Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. / Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de 31 sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad. Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. El momento en el que un adolescente necesita más de sus derechos y tal vez más lejos los tiene, es cuando ingresa al sistema penal, pues su vulnerabilidad de sujeto en proceso de desarrollo se ve acentuada intensamente por la circunstancia en la que se encuentra. Lamentablemente, los derechos humanos del adolescente que infringe la ley son las más de las veces, difícilmente respetados y garantizados. Esta situación, cuestiona el mismo concepto de estado de derecho, pues no podemos afirmar la existencia de un estado de derecho cuando pese al reconocimiento lírico que hace la ley de los derechos humanos que le corresponden al adolescente como parte de la infancia, categoría jurídico social diferenciada; dicho reconocimiento legal, no se traduce en el respeto de sus garantías, ni capacidad jurídica en el día a día y más aún cuando el estado le pide cuentas frente a la comisión de un delito o falta. La presente tesis persigue el cuestionamiento de la vigencia de los derechos humanos específicos, desde el respeto del debido proceso, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, analizando el grado de cumplimiento o incumplimiento de sus derechos dada la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran por encontrarse sometidos al sistema penal. La hipótesis de trabajo que hemos manejado es que a pesar de que nuestro país se ha adscrito a un modelo garantista en la Justicia Penal Juvenil, basado en la doctrina de la Protección Integral; la práctica nos permite observar que el modelo teórico por el que la legislación ha optado dista mucho de la realidad. Cuatro interrogantes desarrollan la formulación anterior, y son objeto de verificación en la presente investigación: 1.- ¿Se respeta el debido proceso en la etapa policial, fiscal, juzgamiento y ejecución de las sanciones aplicadas a los adolescentes? 32 2.- La redacción de la legislación peruana en materia de adolescentes infractores posibilita una interpretación garantista del debido proceso. 3.- ¿Cómo incide la intervención de los operadores de derecho en el respecto, inobservancia del debido proceso? 4. ¿Cuáles son los niveles de participación del adolescente en el proceso y su incidencia en el respeto del debido proceso? En el primer capítulo de esta investigación desarrollamos, la forma como ha evolucionado la visión del adolescente en conflicto con la ley penal, desde la doctrina de la situación irregular y la forma como la doctrina de la protección integral, se complementa con las categorías del derecho penal de mínima intervención. En el segundo capítulo hacemos un análisis del proceso penal seguido al adolescente en conflicto con la ley penal, y el largo camino recorrido hacia la consagración del debido proceso como derecho humano específico, elemento dinámico de la protección de sus derechos, ensayando una línea a de interpretación trasversal desde la doctrina de la protección integral. En el tercer capítulo y siendo la finalidad de toda tesis la solución de un problema no solo teórico y sobre todo fáctico y teniendo en cuenta además que en el campo jurídico especializado, se han hecho pocos estudios sobre el debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes infractores sobre la base del análisis de expedientes judiciales abordamos el contenido del debido proceso y su funcionamiento dentro de la práctica judicial, y desde la perspectiva de los mismos adolescentes. En este sentido, hemos aplicado una ficha documental como instrumento de medición sobre una muestra 64 expedientes Judiciales en ejecución del año 2004, (32 de cada juzgado y 16 de cada secretaría) del distrito Judicial de Lima, para determinar, las principales causas de la inobservancia del debido proceso, la posible conexión de la misma con la ineficiente legislación procesal en la materia, a fin de describir la problemática y explorar alternativas de solución que posibiliten su respeto. Finalmente en el cuarto capítulo, señalamos los aspectos que deben ser tomados en cuenta teniendo como elemento central a la observancia del debido proceso, para la reconstrucción del modelo de intervención penal juvenil. Agradecemos la oportunidad que hemos tenido de enriquecer nuestro trabajo con el aporte valioso y espontáneo de los mismos adolescentes sometidos a la Justicia Penal Juvenil, mediante la aplicación de una encuesta y una reunión Focus Group. De este modo hemos identificado su nivel de comprensión y participación en el proceso judicial y recogido sus opiniones sobre el sistema penal juvenil. Asimismo, agradecemos la valiosa colaboración de los Jueces del Distrito Judicial de Lima, Dres. Elizabeth Minaya Huayaney Juez Titular del Tercer Juzgado de Familia Especializado en lo Penal y Dr. Carlos Suárez Chávez, Juez Titular del Quinto Juzgado de Familia Especializado en lo Penal, así como de los Especialistas Legales Doctores Carla Valera, Edita Huamán, Maria Izquierdo y Betsabeth Santiago por las facilidades brindadas en la ejecución de la investigación, así como al Director del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Profesor Garamendia y al Asesor del mismo, Miguel Ordóñez por facilitarnos la comunicación personal y espontánea con los adolescentes. Nuestro especial reconocimiento al Dr. Victor Cubas Villanueva, asesor de esta tesis, por su comprensión, sus valiosas sugerencias, por la confianza y el apoyo brindados en el desarrollo de esta investigación.

