicos en cada comuna y en consecuencia impacta directamente en la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en ellas, de esta forma se perpetúan y agudizan las desigualdades ya existentes a través de largos procesos de segregación socioespacial. Según lo muestra la experiencia de países desarrollados, la implementación de sistemas de gobierno metropolitanos e intercomunales, que cumplan con tres aspectos: autonomía respecto de la estructura del estado nacional, un presupuesto único a través impuestos de ciudad y democracia metropolitana a través de sufragio universal directo, se plantea como un camino imprescindible (complementario a las políticas nacionales) para reducir la desigualdad, promover el crecimiento en las regiones y alcanzar el desarrollo simultáneo en las ciudades de Chile. El presente estudio de caso busca identificar las consecuencias negativas de la ausencia de gobierno metropolitano en Santiago, especialmente en relación a la equidad de la calidad de vida, así como las consecuencias positivas del adecuado gobierno de las ciudades, y al mismo tiempo resaltar el valor de las ciudades como motores para alcanzar el desarrollo identificando los factores más relevantes de los gobiernos urbanos en los países desarrollados. Además se proponen los requisitos mínimos para una estructura de Gobierno Metropolitano de Santiago que tienda a disminuir la desigualdad en la calidad de vida de los ciudadanos, que promueva la democracia y que sea viable con la estructura legal chilena.