El ingreso de productos de contrabando por la frontera del departamento de Puno es un desafío al Estado peruano trascendente y continuo en el tiempo. Desde al menos el año 2004, el contrabando que proviene del departamento de Puno representa entre el 40% y 45% del total de contrabando que ingresa al territorio peruano (SUNAT, 2021, 2022). Existe un statu quo subyacente a dicha continuidad temporal. Por un lado, los ciudadanos departamentales participan de forma generalizada en el proceso de contrabando, como consumidores o comerciantes. Por otro lado, el Estado peruano destina recursos y realiza esfuerzos por aplicar la ley, con resultados limitados en el día a día, pero significativos en ocasiones puntuales. Es decir, se trata de un statu quo en el que, si bien la transgresión de la ley predomina en el departamento de Puno, la aplicación de la ley resulta posible, y, por tanto, el Estado de derecho no es completamente irrelevante. ¿Qué factores hacen posible la estabilidad del statu quo anteriormente descrito? La presente investigación tiene como objetivo dar respuesta a esta pregunta. En una primera aproximación, desde el enforcement, se observa la importancia de la complementariedad entre la capacidad estatal y el rol de los actores sociales. Ante las limitaciones de capacidades estatales en el departamento de Puno, la acción de los actores sociales a favor y en contra de la aplicación de la ley cobra importancia. La intervención de los actores sociales en contra de la aplicación de la ley es cotidiana, mientras que la intervención de su contraparte es eventual. El resultado es el predominio del delito en el día a día, y el éxito ocasional en la aplicación de la ley. En una segunda aproximación, más allá del enforcement, se advierte la relevancia de la legitimidad del contrabando. Por un lado, el contrabando se considera una actividad económica legítima para los ciudadanos del departamento de Puno, dadas sus consecuencias redistributivas en un contexto de pobreza monetaria y desempleo. Por esta razón, la participación ciudadana en el proceso de contrabando es generalizada, y existen demandas de liberalización del comercio fronterizo. Por otro lado, el contrabando perjudica los ingresos aduaneros y las actividades industriales nacionales. En consecuencia, el Estado central y los gremios empresariales nacionales consideran ilegítima a esta actividad, y realizan esfuerzos por aplicar la ley. La disputa en torno a la legitimidad no solo se expresa en el enforcement, sino también en la arena política. Los políticos del departamento de Puno recogen las demandas de liberalización de comercio fronterizo, y presentan proyectos de Ley para crear una Zona Franca Comercial en Puno. Sin embargo, las instituciones técnicas del Estado central y los gremios empresariales nacionales se oponen con éxito a estas iniciativas en el Poder Legislativo, y, en consecuencia, el statu quo se preserva.