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La crisis del Sistema de Justicia es una situación que atañe a la sociedad toda, en tanto es factible que todas las personas sean partícipes de procesos judiciales dirigidos a dilucidar conflictos de intereses o solucionar controversias jurídicas, más aun cuando las propias decisiones del Gobierno y los actos del Parlamento se encuentran sujetos a control jurisdiccional. Sin duda son múltiples y complejas las causas de esta crisis institucional y los distintos actores sociales han formulado una variedad de propuestas y líneas de acción para afrontarla. Particularmente, estimamos que uno de los factores más importantes a tomarse en cuenta es el relacionado a los recursos humanos del Poder Judicial, y en específico, a los jueces, los que como directores del proceso, expresan las decisiones a través de las cuales se resuelven los conflictos económicos y jurídicos sometidos a su jurisdicción. Es por ello, que la selección de Magistrados del Poder Judicial constituye una materia de fundamental importancia en todo planteamiento o esbozo de líneas de acción de reforma judicial. En atención a nuestra condición de Juez y la cercanía a la realidad judicial como producto de nuestro ejericicio profesional, estimamos que pueden introducirse sustanciales mejoras al actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial. Por ello nos preguntamos inicialmente qué tipo de cambios en el actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial son necesarios introducir de tal manera que se incremente significativamente la eficiencia y eficacia del Sistema de Justicia Peruano. La propuesta que nos permite absolver afirmativamente esta interrogante, es que el sistema puede mejorarse significativamente en tanto se implemente un modelo de reclutamiento y selección de Magistrados basado en el enfoque de competencias laborales y en su congruencia con los objetivos y valores institucionales del Poder Judicial. / Tesis

La justicia especializada en niños y adolescentes, tiene su origen reciente, así pues en el caso del Perú, el Código de Menores de 1962, fue la primera norma que sistematizó de manera orgánica los casos de los menores que accedían a la administración de justicia, empero es de hacer presente que el Código Penal de 1924 contenía ya normas específicas aplicables a los menores de edad que infringían una norma penal (artículos 137° a 149° y 410° a 416°), así se establecía el tratamiento, las medidas y la jurisdicción a la que eran sometidos los menores infractores en base a los postulados de la Doctrina Irregular de menores. No obstante, cuando la Doctrina de la Situación Irregular comenzó a ser materia de cuestionamiento por la afectación de derechos fundamentales de los menores, surge la Doctrina de Protección Integral, que no tuvo un surgimiento espontáneo, sino que como señala Alessandro Baratta, es el resultado de un amplio movimiento social a favor de los derechos de los niños y de las reformas de los derechos de la infancia que se llevaron acabo en América La tina y Europa. 1 La doctrina de la Protección Integral se funda básicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que reconoce los derechos del niño, como una categoría específica dentro de los derechos humanos, a decir del profesor Miguel Cillero. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento de derechos humanos que concibe al niño, no como objeto de derechos, sino como sujeto de derecho, lo que desde ya fue un avance y permite que varios países de Latinoamérica se encuentren reformulando sus legislaciones.

En el escenario punitivo nacional el delito de lesiones contra la vida humana dependiente, era ajeno a nuestra legislación hasta antes de la dación de la Ley N° 27716 del año 2002 mediante el cual se incorporó a nuestro Código Penal de 1991 el artículo 124-A castigando las acciones dolosas que causen lesión en el concebido. Empero, la figura motivo de investigación merece mayor preocupación para así obtener una completa tutela penal del nasciturus frente a las lesiones que se le puedan causar. Así las cosas, la tarea se inicia con un estudio destinado a determinar los extremos mínimos (inicio de la vida) y máximos (nacimiento) de la vida humana albergada en el seno materno. En segundo lugar me ocupo de las lesiones en general, con lo que determinó que la noción clásica de lo que se entiende por delitos de lesiones no alcanza a las lesiones que se le pueden causar el ser en formación en sus primeros días de vida. La tercera parte esta dedicado a recorrer el pasado para hacernos de un hecho paradigmático ocurrido en la Alemania de finales de los años sesenta e inicios de los setenta, donde miles de niños recién nacidos se ven afectados por la ingesta -por parte de las madres- de píldoras «contergan» que le provocaron graves deformaciones en su aspecto físico. Ello provoco que el Derecho se pronuncie y lo hizo a través del Derecho penal alemán alentado por las opiniones de sus notables juristas quienes aportaron soluciones al caso, en un sistema penal sin delitos de lesiones contra el nasciturus. Luego, reservo el cuarto lugar, para hacer un recorrido por el Derecho comprado y así identificar las legislaciones que punen las conductas lesionales contra el ser en formación. Empiezo por España –hoy única legislación con tradición germánico-romana en Europa- que pune esta modalidad delictiva; luego, en América, tenemos a la República de El salvador, Costa Rica y Colombia. En el quinto espacio trabajo el bien jurídico-penal donde en primer lugar se desarrolla una breve teoría de dicha figura penal, para luego determinar el bien jurídico protegido en los delitos de lesiones contra el nasciturus. Finalmente, determino la correcta ubicación sistemática en el Código Penal en función del bien jurídico-penal.

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