Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Nuestra actual Constitución se debate en la disputa de las dos facciones más importantes de la vida política nacional. Una proviene del autoritarismo que vivió nuestro país durante dieciséis años, y la otra es aquélla que pretende establecer en Chile un régimen democrático puro en relación al origen y estatuto de los representantes de los poderes estatales. Este fenómeno ha provocado que el texto constitucional, cada vez que es reformado, sea sometido a numerosas transacciones que no provienen sino de los modelos de democracia que ambas facciones defienden. Las relaciones que han tenido ambas fuerzas políticas se caracterizan por la prudencia de su actuar. El retorno de la democracia no ha significado el retorno al socialismo, ni la actual política de los ex funcionarios y aliados del gobierno militar parece un boicot contra la democracia en pro del regreso al autoritarismo militar. Sin embargo, la mentada transacción entre idearios políticos y visiones de país ha sometido a la Constitución a una tensión y una duda: ¿Hasta dónde es posible flexibilizar ciertas instituciones para dar lugar a la satisfacción de necesidades político institucionales? ¿Deben ser absolutamente todas las instituciones constitucionales coherentes con un concepto pétreo de democracia? ¿O el Constituyente puede aplicar criterios de política constitucional, así como el legislador puede aplicar política criminal o principios de oportunidad?. Con ello insinuamos otro tema, que es hasta qué punto vale adoptar una Constitución rígida o flexible en ciertas materias. La respuesta dependerá de si nos encontramos ante una contingencia política o una necesidad permanente de la nación, y la sensibilidad que para ellas ofrece el texto constitucional.